Judicial
Dejan en libertad a dos acusados de estafar con $68,000 a una imprenta
Dos sujetos acusados de estafar con $68,365 a la imprenta La Tarjeta quedaron en libertad debido a que el delito ya había prescrito.
El Juzgado 11° de Paz de San Salvador decidió absolverlos de manera definitiva, pues el delito por el cual Roberto Enrique Portillo Aquino y Fernando Oswaldo Martínez Medina eran señalados ya no se podía juzgar.
Según el requerimiento que presentó la Fiscalía al juzgado, la imprenta se sometió a un estudio del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro) para mejorar sus condiciones. El ministerio de Economía les terminó favoreciendo con un proyecto, pero debían mejorar sus condiciones.
Esa mejora pasaba por adquirir un equipo especial, por lo que hicieron cotizaciones en diferentes lugares y encontraron la maquinaria en una empresa de nombre Prometca, donde solicitaron información.
Fernando Martínez se presentó como gerente y les envió la documentación respectiva, a La Tarjeta le pareció el preció e iniciaron los trámites para la adquisición del equipo.
Prometca envió los documentos, firmados por Roberto Portillo, en su calidad de representante legal, a La Tarjeta. En los papeles se establecía la forma de pago, la entrega y otros. Uno de los requisitos era un anticipo de $68,365.
La imprenta aceptó las condiciones y pagó el anticipo, por lo que los sujetos se comprometieron a entregar el equipo que habían solicitado en 60 días.
El problema fue que la maquinaria nunca llegó, razón por la cual la imprenta llamó en diversas ocasiones y no había respuesta. Fue hasta un día que decidieron acudir a la dirección que aparecía en los documentos y se llevaron la sorpresa.
En el lugar no había una empresa llamada Prometca y nunca existió, según pudieron verificar los fiscales del caso.
Luego de escuchar el alegato de las partes, se decidió configurar el delito de estafa, pero el juez estableció que ese delito ya había prescrito, razón por la cual no podía juzgarlos y decidió dejarlos en libertad.
El Código Penal establece que la pena de cárcel por estafa es de cinco años, para que el delito no prescriba la acción penal tendría haber iniciado antes de los cinco años.
El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó la detención provisional para Diego Josael Calderón Hernández, quien es procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico ilícito.
«El 14 de enero se recibió información y se le dio la vigilancia a efecto de corroborar la información de que se iba a realizar un traslado de droga, y en efecto, el 15 de enero se verificó e incautó al imputado más de dos kilos de cocaína», explicó la fiscal del caso.
La misma fuente agregó que al efectuar la diligencias del caso, los resultados y pruebas presentadas al citado juzgado se ordenó la detención provisional del imputado.
La droga decomisada a Calderón Hernández tiene un valor de $50,473.58, informó la Fiscalía.
La detención del sospechoso fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que fue intervenido por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía.
«Este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito y deberá responder ante las autoridades, sepan que en este país no hay cabida para ningún narcotraficante, los estamos combatiendo y no daremos ni un solo paso atrás», afirmó en esa ocasión el ministro.
Ese día de la captura, el hombre circulaba en un vehículo por el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector de la colonia Carrillo, en San Miguel.
A 69 años de cárcel fue condenado un pandillero Juan Carlos Saravia Salamanca, homeboy de la MS, por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos fueron cometidos en el 2016 en San Miguel.
A una de las víctimas la privó de libertad y la llevó a otra zona en donde le quitó la vida. El cuerpo fue localizado días después.
Las privaciones de libertad ocurrieron en el 2015 en los distritos de Jucuarán y El Tránsito, agregó la fiscalía. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Héctor Nathan Aquino Melgar y Mauricio Esteban Polanco Trigueros, ambos abogados y notarios, acusados de participar en la elaboración de compraventas falsas de inmuebles.
Según las investigaciones, los inmuebles pertenecían a personas fallecidas o a terceros que no habían otorgado su consentimiento para dichas transacciones.
Los delitos habrían ocurrido entre mayo y julio de 2022.
Aquino Melgar enfrenta cargos por estafa agravada, falsedad material, y uso y tenencia de documentos falsos. Por su parte, Polanco Trigueros será procesado por falsedad material agravada continuada.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en este esquema de fraude inmobiliario.
