Judicial
Empresario pagó por 10 años la extorsión a una mujer que se hacia pasar como una de sus mejores clientas
Un empresario vivió un calvario a manos de pandilleros que por 10 años lo obligaron a pagar una extorsión que era cobrada por la compañera de vida del cabecilla de la estructura criminal quien se hacía pasar como una de sus más leales clientas.
Samuel (nombre modificado por seguridad) es un empresario que logró estabilizar el negocio del cual era propietario, su progreso alertó a los pandilleros quienes le exigieron el pago mensual de $1,000 a cambio de no atentar en su contra.
Por temor a que se cumplieran las amenazas, Samuel entregaba la cantidad exigida a una mujer que solo concía como Nancy que llegaba cualquier día del mes. La única alerta que este recibía era una llamada de la delincuente para que tuviera listo el dinero.
Los años comenzaron a pasar, el empresario llegó a perder la cuenta del monto total que había entregado a la estructura criminal y fue hasta que sus finanzas no dieron para más que decidió denunciar la extorsión.
Según el expediente judicial, las autoridades le explicaron que harían el arresto a través de la mujer mediante una entrega controlada por lo que tendría que estar informando sobre los movimientos de personas sospechosas que la acompañaran.
La denuncia de Samuel coincidio con una exigencia de los pandilleros quienes a través de uno de los empleados le solicitaron que para el 15 de enero de 2018 a las 3:00 de la tarde debía de entregar $600 en efectivo.
La petición de los delincuentes fueron el anzuelo perfecto para los elementos policiales que montaron un operativo que tendría una serie de dificultades ya que la forma de enrtega no sería la habitual.
El intento de escape en bus
Minutos antes de la hora señalada, Nancy llamó a Samuel para decirle que no llegaría al local sino que tendría que llevarlo a un punto de buses; el empresario aceptó pero le dijo que no podría ir personalmente por lo que enviaría a uno de sus empleados, algo a lo que accedió la extorsionista.
La mujer esperaba de pie en una acera, a lo lejos pudo ver como un hombre extraño se le acercaba con un paquete en las manos e inmediatamente se lo entregó sin decir ni una sola palabra. Ambos se retiraron del lugar, unos metros adelante Nancy se encontró con un hombre con quien abordó un bus.
Elementos de la corporación le dieron seguimiento a la pareja y coordinaron un control vehícular en la ruta por la que se conducía el bus con los sospechosos quienes al ver el dispositivo intentaron escapar.
Los agentes de la PNC lograron retener a la pareja e identificaron a la mujer como Nancy del Carmen B., de 31 años, a quien se le encontró $100; mientras que su acompañante fue reconocido como Marlon Fabricio G., de 31, que llevaba en sus bolsillo $500.
El efectivo decomisado fue cotejado con los números de serie de cada billete, confirmando que se trataba del mismo que el empresario había entregado.
Ambos imputados están procesados por el delito de extorsión y ahora se encuentran a la orden del juez del tribunal Sexto de sentencia de San Salvador quien deberá escuchar los alegatos de la defensa y de la representación fiscal para determinar la responsabilidad penal.
Por: El Salvador Times.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
