Judicial
Delincuentes hacían amistad con empleados de sus víctimas y así lograron robar más de $150,000
Ocho miembros de una banda de asaltantes pagarán en prisión luego de ser condenados por el robo de unos $150,000 que lograron atracar en diferentes golpes; otros miembros de la estructura, sin embargo, no lograron ser condenados debido a que el testigo criteriado que ayudó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar con ellos fue asesinado mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Además de los condenados, la Fiscalía acusó a otros ocho supuestos ladrones, pero solo uno fue capturado y quedó en libertad tras el fallo del Juzgado Especializado de Sentencia «A»; los demás ni siquiera fueron detenidos.
El sobreseído es Enrique M., quien se libró de la cárcel al no haber testigos que lo incriminaran.
Según se conoció durante el proceso, el informante de la Fiscalía, de clave “España”, fue asesinado aparentemente por los miembros de la banda que no fueron detenidos, lo que frenó su colaboración.
Antes de ser asesinado, “España” relató que la forma de operar de los asaltantes era acercarse a empleados de sus víctimas y ganarse su confianza; una vez logrado ese primer objetivo, eran los mismos empleados quienes daban pistas a los ladrones para concretar los robos que fueron de varios miles de dólares.
Los golpes
En 2009 los 16 sujetos se reúnen por primera vez para comenzar una carrera delincuencial que parecía de película, el objetivo era dar grandes golpes que les significaran dinero fácil, rápido y en cantidades considerables.
En diciembre de ese mismo año ya habían puesto la mirilla en una lujosa vivienda de una colonia de San Salvador; su cómplice sería una empleada del servicio doméstico que les dio la información sobre los bienes de la familia, las rutinas que tenían, los lugares donde guardaban sus pertenencias, entre otros aspectos.
Con esa información, los hampones eligieron el día para el atraco, lograron ingresar a la residencia y una vez adentro neutralizaron a los familiares, a quienes obligaron a abrir la caja fuerte. El botín, cerca de $100,000 en efectivo y varias joyas de gran valor.
Para abril siguiente planificaron un segundo asalto, esta vez en una casa de préstamos y remesadora en la que había presencia de un empleado del Banco Agrícola, quien trabajaba como colector o cajero, fue él quien se convirtió en cómplice y les dio detalles del número de empleados, la forma de operar en esa institución, la ubicación de la caja fuerte, entre otras.
El cómplice les explicó los días que había un mayor flujo de dinero y la hora en la que el equipo de vigilantes estaba más expuesto para poder realizar el asalto. Los sujetos lograron dar el golpe y llevarse unos $15,000.
En junio del mismo año, el objetivo de los asaltantes cambió un poco. Esa vez buscaban conseguir armas para fortalecer su estructura, por lo que decidieron asaltar una armería, aunque en este caso no contaron con informantes.
Los sujetos que en un primer momento se presentaron como clientes verificaron que en el negocio solo había un vigilante, lo que les permitió someterlo fácilmente para llevarse equipo armamentístico valorado en $40,000.
La operatividad de la estructura llegó hasta diciembre de 2010, cuando intentaron asaltar un camión blindado de la empresa Sersaprosa en la cabecera departamental de Santa Ana.
Uno de los vigilantes de la empresa era el contacto en este golpe, él les proporcionó el itinerario del recorrido del carro de valores, pero en esa ocasión algo falló.
Captura y muerte de uno de los asaltantes
En los momentos en los que los delincuentes intentaban asaltar el camión, había en la zona otro equipo de agentes de la empresa realizando labores en un cajero automático; al saber del ataque a sus compañeros, salieron en su auxilio y evitaron el robo, pero además lograron herir y capturar en flagrancia a uno de los asaltantes.
Desde entonces, el sujeto se transformó en “España”, el testigo clave que ayudaría a capturar a sus compinches a cambio de una reducción de su pena. El hombre colaboró con los fiscales y eso devino en la captura de ocho asaltantes de la banda.
No obstante, los imputados identificaron a “España” y los delincuentes que quedaban libres lo borraron del camino. El fiscal a cargo del caso explicó que hace un año y medio “España” fue asesinado en un confuso hecho que es investigado por la FGR.
La muerte del criteriado evitó seguir ahondando en la investigación, por lo que solo la mitad de la banda fue condenada. Otras ocho personas implicadas en el caso serán sobreseídas por falta de pruebas.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
