Judicial
Extorsionistas lograron burlar a la Policía cuatro veces antes de ser condenados a 12 años de prisión
Erika María Melara, de 21 años de edad, y Luis Andrés Guzmán, de 22 años de edad, son dos pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que lograron burlar a la Policía en cuatro ocasiones que quisieron capturarlos al momento de recoger la extorsión que le exigían a un comerciante de Panchimalco.
Los sujetos comenzaron a extorsionar a su víctima a inicios de septiembre de 2014, bajo la amenaza que si no pagaba el dinero la matarían.
El afectado -identificada como “1,685” por contar con la ley de protección a testigos y víctimas- fue visitado en su negocio por unos pandilleros, quienes le brindaron una llamada telefónica en alta voz en donde amenazaban a muerte a su familia y a él mismo. En ella también le determinaban el día de la entrega de $100.
Ante esto, “1,685” decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el 9 de septiembre organizaron un operativo de entrega de dinero controlada.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la víctima se presentó a una zona cerca al Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña” para entregar los $100 que los pandilleros le exigían como parte de la “renta”, y así podría continuar laborando en la zona de Panchimalco.
En ese momento, los agentes policiales lograron ver cuando Erika María Melara se acercaba a recoger el dinero. Tras recibirlo, la joven, quien contaba con unos meses de embarazo, abordó un microbús del transporte colectivo de la ruta 17, que hace su recorrido de Los Planes de Renderos hasta el centro de San Salvador, y logró huir con el dinero.
La segunda escapatoria de la procesada ocurrió al siguiente mes, 10 de octubre, “1,685” debía entregar otros $100 a los pandilleros, pero esta vez lo citaron en la 6° calle Poniente, frente a una sucursal bancaria ubicada en el centro de San Salvador.
“Hey, ‘maitro’ , ya sabe cómo es la onda. Ya va la ‘jaina’ a traer las bolas y no nos vaya a echar a la jura que sino armamos una balacera”, le dijeron al afectado.
Justo como lo indicó la voz masculina en la llamada amenazante, Melara volvió a aparecer para retirar el dinero. Hizo que la víctima lo contara para ver que los $100 iban totalmente. Al recibirlo caminó a toda prisa hacia el mercado Sagrado Corazón, sitio en donde se escondió entre la gente.
Nuevamente y por tercera vez, la víctima tuvo que desembolsar otros $100. Esta vez fue el día 11 de noviembre. Y es cuando entró en escena Luis Andrés Guzmán, quien fue el que llegó a cobrarlos en el mismo punto del centro de San Salvador. El hombre logró huir con el dinero.
La captura y la condena
Finalmente, se volvió a pactar una cuarta entrega. El siguiente mes los pandilleros exigieron otros $100 y fueron entregados el 10 de diciembre de 2014.
Los agentes policiales estuvieron pendientes de darles persecución, debido a que siempre habían ingresado a una colonia de Panchimalco conocida por alta peligrosidad.
Luego de las cuatro entregas, los dos sujetos fueron detenidos y procesados judicialmente por el delito de extorsión agravada continuada.
“Es cierto, sí extorsioné a un comerciante de Panchimalco. Confieso los hechos”, fueron las palabras que dijo frente a la jueza del Tribunal 6° de Sentencia, para cumplir con un procedimiento abreviado durante el desarrollo del juicio en su contra.
Al igual que ella, tuvo que aceptar también los cargos por los que eran culpados para poder recibir el beneficio de una pena más baja a cambio de admitir los hechos.
La infracción abarca una pena de hasta 20 años de prisión, pero debido al acuerdo previo por la confesión ambos recibieron una pena de 12 años de prisión y el pago de $200 por cada uno.
Esta condena se le suma a Melara que ya le había impuesto el Tribunal 1° de Sentencia por el mismo delito de extorsión agravada continuada contra otra víctima.
Por: El Salvador times.
Más de 200 asesinatos de mujeres salvadoreñas no quedaron impunes, pues en los últimos cuatro años la Fiscalía General de la República (FGR) se encargó de demostrar la culpabilidad de 209 criminales que recibieron amplias condenas por el delito de feminicidio en sus diferentes modalidades.
