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FGR abrió investigación por lavado de dinero en contra de Roberto Rubio

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un expediente por el delito de Lavado de Dinero y Activo en contra de Roberto Rubio, Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) en el 2017, que se encuentra activo pero podría ser archivado el próximo año según indica una publicación de Diario La Página.

Una información que fue investigada por la FGR y para eso ordenó una serie de diligencias a la Policía Nacional Civil (PNC) para robustecer los datos financieros que ya tenían.

También, la FGR investigó el árbol genealógico de Rubio así como a las empresas vinculadas al caso además realizó seguimientos para determinar con Quienes se reunía

La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía solicitó a la Policía Nacional Civil realizar varias diligencias de investigación en contra Rubio y su familia para robustecer información financiera que poseen, la cual apunta a un caso de lavado de dinero.

Según la información brindad por la FGR, Rubio compartió junta directiva de RUDA S.A. de C.V. con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Argueta Manzano, y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds. Dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, aunque fue iniciada como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas.

Las autoridades también ubicaron dos propiedades a nombre de Rubio, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en Jucuarán, Usulután.

Además, relacionaron a Rubio a un lote de terreno en la colonia Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda.

A la fecha, el expediente se encuentra activo en la Fiscalía; sin embargo, según el protocolo fiscal, este podría ser archivado el próximo año.

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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas

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El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso cadena perpetua a Josué Germain González Mejía (corredor de clica) y Giovanni Andrés Hernández (homeboy) por pertenencia a organización terrorista, conforme al artículo 344-A del Código Penal reformado. Ambos formaban parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron capturados durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
En el mismo proceso, otros 95 miembros recibieron condenas de larga duración: 26 corredores de clica a 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas y 69 homeboys a 30 años por el mismo delito. Los 97 procesados integraban 10 clicas distintas del programa Centrales, entre ellas Modelos Locos Salvatruchos (plaza El Trovador, barrios San Jacinto y Modelo), Gangster Locos Salvatruchos (alrededores de FENADESAL) e Iberias Locos Salvatruchos (comunidad Iberia), que operaban en diferentes puntos de la capital y sus alrededores.
La Fiscalía vinculó a los condenados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, privaciones de libertad y control territorial. La sentencia se dictó tras valorar prueba documental, pericial y testimonial en audiencia única, y se enmarca en las reformas de 2026 que habilitaron la prisión perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo (incluyendo la pertenencia a pandillas).
Estas condenas representan una de las primeras aplicaciones de la cadena perpetua tras la modificación constitucional y forman parte de la estrategia de seguridad bajo el régimen de excepción, que ha permitido más de 93 mil capturas de integrantes o colaboradores de estructuras criminales y ha reducido la tasa de homicidios a alrededor de 1,3 por cada 100 mil habitantes.
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador

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El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.

Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.

La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.

Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.

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Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos

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La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.

La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.

El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.

Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.

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