Judicial
Delincuentes hacían amistad con empleados de sus víctimas y así lograron robar más de $150,000
Ocho miembros de una banda de asaltantes pagarán en prisión luego de ser condenados por el robo de unos $150,000 que lograron atracar en diferentes golpes; otros miembros de la estructura, sin embargo, no lograron ser condenados debido a que el testigo criteriado que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar con ellos fue asesinado mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Además de los condenados, la Fiscalía acusó a otros ocho supuestos ladrones, pero solo uno fue capturado y quedó en libertad tras el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia «A»; los demás ni siquiera fueron detenidos.
El sobreseído es Enrique M., quien se libró de la cárcel al no haber testigos que lo incriminaran.
Según se conoció durante el proceso, el informante de la Fiscalía, de clave “España”, fue asesinado aparentemente por los miembros de la banda que no fueron detenidos, lo que frenó su colaboración.
Antes de ser asesinado, “España” relató que la forma de operar de los asaltantes era acercarse a empleados de sus víctimas y ganarse su confianza; una vez logrado ese primer objetivo, eran los mismos empleados quienes daban pistas a los ladrones para concretar los robos que fueron de varios miles de dólares.
Los golpes
En 2009 los 16 sujetos se reúnen por primera vez para comenzar una carrera delincuencial que parecía de película, el objetivo era dar grandes golpes que les significaran dinero fácil, rápido y en cantidades considerables.
En diciembre de ese mismo año ya habían puesto la mirilla en una lujosa vivienda de una colonia de San Salvador; su cómplice sería una empleada del servicio doméstico que les dio la información sobre los bienes de la familia, las rutinas que tenían, los lugares donde guardaban sus pertenencias, entre otros aspectos.
Con esa información, los hampones eligieron el día para el atraco, lograron ingresar a la residencia y una vez adentro neutralizaron a los familiares, a quienes obligaron a abrir la caja fuerte. El botín, cerca de $100,000 en efectivo y varias joyas de gran valor.
Para abril siguiente planificaron un segundo asalto, esta vez en una casa de préstamos y remesadora en la que había presencia de un empleado del Banco Agrícola, quien trabajaba como colector o cajero, fue él quien se convirtió en cómplice y les dio detalles del número de empleados, la forma de operar en esa institución, la ubicación de la caja fuerte, entre otras.
El cómplice les explicó los días que había un mayor flujo de dinero y la hora en la que el equipo de vigilantes estaba más expuesto para poder realizar el asalto. Los sujetos lograron dar el golpe y llevarse unos $15,000.
En junio del mismo año, el objetivo de los asaltantes cambió un poco. Esa vez buscaban conseguir armas para fortalecer su estructura, por lo que decidieron asaltar una armería, aunque en este caso no contaron con informantes.
Los sujetos que en un primer momento se presentaron como clientes verificaron que en el negocio solo había un vigilante, lo que les permitió someterlo fácilmente para llevarse equipo armamentístico valorado en $40,000.
La operatividad de la estructura llegó hasta diciembre de 2010, cuando intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Sersaprosa en la cabecera departamental de Santa Ana.
Uno de los vigilantes de la empresa era el contacto en este golpe, él les proporcionó el itinerario del recorrido del carro de valores, pero en esa ocasión algo falló.
Captura y muerte de uno de los asaltantes
En los momentos en los que los delincuentes intentaban asaltar el camión, había en la zona otro equipo de agentes de la empresa realizando labores en un cajero automático; al saber del ataque a sus compañeros, salieron en su auxilio y evitaron el robo, pero además lograron herir y capturar en flagrancia a uno de los asaltantes.
Desde entonces, el sujeto se transformó en “España”, el testigo clave que ayudaría a capturar a sus compinches a cambio de una reducción de su pena. El hombre colaboró con los fiscales y eso devino en la captura de ocho asaltantes de la banda.
No obstante, los imputados identificaron a “España” y los delincuentes que quedaban libres lo borraron del camino. El fiscal a cargo del caso explicó que hace un año y medio “España” fue asesinado en un confuso hecho que es investigado por la FGR.
La muerte del criteriado evitó seguir ahondando en la investigación, por lo que solo la mitad de la banda fue condenada. Otras ocho personas implicadas en el caso serán sobreseídas por falta de pruebas.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
