Judicial
FOTOS: Carros, ranchos y un millón de dólares le son incautados a sujetos vinculados a la pandilla MS
En $1,782,479.13 están valorados los bienes y dinero en efectivo que la Fiscalía General de la República (FGR) incauta a un grupo de sujetos que están siendo procesados judicialmente.
Se trata de una serie de vehículos y otras pertenencias ubicadas en diferentes partes del país, sobre todo en la zona de San Miguel y La Libertad, indican las autoridades.
Estos estarían a nombre de las 14 personas capturadas en la Operación Cuscatlán a mediados del mes de febrero del presente año.
Unidad Especializada Extinción de Dominio informa que hoy ha continuado materializando bienes, en este caso vehículos, de las personas que fueron capturadas en Operación Cuscatlán. Este jueves el personal fiscal se ha desplazado al Parqueo de Hacienda Santa Rita, La Libertad. 1 pic.twitter.com/jrWPWnKft0
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Entre los afectados, se encuentra un reconocido distribuidor de San Miguel y sus familiares, quienes colaboraban con las estructuras delincuenciales, según las acusaciones.
En el referido operativo, se ejecutaron ordenes de captura en seis departamentos, dejando 520 personas a la orden de la justicia y con lo que se logró “impactar nuevamente a las estructuras financieras de la “Mara Salvatrucha”, principalmente en el Oriente de la República”, detalla la FGR.
A estas personas, “por la vía judicial, se les quitará todos los bienes que obtuvieron de manera ilícita” agrega la fuente.
Personal fiscal ha materializado con medidas cautelares un total de 26 vehículos, valorados en $623,863.76. A esto se suma 41 inmuebles valorados en $762,314.80 que ayer se materializaron en diferentes partes del país y principalmente el Oriente. 2 pic.twitter.com/7eIuF8k5jA
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 13 de diciembre de 2018
Un informe fiscal señala que entre ayer y hoy se han materializado las medidas cautelares contra 41 inmuebles ubicados en San Miguel, Usulután, La Unión, Cuscatlán y San Salvador, los cuales han sido valorados en $762,314.80.
“Son 14 personas las afectadas en este proceso y contra quienes se ha presentado la correspondiente solicitud ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con el objetivo de que todos los bienes que poseían sean transferidos a favor del Estado”, explicó el fiscal del caso.
También se ha incluido el despojo de 26 vehículos cuyo valor está determinado en $623,863.76. Además, hay un monto de $324,723.43 los cuales fueron decomisados en efectivo y en cuentas bancarias; y también se ha fijado un total de $71,577.14 descubiertos en acciones de todo tipo.
De todos los bienes descritos anteriormente, la FGR ha obtenido el monto de $1,782,479.13.
Entres los procesados a quienes se les ha incautado bienes se encuentra el comerciante mayoritario de Buenaventura Gómez Hernández, alias “Tomatero” y 3 miembros de su familia, quienes mantenían estrecha colaboración con la MS de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
