Judicial
FOTO: Golpeó y acuchilló a su expareja porque había iniciado otra relación, su cómplice y él ya están detenidos
Un hombre con ayuda de su hermana golpeó y acuchilló a su expareja porque esta había iniciado una nueva relación. Ambos hermanos ahora están siendo procesados, pues han sido acusados de feminicidio agravado tentado.
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana declaró el día de ayer instrucción con detención contra Mario Orlando Rosales Gómez y Claudia Griselda Cerna Gómez, hermana de este, por el delito de Feminicidio Agravado Tentado, en perjuicio de su expareja, ocurrido en una colonia de Santa Ana a inicios de noviembre.
Según el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), entre víctima e imputado existió una relación de carácter marital en la cual procrearon un hijo. Sin embargo, esa relación era de separaciones inconstantes debido al maltrato físico y psicológico que el imputado ejercía sobre la víctima. Los vínculos de dicha relación terminaron definitivamente, por parte de la víctima, en julio de 2018.
El 5 de noviembre de 2018, Claudia Griselda invitó a la víctima y a sus hijos a comer al centro de la ciudad de Santa Ana, con el propósito de indagar si la afectada tenía intenciones de retomar la relación con su hermano, y si esta tenía una nueva relación sentimental.
En ese momento, la víctima le confesó, por la supuesta relación de confianza entre ambas, que ya no estaba dispuesta a continuar la relación con Mario Orlando, y que además, mantenía conversaciones en redes sociales con otro joven.
Posteriormente, el 6 de noviembre Claudia Gómez se comunicó con la víctima a través de una llamada telefónica preguntándole si tenía un medicamento para la tos, porque tenía enfermo a su hijo, ella le dijo que llegara por dicho medicamento en ese momento.
Pasaron unos minutos y al abrir la puerta, el imputado comenzó a agredirla física y verbalmente, expresándole que sabía que tenía a alguien más. Ella intentó pedir ayuda, pero la hermana del agresor simplemente se dedicó a observar el hecho.
Como pudo, salió al pasaje gritando pidiendo ayuda. Sin embargo, su expareja se fue tras ella y continuó agrediéndola. En ese momento, la única testigo era Claudia, quien le pidió a su hermano que huyera.
Desangrándose la atracada entró a su casa, cerró la puerta y llamó a una amiga para pedir ayuda. Cuando su amiga llegó, al revisarla, observó que tenía heridas de algún tipo de cuchillo o navaja. La víctima grabó un video y se tomó fotos pensando que podría morir y quería dejar evidencia, para que su madre supiera que Mario Orlando Rosales Gómez, era el responsable.
El caso ahora se encuentra judicializado y a la espera de que inicie el proceso de instrucción y se determine si se abre o no el juicio en este caso.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
