Judicial
Delincuentes hacían amistad con empleados de sus víctimas y así lograron robar más de $150,000
Ocho miembros de una banda de asaltantes pagarán en prisión luego de ser condenados por el robo de unos $150,000 que lograron atracar en diferentes golpes; otros miembros de la estructura, sin embargo, no lograron ser condenados debido a que el testigo criteriado que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar con ellos fue asesinado mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Además de los condenados, la Fiscalía acusó a otros ocho supuestos ladrones, pero solo uno fue capturado y quedó en libertad tras el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia «A»; los demás ni siquiera fueron detenidos.
El sobreseído es Enrique M., quien se libró de la cárcel al no haber testigos que lo incriminaran.
Según se conoció durante el proceso, el informante de la Fiscalía, de clave “España”, fue asesinado aparentemente por los miembros de la banda que no fueron detenidos, lo que frenó su colaboración.
Antes de ser asesinado, “España” relató que la forma de operar de los asaltantes era acercarse a empleados de sus víctimas y ganarse su confianza; una vez logrado ese primer objetivo, eran los mismos empleados quienes daban pistas a los ladrones para concretar los robos que fueron de varios miles de dólares.
Los golpes
En 2009 los 16 sujetos se reúnen por primera vez para comenzar una carrera delincuencial que parecía de película, el objetivo era dar grandes golpes que les significaran dinero fácil, rápido y en cantidades considerables.
En diciembre de ese mismo año ya habían puesto la mirilla en una lujosa vivienda de una colonia de San Salvador; su cómplice sería una empleada del servicio doméstico que les dio la información sobre los bienes de la familia, las rutinas que tenían, los lugares donde guardaban sus pertenencias, entre otros aspectos.
Con esa información, los hampones eligieron el día para el atraco, lograron ingresar a la residencia y una vez adentro neutralizaron a los familiares, a quienes obligaron a abrir la caja fuerte. El botín, cerca de $100,000 en efectivo y varias joyas de gran valor.
Para abril siguiente planificaron un segundo asalto, esta vez en una casa de préstamos y remesadora en la que había presencia de un empleado del Banco Agrícola, quien trabajaba como colector o cajero, fue él quien se convirtió en cómplice y les dio detalles del número de empleados, la forma de operar en esa institución, la ubicación de la caja fuerte, entre otras.
El cómplice les explicó los días que había un mayor flujo de dinero y la hora en la que el equipo de vigilantes estaba más expuesto para poder realizar el asalto. Los sujetos lograron dar el golpe y llevarse unos $15,000.
En junio del mismo año, el objetivo de los asaltantes cambió un poco. Esa vez buscaban conseguir armas para fortalecer su estructura, por lo que decidieron asaltar una armería, aunque en este caso no contaron con informantes.
Los sujetos que en un primer momento se presentaron como clientes verificaron que en el negocio solo había un vigilante, lo que les permitió someterlo fácilmente para llevarse equipo armamentístico valorado en $40,000.
La operatividad de la estructura llegó hasta diciembre de 2010, cuando intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Sersaprosa en la cabecera departamental de Santa Ana.
Uno de los vigilantes de la empresa era el contacto en este golpe, él les proporcionó el itinerario del recorrido del carro de valores, pero en esa ocasión algo falló.
Captura y muerte de uno de los asaltantes
En los momentos en los que los delincuentes intentaban asaltar el camión, había en la zona otro equipo de agentes de la empresa realizando labores en un cajero automático; al saber del ataque a sus compañeros, salieron en su auxilio y evitaron el robo, pero además lograron herir y capturar en flagrancia a uno de los asaltantes.
Desde entonces, el sujeto se transformó en “España”, el testigo clave que ayudaría a capturar a sus compinches a cambio de una reducción de su pena. El hombre colaboró con los fiscales y eso devino en la captura de ocho asaltantes de la banda.
No obstante, los imputados identificaron a “España” y los delincuentes que quedaban libres lo borraron del camino. El fiscal a cargo del caso explicó que hace un año y medio “España” fue asesinado en un confuso hecho que es investigado por la FGR.
La muerte del criteriado evitó seguir ahondando en la investigación, por lo que solo la mitad de la banda fue condenada. Otras ocho personas implicadas en el caso serán sobreseídas por falta de pruebas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
