Judicial
FGR investiga a proceso tardío para realizar prueba de antidoping a agentes policiales capturados en aparente estado de ebriedad
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que hicieron efectivas las capturas de ocho policías que se encontraban armados y estado de ebriedad el pasado lunes.
Información de la FGR asegura que la investigación ha abarcado a los agentes captores por su presunta complicidad en dilatar el proceso de la prueba antidoping a los policías que fueron capturados la tarde del lunes en sector del lago de Coatepeque, Santa Ana.
Entre los que se encuentra también un subinspector y fueron capturados a eso de las 4:00 de la tarde, pero fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Ana a eso de las 11:00 de la noche; tiempo suficiente para que el nivel de alcohol en la sangre bajara.
De acuerdo con la Fiscalía, los agentes captores no procedieron a realizar la prueba antidoping, argumentando que los aparatos para realizar la prueba alcotest se encontraban arruinados.
No obstante, una fuente de la PNC aseguró que los agentes detenidos no quisieron someterse al examen toxicológico, el cual comprobaría si estaban bajo los efectos del alcohol.
Por su parte la FGR asegura que hasta el momento no han recibido los resultados de la prueba alcotest de los ocho policías detenidos, por lo que momentáneamente se desconoce si esto será requerido ante los tribunales.
Los efectivos policiales son el subinspector Juan Carlos Rivera y los agentes William Ernesto Rivera, Fredis Alexander Chavarría, César Estanley Osorio Pérez, Amílcar Antonio Alfaro, Manuel de Jesús Vásquez y Darwin Ernesto Damián Álvarez.
De acuerdo con la institución policial, los policías fueron capturados por estar en aparente estado de ebriedad mientras manejaban sus vehículos y portaban las armas que la corporación les había designado, pese de estar en sus días libres.
En cuanto al tema, el director de la Policia Nacional Civil, Howard Cotto, dijo en una entrevista televisiva este miércoles que espera que al final del proceso disciplinario, los ocho policías sean destituidos de la institución, sobretodo el subinspector
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
