Judicial
Docente del Liceo Cristiano Juan Bueno es acusado de abuso sexual contra una alumna de ocho años
El bajo rendimiento académico, la falta de interés para asistir al centro de estudios y una afectación emocional notoria fueron los indicativos que los padres de una alumna del Liceo Cristiano «Reverendo Juan Bueno» detectaron para descubrir el abuso sexual del que era víctima a manos de su profesor de música.
Las clases de música que Verónica (nombre cambiado por protección) recibía de Eduardo, de 31 años de edad, ya no eran atractivas para la niña de ocho años de edad, sin embargo, la menor no se atrevía a contarle lo sucedido a su madre.
Fue hasta la tarde del 25 de septiembre de 2017, que la víctima decidió contarle a detalle lo que estaba viviendo a su madre quien mientras conducía un vehículo no daba crédito al relato de su pequeña hija.
Según lo señalado por la madre, Verónica le comentó que el profesor de las clases de música había sido despedido del centro escolar, pero la noticia trascendió cuando escuchó el motivo: Eduardo agredió sexualmente a unas estudiantes.
La mujer le cuestionó a su hija si había sido una de las víctimas del hombre. El silencio de la niña llenó de temor a la progenitora quien insistió en sus cuestionamientos hasta que las lágrimas comenzaron a recorrer en el de la niña.
“Vos me vas a regañar”, fueron las temerosas y confundidas palabras que la niña emitió, para luego de que su madre le aclarara que no estaba molesta con ella relatara los hechos que la convirtieron en una de las víctimas del profesor.
La madre escuchó que cada vez que Verónica llevaba su cuaderno ante Eduardo, este aprovechaba para sentarla en sus piernas, pedirle besos y tocarle las partes íntimas, la posición del escritorio del imputado impedía que el resto de la clase obsevara su comportamiento.
Otras alumnas agredidas
Al escuchar que su propia hija le detalló lo que Eduardo hacía con ella, Carmen solicitó una audiencia con la coordinadora de Primaria y con el director de la institución. Ambos le manifestaron que despidieron al hombre, luego de que unos padres de familia interpusieran una queja: el hombre había tocado el rostro de su hija de una manera extraña y afectiva.
Ante esto, Carmen decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tras las primeras indagaciones el ministerio público lo culpó del delito de agresión sexual en menor o incapaz de manera continuada.
Por ello, la FGR giró una orden de captura para Eduardo, así que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvo el pasado 4 de febrero de este 2018, a eso de la 1:00 de la tarde.
Fuentes que conocen el caso indicaron que se ordenó la apertura a juicio en contra del maestro de música por lo que el caso será desarrollado por uno de los Tribunal de Sentencia de San Salvador, mismo que determinará si Eduardo es o no culpable de los cargos que se le imputan.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
