Judicial
Docente del Liceo Cristiano Juan Bueno es acusado de abuso sexual contra una alumna de ocho años
El bajo rendimiento académico, la falta de interés para asistir al centro de estudios y una afectación emocional notoria fueron los indicativos que los padres de una alumna del Liceo Cristiano «Reverendo Juan Bueno» detectaron para descubrir el abuso sexual del que era víctima a manos de su profesor de música.
Las clases de música que Verónica (nombre cambiado por protección) recibía de Eduardo, de 31 años de edad, ya no eran atractivas para la niña de ocho años de edad, sin embargo, la menor no se atrevía a contarle lo sucedido a su madre.
Fue hasta la tarde del 25 de septiembre de 2017, que la víctima decidió contarle a detalle lo que estaba viviendo a su madre quien mientras conducía un vehículo no daba crédito al relato de su pequeña hija.
Según lo señalado por la madre, Verónica le comentó que el profesor de las clases de música había sido despedido del centro escolar, pero la noticia trascendió cuando escuchó el motivo: Eduardo agredió sexualmente a unas estudiantes.
La mujer le cuestionó a su hija si había sido una de las víctimas del hombre. El silencio de la niña llenó de temor a la progenitora quien insistió en sus cuestionamientos hasta que las lágrimas comenzaron a recorrer en el de la niña.
“Vos me vas a regañar”, fueron las temerosas y confundidas palabras que la niña emitió, para luego de que su madre le aclarara que no estaba molesta con ella relatara los hechos que la convirtieron en una de las víctimas del profesor.
La madre escuchó que cada vez que Verónica llevaba su cuaderno ante Eduardo, este aprovechaba para sentarla en sus piernas, pedirle besos y tocarle las partes íntimas, la posición del escritorio del imputado impedía que el resto de la clase obsevara su comportamiento.
Otras alumnas agredidas
Al escuchar que su propia hija le detalló lo que Eduardo hacía con ella, Carmen solicitó una audiencia con la coordinadora de Primaria y con el director de la institución. Ambos le manifestaron que despidieron al hombre, luego de que unos padres de familia interpusieran una queja: el hombre había tocado el rostro de su hija de una manera extraña y afectiva.
Ante esto, Carmen decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tras las primeras indagaciones el ministerio público lo culpó del delito de agresión sexual en menor o incapaz de manera continuada.
Por ello, la FGR giró una orden de captura para Eduardo, así que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo el pasado 4 de febrero de este 2018, a eso de la 1:00 de la tarde.
Fuentes que conocen el caso indicaron que se ordenó la apertura a juicio en contra del maestro de música por lo que el caso será desarrollado por uno de los Tribunal de Sentencia de San Salvador, mismo que determinará si Eduardo es o no culpable de los cargos que se le imputan.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
