Judicial
Dejan en libertad a dos acusados de estafar con $68,000 a una imprenta
Dos sujetos acusados de estafar con $68,365 a la imprenta La Tarjeta quedaron en libertad debido a que el delito ya había prescrito.
El Juzgado 11° de Paz de San Salvador decidió absolverlos de manera definitiva, pues el delito por el cual Roberto Enrique Portillo Aquino y Fernando Oswaldo Martínez Medina eran señalados ya no se podía juzgar.
Según el requerimiento que presentó la Fiscalía al juzgado, la imprenta se sometió a un estudio del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro) para mejorar sus condiciones. El ministerio de Economía les terminó favoreciendo con un proyecto, pero debían mejorar sus condiciones.
Esa mejora pasaba por adquirir un equipo especial, por lo que hicieron cotizaciones en diferentes lugares y encontraron la maquinaria en una empresa de nombre Prometca, donde solicitaron información.
Fernando Martínez se presentó como gerente y les envió la documentación respectiva, a La Tarjeta le pareció el preció e iniciaron los trámites para la adquisición del equipo.
Prometca envió los documentos, firmados por Roberto Portillo, en su calidad de representante legal, a La Tarjeta. En los papeles se establecía la forma de pago, la entrega y otros. Uno de los requisitos era un anticipo de $68,365.
La imprenta aceptó las condiciones y pagó el anticipo, por lo que los sujetos se comprometieron a entregar el equipo que habían solicitado en 60 días.
El problema fue que la maquinaria nunca llegó, razón por la cual la imprenta llamó en diversas ocasiones y no había respuesta. Fue hasta un día que decidieron acudir a la dirección que aparecía en los documentos y se llevaron la sorpresa.
En el lugar no había una empresa llamada Prometca y nunca existió, según pudieron verificar los fiscales del caso.
Luego de escuchar el alegato de las partes, se decidió configurar el delito de estafa, pero el juez estableció que ese delito ya había prescrito, razón por la cual no podía juzgarlos y decidió dejarlos en libertad.
El Código Penal establece que la pena de cárcel por estafa es de cinco años, para que el delito no prescriba la acción penal tendría haber iniciado antes de los cinco años.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
