Judicial
FOTOS: «Ranfla histórica» para la División Antiextorsiones de la PNC, detienen a 33 cabecillas, y logra 757 condenas
Ranflero “histórico», son 33 cabecillas nacionales o departamentales, de las dos pandillas más grandes del país, que la División Antiextorsiones capturó o intimó durante el año 2019, así lo informaron fuentes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Como División Antiextorsiones, el año 2019 ha sido exitoso con 1616 detenidos y 327 intimados”, explica uno de los oficiales de esta unidad, adscrita a la Subdirección de Investigaciones (SIN) de la Policía, al hacer una exposición de resultados en esta materia.
El oficial señala que entre las intimaciones —notificación de detención a un preso— llevadas a cabo por la división, en el período por concluir, destacan las de cabecillas de la denominada ranfla histórica, como Helmer Canales Rivera, un pandillero cuarentón conocido por los alias de Ladrón o Cruck, quien guarda prisión por secuestro en una cárcel de máxima seguridad.
Otro de los principales pandilleros sacado de las calles por los policías antiextorsiones es Moisés Alejandro Prado Majano alias Big Craz, yerno de Canales Rivera, y Víctor Alejandro Fuentes de 20 años de edad, quien al momento de su arresto portaba un brazalete electrónico.
También sobresale la detención en 2019 del prófugo por años de nombre Santos Elías Guardado Flores de 50 años, alias Chocolate de Hollywood, Viejo Chocolate o Chocla, en poder de miles de dólares producto de ilícitos.
Entre los logros sobresalientes de la División Antiextorsiones, además de las capturas, se halla la condena de 757 delincuentes por el delito de extorsión y otros como organizaciones terroristas y homicidio.
“Este dato es uno de los más importantes, hemos logrado condenar a 757 personas”, subraya el oficial.
En general, la división y los equipos antiextorsiones desplegados a nivel nacional atendieron en 2019 un total de 1808 denuncias, incautaron más de $30,000, decenas de vehículos, droga y armas de fuego, durante los procedimientos en flagrancia u operaciones de investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
