Judicial
Exsecretario de Comunicaciones en periodo de Funes y cinco más seguirán proceso en libertad
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, David Rivas y cinco más de la gestión del expresidente, Mauricio Funes Cartagena, seguirá su proceso en libertad por orden del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, debido a que pasaron más de dos años en la cárcel sin ser condenados.
Se conoció esta tarde, que en audiencia especial cesó la detención provisional por el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó como “Saqueo Público”, los imputados Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, Jorge Alberto Herrera Castellano, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y David Marciano Rivas, este último exsecretario de Comunicaciones, cumplieron dos años de estar presos este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, todos recuperan su libertad.
Los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de una persona que se haga responsable para hacerlos comparecer al proceso, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad penal en caso que ellos no se presenten a un requerimiento.
No obstante, antes de emitir la orden de libertad, el juzgado va a verificar quienes son las personas que se harán responsables de los procesados, el lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas acordó el juez.
En el caso de los señores Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y el empresario José Miguel Meléndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, el juez cesó la detención provisional por estar a la orden de otras sedes judiciales.
Por este caso, la fiscalía acusó a un total de 31 personas entre ellos al expresidente, Mauricio Funes Cartagena sus colaboradores más cercanos, familiares y otros.
Todos son acusados por el delito de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Estas personas tenían la calidad de imputados presentes por tal razón el Juzgado Quinto de Paz les decretó detención provisional el 11 de junio del 2018.
Según la investigación de las autoridades, Funes Cartagena, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos y programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos a proveedores ficticios, en gastos operativos de la presidencia de la República y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Los imputados supuestamente dispusieron del dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos, así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según requerimiento fiscal.
A 12 años de prisión fueron condenados Tomás Quintanilla Brizuela y Domingo Najarro Domínguez por intentar asesinar a un menor de edad.
La pena se las impuso el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, tras revisar la prueba presentada por la Fiscalía General de la República durante en la vista pública.
El hecho ocurrió la noche del 29 de noviembre de 2023, en el cantón Santa Isabel, distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima, con régimen de protección, recibió una golpiza después de asistir a una fiesta bailable.
Los agresores en estado de ebriedad, se fueron con la víctima hacia una tienda del sector donde la atacaron, el día siguiente, al llegar a su vivienda, el adolescente fue llevado a un hospital para que fuera atendido por la gravedad de las lesiones, sobre todo en el abdomen.
El juicio contra nueve integrantes de la clica y programa Hollywood de la MS, procesados por el delito de feminicidio agravado, inició este sábado, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación fiscal, el 12 de octubre de 2021 los imputados citaron a la víctima a un inmueble ubicado en el cantón Las Pilas, en San Ignacio, Chalatenango. En ese lugar, presuntamente la acusaron de ser informante de las autoridades.
Según el fiscal del caso, la mujer fue agredida verbal y sexualmente y posteriormente estrangulada. La investigación también establece que los imputados arrojaron el cadáver a un pozo de la localidad, donde fue encontrado por las autoridades tres días después.
La Fiscalía indicó que cuenta con prueba documental, pericial y testimonial para sustentar la acusación, incluyendo declaraciones de varios testigos. Uno de ellos habría identificado la participación de los procesados en los hechos.
De los nueve imputados, siete se encuentran presentes en la vista pública: Francisco Avelar, Sergio Mauricio Murcia Reyes, Tito Armando Regalado Maldonado, Jesús Vásquez Rodríguez, Yonathan Armando Ardón Rivera, Víctor Manuel Rivera Vásquez y José Ignacio López Vásquez.
La institución señaló que estos dos últimos también enfrentan cargos por actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas. Asimismo, Óscar Arnoldo Huezo Mena, alias “Chiva”, y Giovanny de Jesús Vásquez Chavarría, alias “Curra”, fueron declarados rebeldes en el proceso y son procesados por los mismos delitos adicionales.
La representación fiscal informó que solicitará las penas máximas de prisión para los nueve acusados. La vista pública continuará el lunes con la declaración de otros testigos.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
