Judicial
Francisco Cáceres Zaldaña se habría entregado voluntariamente a la justicia salvadoreña para obtener beneficios penales
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales han confirmado este sábado 21 de septiembre, que el Juzgado Séptimo de Instrucción, decretó arresto domiciliar para el secretario privado de la Presidencial en la administración del expresidente Mauricio Funes, Francisco Cáceres Zaldaña, según una publicación de El Salvador.com
Cáceres Zaldaña era prófugo desde el 11 de junio 2018, luego el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador girara una orden de captura en su contra por ser parte de la red que ayudó al Funes Cartegana a desviar $351 millones de fondos públicos de Casa Presidencial.
Sin embargo, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele y la Fiscalía General de la República confirmaba anoche su detención por los delitos de peculado (apropiación de dinero público) y lavado de dinero que pesaban en su contra junto a 17 persona más en el caso denominado “Saqueo Público”.
Este sábado el inspector Fredman Castaneda, jefe de Comunicaciones de la PNC, explicó que el que fuera mano derecha de Mauricio Funes se presentó de manera voluntaria a los juzgados y fue detenido, “pero el juez, mediante coordinación con la Fiscalía, le dan el beneficio de arresto domiciliar”, indicó el inspector policial, según el cita medio.
Francisco Cáceres Zaldaña es señalado de lavar más de $1.5 millones y permanecerá detenido en su vivienda, en un municipio de La Libertad, bajo custodia policial, apuntó Castaneda.
Mientras que la Oficina de Comunicaciones de los Tribunales informó que la orden de arresto domiciliar para el exfuncionario fue girada el viernes, alrededor de las 4:30 de la tarde. Pasadas las 7:00 de la noche, él fue trasladado de la sede judicial hacia su casa.
Fuentes judiciales manifestaron que una posibilidad es que Cáceres Zaldaña se haya presentado voluntariamente y fue detenido por la PNC, quien lo llevó ante el juez. La otra opción es que el imputado haya alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público para entregarse y así obtener beneficios penales.
La Fiscalía General ha manejado con hermetismo los detalles sobre la captura del exfuncionario. Este sábado, a través de la Oficina de Comunicaciones se conoció que no revelarán más información sobre el caso.
El viernes, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó en una conferencia de prensa la detención de exfuncionario y agregó que “(Cáceres Zaldaña) nos va a brindar mucha información, no solo para robustecer los casos (la investigación), sino probablemente para nuevos casos”.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
