Judicial
Francisco Cáceres Zaldaña se habría entregado voluntariamente a la justicia salvadoreña para obtener beneficios penales
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales han confirmado este sábado 21 de septiembre, que el Juzgado Séptimo de Instrucción, decretó arresto domiciliar para el secretario privado de la Presidencial en la administración del expresidente Mauricio Funes, Francisco Cáceres Zaldaña, según una publicación de El Salvador.com
Cáceres Zaldaña era prófugo desde el 11 de junio 2018, luego el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador girara una orden de captura en su contra por ser parte de la red que ayudó al Funes Cartegana a desviar $351 millones de fondos públicos de Casa Presidencial.
Sin embargo, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele y la Fiscalía General de la República confirmaba anoche su detención por los delitos de peculado (apropiación de dinero público) y lavado de dinero que pesaban en su contra junto a 17 persona más en el caso denominado “Saqueo Público”.
Este sábado el inspector Fredman Castaneda, jefe de Comunicaciones de la PNC, explicó que el que fuera mano derecha de Mauricio Funes se presentó de manera voluntaria a los juzgados y fue detenido, “pero el juez, mediante coordinación con la Fiscalía, le dan el beneficio de arresto domiciliar”, indicó el inspector policial, según el cita medio.
Francisco Cáceres Zaldaña es señalado de lavar más de $1.5 millones y permanecerá detenido en su vivienda, en un municipio de La Libertad, bajo custodia policial, apuntó Castaneda.
Mientras que la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales informó que la orden de arresto domiciliar para el exfuncionario fue girada el viernes, alrededor de las 4:30 de la tarde. Pasadas las 7:00 de la noche, él fue trasladado de la sede judicial hacia su casa.
Fuentes judiciales manifestaron que una posibilidad es que Cáceres Zaldaña se haya presentado voluntariamente y fue detenido por la PNC, quien lo llevó ante el juez. La otra opción es que el imputado haya alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público para entregarse y así obtener beneficios penales.
La Fiscalía General ha manejado con hermetismo los detalles sobre la captura del exfuncionario. Este sábado, a través de la Oficina de Comunicaciones se conoció que no revelarán más información sobre el caso.
El viernes, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó en una conferencia de prensa la detención de exfuncionario y agregó que “(Cáceres Zaldaña) nos va a brindar mucha información, no solo para robustecer los casos (la investigación), sino probablemente para nuevos casos”.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
