Judicial
Hombre es condenado a 42 años de cárcel por abusar de su hija menor
María (nombre cambiado por protección), una menor que actualmente tiene nueve años, tuvo que comparecer en 2017 a través de la cámara Gesell. La niña debía relatar ante un juez los abusos sexuales que sufrió desde que tenía cinco años; el agresor no era cualquier persona, sino su padre.
Raúl Ernesto Orellana, el hombre de 42 años que engendró tres hijos con su esposa, estaba al otro lado del grueso cristal escuchando de la voz de su víctima los abusos a los que la expuso.
Orellana es mensajero de una empresa privada. En 2014 el sujeto comenzó con un comportamiento torcido respecto al que se espera de un padre, empezó a abusar de la menor de sus hijas dentro de la vivienda de la familia, en una colonia de Soyapango. El hombre aprovechaba la ausencia de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos.
Según el testimonio de la víctima, Orellana la tocó de forma indebida en varias ocasiones y en diferentes circunstancias durante los años 2014 y 2015; sin embargo, un año después los abusos fueron mayores y el hombre llegó al punto de violarla. Para entonces, María había cumplido siete años.
La madre de la víctima se dio cuenta de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando notó en la niña un comportamiento atípico para su edad y por unos comentarios que le hizo la empleada que para entonces cuidaba de los niños.
La mujer, al darse cuenta de lo ocurrido con la niña acudió a una sede de Ciudad Mujer y a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de su pareja.
De acuerdo a un peritaje hecho por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML), María sí presentó indicios de haber sido abusada sexualmente. Se determinó que fueron varias ocasiones en las que Orellana cometió el ilícito.
Los detalles del hecho fueron expuestos en la audiencia de vista pública ejecutada por la jueza del Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador, luego de que el hombre fuera acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación y agresión sexual agravada contra de una menor y de manera continuada.
Luego de escuchar los argumentos tanto de la representante fiscal como de los dos abogados defensores del sujeto y de los testigos de cargo y descargo, la jueza valoró las pruebas periciales e impuso una pena de 42 años y ocho meses de prisión contra el hombre.
Orellana continuará detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha permanecido recluido desde que comenzó el proceso judicial.
En el Tribunal Especializado de Sentencia “A” de San Salvador se lleva a cabo la continuación del juicio contra 14 pandilleros de la MS, acusados de Lavado de Dinero y Activos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación, los pandilleros utilizaban el dinero que recogían de la extorsión en la compra de carros, instalar negocios u otras actividades para el lavado del dinero.
De acuerdo a la fiscal del caso, los delincuentes además se captaban fondos provenientes de contrabando, además de la venta y distribución de drogas.
Así mismo, los imputados utilizaban a prestanombres o testaferros para realizar esta actividad ilícita, indicó la representación del Ministerio Público.
De ser encontrados culpables, los pandilleros podrían recibir condenas que van de los 8 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal.
Un total de 50 años de prisión deberá cumplir un miembro de estructura criminal luego de haber sido declarado culpable por el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y el intento de homicidio en otra persona. Los hechos sucedieron el año pasado en Ahuachapán.
Fiscales de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio lograron que se impusiera la pena máxima en contra de Francisco Terán Pérez, quien fue declarado culpable de homicidio agravado en perjuicio de Salvador Alexander Ramírez Martínez, agente de la PNC y el delito de homicidio agravado tentado, en contra de otra víctima.
El Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, a cargo de la vista pública, admitió toda la prueba expuesta en audiencia por la FGR y validó la investigación por lo que pronunció el fallo condenatorio.
Los hechos sucedieron el 28 de enero del año 2020 cuando las víctimas transitaban por la noche sobre la Carretera Panamericana que de Ahuachapán conduce hacia San Salvador en jurisdicción del cantón Izcanquillo, municipio de Atiquizaya.
Este lunes 18 de octubre, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador desarrolló la audiencia preliminar en contra del exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigfredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, es acusado de peculado (apropiación de fondos públicos).
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,040 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fuera diputado del partido ARENA en el período 201-2015.
