Judicial
Empresario pagó por 10 años la extorsión a una mujer que se hacia pasar como una de sus mejores clientas
Un empresario vivió un calvario a manos de pandilleros que por 10 años lo obligaron a pagar una extorsión que era cobrada por la compañera de vida del cabecilla de la estructura criminal quien se hacía pasar como una de sus más leales clientas.
Samuel (nombre modificado por seguridad) es un empresario que logró estabilizar el negocio del cual era propietario, su progreso alertó a los pandilleros quienes le exigieron el pago mensual de $1,000 a cambio de no atentar en su contra.
Por temor a que se cumplieran las amenazas, Samuel entregaba la cantidad exigida a una mujer que solo concía como Nancy que llegaba cualquier día del mes. La única alerta que este recibía era una llamada de la delincuente para que tuviera listo el dinero.
Los años comenzaron a pasar, el empresario llegó a perder la cuenta del monto total que había entregado a la estructura criminal y fue hasta que sus finanzas no dieron para más que decidió denunciar la extorsión.
Según el expediente judicial, las autoridades le explicaron que harían el arresto a través de la mujer mediante una entrega controlada por lo que tendría que estar informando sobre los movimientos de personas sospechosas que la acompañaran.
La denuncia de Samuel coincidio con una exigencia de los pandilleros quienes a través de uno de los empleados le solicitaron que para el 15 de enero de 2018 a las 3:00 de la tarde debía de entregar $600 en efectivo.
La petición de los delincuentes fueron el anzuelo perfecto para los elementos policiales que montaron un operativo que tendría una serie de dificultades ya que la forma de enrtega no sería la habitual.
El intento de escape en bus
Minutos antes de la hora señalada, Nancy llamó a Samuel para decirle que no llegaría al local sino que tendría que llevarlo a un punto de buses; el empresario aceptó pero le dijo que no podría ir personalmente por lo que enviaría a uno de sus empleados, algo a lo que accedió la extorsionista.
La mujer esperaba de pie en una acera, a lo lejos pudo ver como un hombre extraño se le acercaba con un paquete en las manos e inmediatamente se lo entregó sin decir ni una sola palabra. Ambos se retiraron del lugar, unos metros adelante Nancy se encontró con un hombre con quien abordó un bus.
Elementos de la corporación le dieron seguimiento a la pareja y coordinaron un control vehícular en la ruta por la que se conducía el bus con los sospechosos quienes al ver el dispositivo intentaron escapar.
Los agentes de la PNC lograron retener a la pareja e identificaron a la mujer como Nancy del Carmen B., de 31 años, a quien se le encontró $100; mientras que su acompañante fue reconocido como Marlon Fabricio G., de 31, que llevaba en sus bolsillo $500.
El efectivo decomisado fue cotejado con los números de serie de cada billete, confirmando que se trataba del mismo que el empresario había entregado.
Ambos imputados están procesados por el delito de extorsión y ahora se encuentran a la orden del juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador quien deberá escuchar los alegatos de la defensa y de la representación fiscal para determinar la responsabilidad penal.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
