Judicial
FOTO: Golpeó y acuchilló a su expareja porque había iniciado otra relación, su cómplice y él ya están detenidos
Un hombre con ayuda de su hermana golpeó y acuchilló a su expareja porque esta había iniciado una nueva relación. Ambos hermanos ahora están siendo procesados, pues han sido acusados de feminicidio agravado tentado.
El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana declaró el día de ayer instrucción con detención contra Mario Orlando Rosales Gómez y Claudia Griselda Cerna Gómez, hermana de este, por el delito de Feminicidio Agravado Tentado, en perjuicio de su expareja, ocurrido en una colonia de Santa Ana a inicios de noviembre.
Según el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), entre víctima e imputado existió una relación de carácter marital en la cual procrearon un hijo. Sin embargo, esa relación era de separaciones inconstantes debido al maltrato físico y psicológico que el imputado ejercía sobre la víctima. Los vínculos de dicha relación terminaron definitivamente, por parte de la víctima, en julio de 2018.
El 5 de noviembre de 2018, Claudia Griselda invitó a la víctima y a sus hijos a comer al centro de la ciudad de Santa Ana, con el propósito de indagar si la afectada tenía intenciones de retomar la relación con su hermano, y si esta tenía una nueva relación sentimental.
En ese momento, la víctima le confesó, por la supuesta relación de confianza entre ambas, que ya no estaba dispuesta a continuar la relación con Mario Orlando, y que además, mantenía conversaciones en redes sociales con otro joven.
Posteriormente, el 6 de noviembre Claudia Gómez se comunicó con la víctima a través de una llamada telefónica preguntándole si tenía un medicamento para la tos, porque tenía enfermo a su hijo, ella le dijo que llegara por dicho medicamento en ese momento.
Pasaron unos minutos y al abrir la puerta, el imputado comenzó a agredirla física y verbalmente, expresándole que sabía que tenía a alguien más. Ella intentó pedir ayuda, pero la hermana del agresor simplemente se dedicó a observar el hecho.
Como pudo, salió al pasaje gritando pidiendo ayuda. Sin embargo, su expareja se fue tras ella y continuó agrediéndola. En ese momento, la única testigo era Claudia, quien le pidió a su hermano que huyera.
Desangrándose la atracada entró a su casa, cerró la puerta y llamó a una amiga para pedir ayuda. Cuando su amiga llegó, al revisarla, observó que tenía heridas de algún tipo de cuchillo o navaja. La víctima grabó un video y se tomó fotos pensando que podría morir y quería dejar evidencia, para que su madre supiera que Mario Orlando Rosales Gómez, era el responsable.
El caso ahora se encuentra judicializado y a la espera de que inicie el proceso de instrucción y se determine si se abre o no el juicio en este caso.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
