Judicial
Extorsionistas lograron burlar a la Policía cuatro veces antes de ser condenados a 12 años de prisión
Erika María Melara, de 21 años de edad, y Luis Andrés Guzmán, de 22 años de edad, son dos pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que lograron burlar a la Policía en cuatro ocasiones que quisieron capturarlos al momento de recoger la extorsión que le exigían a un comerciante de Panchimalco.
Los sujetos comenzaron a extorsionar a su víctima a inicios de septiembre de 2014, bajo la amenaza que si no pagaba el dinero la matarían.
El afectado -identificada como “1,685” por contar con la ley de protección a testigos y víctimas- fue visitado en su negocio por unos pandilleros, quienes le brindaron una llamada telefónica en alta voz en donde amenazaban a muerte a su familia y a él mismo. En ella también le determinaban el día de la entrega de $100.
Ante esto, “1,685” decidió interponer una denuncia en la Policía Nacional Civil (PNC), por lo que el 9 de septiembre organizaron un operativo de entrega de dinero controlada.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, la víctima se presentó a una zona cerca al Hospital Nacional de Neumología “Dr. José Antonio Saldaña” para entregar los $100 que los pandilleros le exigían como parte de la “renta”, y así podría continuar laborando en la zona de Panchimalco.
En ese momento, los agentes policiales lograron ver cuando Erika María Melara se acercaba a recoger el dinero. Tras recibirlo, la joven, quien contaba con unos meses de embarazo, abordó un microbús del transporte colectivo de la ruta 17, que hace su recorrido de Los Planes de Renderos hasta el centro de San Salvador, y logró huir con el dinero.
La segunda escapatoria de la procesada ocurrió al siguiente mes, 10 de octubre, “1,685” debía entregar otros $100 a los pandilleros, pero esta vez lo citaron en la 6° calle Poniente, frente a una sucursal bancaria ubicada en el centro de San Salvador.
“Hey, ‘maitro’ , ya sabe cómo es la onda. Ya va la ‘jaina’ a traer las bolas y no nos vaya a echar a la jura que sino armamos una balacera”, le dijeron al afectado.
Justo como lo indicó la voz masculina en la llamada amenazante, Melara volvió a aparecer para retirar el dinero. Hizo que la víctima lo contara para ver que los $100 iban totalmente. Al recibirlo caminó a toda prisa hacia el mercado Sagrado Corazón, sitio en donde se escondió entre la gente.
Nuevamente y por tercera vez, la víctima tuvo que desembolsar otros $100. Esta vez fue el día 11 de noviembre. Y es cuando entró en escena Luis Andrés Guzmán, quien fue el que llegó a cobrarlos en el mismo punto del centro de San Salvador. El hombre logró huir con el dinero.
La captura y la condena
Finalmente, se volvió a pactar una cuarta entrega. El siguiente mes los pandilleros exigieron otros $100 y fueron entregados el 10 de diciembre de 2014.
Los agentes policiales estuvieron pendientes de darles persecución, debido a que siempre habían ingresado a una colonia de Panchimalco conocida por alta peligrosidad.
Luego de las cuatro entregas, los dos sujetos fueron detenidos y procesados judicialmente por el delito de extorsión agravada continuada.
“Es cierto, sí extorsioné a un comerciante de Panchimalco. Confieso los hechos”, fueron las palabras que dijo frente a la jueza del Tribunal 6° de Sentencia, para cumplir con un procedimiento abreviado durante el desarrollo del juicio en su contra.
Al igual que ella, tuvo que aceptar también los cargos por los que eran culpados para poder recibir el beneficio de una pena más baja a cambio de admitir los hechos.
La infracción abarca una pena de hasta 20 años de prisión, pero debido al acuerdo previo por la confesión ambos recibieron una pena de 12 años de prisión y el pago de $200 por cada uno.
Esta condena se le suma a Melara que ya le había impuesto el Tribunal 1° de Sentencia por el mismo delito de extorsión agravada continuada contra otra víctima.
Por: El Salvador times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
