Judicial
FGR acusa a Norman Quijano por negociar con pandillas y pide que se le decrete detención
Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA, fue acusado ayer en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
La Fiscalía General de la República (FGR), acudió al tribunal superior para iniciarle el proceso penal luego que la Asamblea Legislativa le retirara la inmunidad de la que gozaba por ser diputado.
Los fiscales del Grupo contra la Impunidad que han hecho la investigación, solicitaron a la Cámara que someta a Quijano al proceso penal.
«Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento de los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica y que se señale fecha y hora para la audiencia inicial».
El ministerio público al momento de judicializar el caso pidió que al realizarse la audiencia inicial se le decrete la detención provisional al ahora diputado del Parlacen.
Luego de recibir el expediente los magistrados deberán citar al imputado para que acuda a esa sede judicial y ser notificado de los delitos que la Fiscalía le atribuye, si decide no comparecer puede enviar a algún abogado que lo represente.
De lo contrario la Cámara deberá pedir a la Procuraduría General de la República que le asigne un defensor público, es probable que la abogada que lo defendió en el antejuicio seguido en la Asamblea Legislativa comparezca por ya estar nombrada.
La audiencia inicial se puede realizar sin la presencia de Quijano, pero si llega la fecha de audiencia preliminar y no comparece, será declarado rebelde por los magistrados y se archivarán las actuaciones hasta que acuda, ya que el curso de la instrucción no se suspende.
Antecedentes
Norman Quijano fue mencionado junto a otros políticos de ARENA y del FMLN en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en la sentencia de esa causa penal contra de 425 pandilleros de la Mara Salvatrucha, el Juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, divulgó tres videos en los que se observa al excandidato a la presidencia por ARENA, Norman Quijano; al exministro de gobernación, Arístides Valencia, y al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, sosteniendo una reunión con jefes de pandillas.
Además, el expresidente de ARENA, Jorge Velado, ya fallecido, fue mencionado en ese juicio, el testigo criteriado «Noé» dijo que Velado estuvo en una reunión en la que participó el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien también ya murió.
Salazar, cuando emitió el fallo, dijo que la Fiscalía General de la República estaba obligada a investigar a los políticos señalados, agregó que se habían sentado a negociar con las pandillas, quienes son «gánster y mercenarios» y que «es inaudito cómo planificaron hechos delictivos».
En la acusación presentada por la Fiscalía, se le atribuye el fraude electoral porque supuestamente entregó casi $100,000 a miembros de pandillas con el fin de obtener beneficios electorales durante la campaña presidencial del año 2014, mientras que las agrupaciones ilícitas tienen que ver con las reuniones y el pacto que hizo con las pandillas.
El ministerio público señala a Quijano de dos delitos contemplados en el Código Penal y se ha ofrecido en el expediente los videos de las reuniones en las que se observa a Quijano negociando con miembros de las tres pandillas en la iglesia de una red de pastores.
Otros políticos procesados
El 24 de junio del año 2021, la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador la investigación final (dictamen de acusación) en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara; y los «mediadores» Paolo Lüers, Raúl Mijango y Wilson Alvarado, acusados también de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al igual que Quijano, Fiscalía los acusa de haber negociado con cabecillas de maras votos para las elecciones presidenciales del 2014 y los comicios legislativos y municipales del 2015.
En contra de Quijano y los demás políticos la Fiscalía ha presentado escuchas telefónicas, videos donde los políticos aparecen reunidos con los cabecillas de las pandillas y la declaración de los criteriados «Noé» y «Salomón». Los testigos han dicho que el FMLN pagó $433,000 para que votaran por Salvador Sánchez Cerén en el 2014 y que ARENA entregó $100,000, Muyshondt habría entregado $69,000.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
