Judicial
Delincuentes hacían amistad con empleados de sus víctimas y así lograron robar más de $150,000
Ocho miembros de una banda de asaltantes pagarán en prisión luego de ser condenados por el robo de unos $150,000 que lograron atracar en diferentes golpes; otros miembros de la estructura, sin embargo, no lograron ser condenados debido a que el testigo criteriado que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar con ellos fue asesinado mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Además de los condenados, la Fiscalía acusó a otros ocho supuestos ladrones, pero solo uno fue capturado y quedó en libertad tras el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia “A”; los demás ni siquiera fueron detenidos.
El sobreseído es Enrique M., quien se libró de la cárcel al no haber testigos que lo incriminaran.
Según se conoció durante el proceso, el informante de la Fiscalía, de clave “España”, fue asesinado aparentemente por los miembros de la banda que no fueron detenidos, lo que frenó su colaboración.
Antes de ser asesinado, “España” relató que la forma de operar de los asaltantes era acercarse a empleados de sus víctimas y ganarse su confianza; una vez logrado ese primer objetivo, eran los mismos empleados quienes daban pistas a los ladrones para concretar los robos que fueron de varios miles de dólares.
Los golpes
En 2009 los 16 sujetos se reúnen por primera vez para comenzar una carrera delincuencial que parecía de película, el objetivo era dar grandes golpes que les significaran dinero fácil, rápido y en cantidades considerables.
En diciembre de ese mismo año ya habían puesto la mirilla en una lujosa vivienda de una colonia de San Salvador; su cómplice sería una empleada del servicio doméstico que les dio la información sobre los bienes de la familia, las rutinas que tenían, los lugares donde guardaban sus pertenencias, entre otros aspectos.
Con esa información, los hampones eligieron el día para el atraco, lograron ingresar a la residencia y una vez adentro neutralizaron a los familiares, a quienes obligaron a abrir la caja fuerte. El botín, cerca de $100,000 en efectivo y varias joyas de gran valor.
Para abril siguiente planificaron un segundo asalto, esta vez en una casa de préstamos y remesadora en la que había presencia de un empleado del Banco Agrícola, quien trabajaba como colector o cajero, fue él quien se convirtió en cómplice y les dio detalles del número de empleados, la forma de operar en esa institución, la ubicación de la caja fuerte, entre otras.
El cómplice les explicó los días que había un mayor flujo de dinero y la hora en la que el equipo de vigilantes estaba más expuesto para poder realizar el asalto. Los sujetos lograron dar el golpe y llevarse unos $15,000.
En junio del mismo año, el objetivo de los asaltantes cambió un poco. Esa vez buscaban conseguir armas para fortalecer su estructura, por lo que decidieron asaltar una armería, aunque en este caso no contaron con informantes.
Los sujetos que en un primer momento se presentaron como clientes verificaron que en el negocio solo había un vigilante, lo que les permitió someterlo fácilmente para llevarse equipo armamentístico valorado en $40,000.
La operatividad de la estructura llegó hasta diciembre de 2010, cuando intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Sersaprosa en la cabecera departamental de Santa Ana.
Uno de los vigilantes de la empresa era el contacto en este golpe, él les proporcionó el itinerario del recorrido del carro de valores, pero en esa ocasión algo falló.
Captura y muerte de uno de los asaltantes
En los momentos en los que los delincuentes intentaban asaltar el camión, había en la zona otro equipo de agentes de la empresa realizando labores en un cajero automático; al saber del ataque a sus compañeros, salieron en su auxilio y evitaron el robo, pero además lograron herir y capturar en flagrancia a uno de los asaltantes.
Desde entonces, el sujeto se transformó en “España”, el testigo clave que ayudaría a capturar a sus compinches a cambio de una reducción de su pena. El hombre colaboró con los fiscales y eso devino en la captura de ocho asaltantes de la banda.
No obstante, los imputados identificaron a “España” y los delincuentes que quedaban libres lo borraron del camino. El fiscal a cargo del caso explicó que hace un año y medio “España” fue asesinado en un confuso hecho que es investigado por la FGR.
La muerte del criteriado evitó seguir ahondando en la investigación, por lo que solo la mitad de la banda fue condenada. Otras ocho personas implicadas en el caso serán sobreseídas por falta de pruebas.
En el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador se lleva a cabo la continuación del juicio contra 14 pandilleros de la MS, acusados de Lavado de Dinero y Activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, los pandilleros utilizaban el dinero que recogían de la extorsión en la compra de carros, instalar negocios u otras actividades para el lavado del dinero.
De acuerdo a la fiscal del caso, los delincuentes además se captaban fondos provenientes de contrabando, además de la venta y distribución de drogas.
Así mismo, los imputados utilizaban a prestanombres o testaferros para realizar esta actividad ilícita, indicó la representación del Ministerio Público.
De ser encontrados culpables, los pandilleros podrían recibir condenas que van de los 8 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal.
Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.
Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.
Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.
Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.