Según los registros de la institución, el total de feminicidas sentenciados corresponde al período comprendido del 1° de enero de 2021 al 31 de octubre de 2024, de los cuales, 97 fueron condenados este año, 39 recibieron penas carcelarias en 2023, mientras que al cierre de 2021 y 2022 fueron 48 y 25 criminales, respectivamente, a los que se les dictaminó condena de prisión.
En octubre pasado, Carlos Alejandro Salas Pérez, sentenciado a 50 años de cárcel, por asesinar a su expareja el 21 de noviembre de 2018 en San José Guayabal, jurisdicción de Cuscatlán Norte. Por este crimen también fue sentenciado, a 40 años, Francisco Alexander Preza Alas. El día del ataque, la víctima se disponía a efectuar algunas compras para la graduación de kínder de una de sus hijas.
En septiembre, Carlos Humberto Hernández recibió una pena de 69 años por quitarle la vida a su excompañera de vida y lesionar de gravedad a tres personas más que intentaron defenderla el 30 de julio de 2016. La víctima se disponía a visitar a su madre cuando fue interceptada.
Otro condenado en este año es Peter Wachowski, a quien le impusieron 30 años de prisión, por asesinar a su expareja, la exdiputada del partido FMLN, Yanci Urbina, el 29 de mayo de 2022, en la casa de habitación de la pareja.
PROCESADOS POR FEMINICIDIO
Este año varios criminales son procesados por la Fiscalía en los tribunales correspondientes, en uno de los casos se involucra a Luis Carlos Olmedo Medrano, señalado de intentar asesinar apuñaladas a su exnovia en la Universidad de El Salvador (UES) el 30 de octubre.
En pasado 15 de noviembre, la Fiscalía presentó en el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador la investigación final que contiene todas las pruebas en contra de Edwin Mauricio Alvarado Lazo, acusado de asesinar a una niña de siete años en el reparto La Campanera, Soyapango.
REDUCCIÓN DE ASESINATOS CONTRA MUJERES
El plan de seguridad gubernamental ha permitido una reducción significativa de los feminicidios hasta en 95.13 % con relación al total registrado en 2015 cuando bajo el segundo gobierno del FMLN, un toral de 575 mujeres fueron asesinadas. Los registros oficiales de la Fiscalía indican que en 2022 hubo 53 feminicidios, mientras que para el cierre de 2023 fueron 29. Ya para este año, hasta el 31 de octubre, han ocurrido 28, es decir, apenas el 4.86 % del total reportados en 2015.
Sujetos que estafaron a más de 24 víctimas con más de $33,000 continuarán en prisión por requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR). El escrito se presentó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador.
Los 19 imputados continuarán en prisión mientras mientras avanza el proceso en su contra por el delito de estafa agravada, según informó la FGR.
La investigación determina que los acusados estafaron a 24 víctima a quienes les ofrecían paquetes turísticos y de salud que iban desde los $300 hasta los $4,000, sin embargo, nunca pudieron hacer uso del servicio adquirido. Se estima que se defraudó con al menos $33,000.
Los sujetos conformaban la sociedad Dreams Production S.A de C.V y, por la compra de los paquetes, ofrecían a las víctimas derechos a descuentos en hoteles, restaurantes y aseguradoras.
La sociedad fue conformada a inicios de este año de por salvadoreños, colombianos y venezolanos y continuaron operando hasta que los imputados fueron detenidos por orden de la Fiscalía el 20 de noviembre de este año.
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ha declarado culpable al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión entre 2012 y 2015. Según el fallo, se comprobó un aumento injustificado en su patrimonio, que asciende a $71,736.62, cifra que incluye depósitos bancarios y pagos de tarjetas de crédito, así como discrepancias entre su disponibilidad financiera y sus gastos.
Como resultado de esta condena, el exfiscal deberá restituir la suma mencionada al Estado de El Salvador y queda inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un período de diez años. La decisión de la Cámara resalta la importancia de la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
