Judicial
Presidenta del CNJ afirma que hubo error de subsunción en caso de magistrado Escalante
María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se pronunció al caso del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien fue liberado de toda responsabilidad de agresión sexual contra una menor de edad, luego de un fallo a su favor por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
De acuerdo con la presidenta del CNJ, para llegar al fallo que liberó a Escalante Díaz del delito de agresión sexual en menor e incapaz hubo un error de subsunción, es decir, los hechos no se adaptan a la teoría jurídica.
«En el Derecho Penal usted debe de tener claro unos hechos, es la parte fáctica, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes intervinieron, todo eso y esto debe de adecuarlo a una teoría jurídica y esa teoría jurídica está regida por el principio de legalidad en el Derecho Penal. De acuerdo a lo que se ha dicho y a lo que hay en la sentencia, pudo haber un error de subsunción, técnicamente los hechos no se adecúan al Derecho y es ahí donde se da el conflicto de si es un delito o es una falta», detalló María Antonieta Josa de Parada.
Los magistrados Martín Rogel Zepeda y Guillermo Arévalo Domínguez consideraron que el tocamiento de Escalante a una niña de 10 años en sus partes íntimas no es delito, si no falta.
En ese sentido, la presidenta del CNJ dijo que en los registros que la institución tiene de Escalante no hay nada que dé cuentas de que tenía ese tipo de comportamientos. «No se puede negar la capacidad de preparación técnica que, de acuerdo a nuestros registros, el magistrado Escalante ha tenido; ahora, el tema del comportamiento ese… nosotros no tenemos ni teníamos ningún tipo de reporte», dijo Josa de Parada.
El caso ha generado indignación social y hasta se han implementado protestas de diferentes sectores afines a la protección de la niñez y la adolescencia en El Salvador en la fechada de las instalaciones del Centro Judiciales Isidro Menéndez en San Salvador
La misma Fiscalía General de la República se ha pronunciado al fallo y hasta ya presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión que tomó la Cámara Primera de lo Penal a favor del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien por el momento guarda arresto domiciliar.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
