Judicial
Dejan en libertad a dos acusados de estafar con $68,000 a una imprenta
Dos sujetos acusados de estafar con $68,365 a la imprenta La Tarjeta quedaron en libertad debido a que el delito ya había prescrito.
El Juzgado 11° de Paz de San Salvador decidió absolverlos de manera definitiva, pues el delito por el cual Roberto Enrique Portillo Aquino y Fernando Oswaldo Martínez Medina eran señalados ya no se podía juzgar.
Según el requerimiento que presentó la Fiscalía al juzgado, la imprenta se sometió a un estudio del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro) para mejorar sus condiciones. El ministerio de Economía les terminó favoreciendo con un proyecto, pero debían mejorar sus condiciones.
Esa mejora pasaba por adquirir un equipo especial, por lo que hicieron cotizaciones en diferentes lugares y encontraron la maquinaria en una empresa de nombre Prometca, donde solicitaron información.
Fernando Martínez se presentó como gerente y les envió la documentación respectiva, a La Tarjeta le pareció el preció e iniciaron los trámites para la adquisición del equipo.
Prometca envió los documentos, firmados por Roberto Portillo, en su calidad de representante legal, a La Tarjeta. En los papeles se establecía la forma de pago, la entrega y otros. Uno de los requisitos era un anticipo de $68,365.
La imprenta aceptó las condiciones y pagó el anticipo, por lo que los sujetos se comprometieron a entregar el equipo que habían solicitado en 60 días.
El problema fue que la maquinaria nunca llegó, razón por la cual la imprenta llamó en diversas ocasiones y no había respuesta. Fue hasta un día que decidieron acudir a la dirección que aparecía en los documentos y se llevaron la sorpresa.
En el lugar no había una empresa llamada Prometca y nunca existió, según pudieron verificar los fiscales del caso.
Luego de escuchar el alegato de las partes, se decidió configurar el delito de estafa, pero el juez estableció que ese delito ya había prescrito, razón por la cual no podía juzgarlos y decidió dejarlos en libertad.
El Código Penal establece que la pena de cárcel por estafa es de cinco años, para que el delito no prescriba la acción penal tendría haber iniciado antes de los cinco años.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
