Judicial
Presidenta del CNJ afirma que hubo error de subsunción en caso de magistrado Escalante
María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se pronunció al caso del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien fue liberado de toda responsabilidad de agresión sexual contra una menor de edad, luego de un fallo a su favor por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
De acuerdo con la presidenta del CNJ, para llegar al fallo que liberó a Escalante Díaz del delito de agresión sexual en menor e incapaz hubo un error de subsunción, es decir, los hechos no se adaptan a la teoría jurídica.
«En el Derecho Penal usted debe de tener claro unos hechos, es la parte fáctica, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes intervinieron, todo eso y esto debe de adecuarlo a una teoría jurídica y esa teoría jurídica está regida por el principio de legalidad en el Derecho Penal. De acuerdo a lo que se ha dicho y a lo que hay en la sentencia, pudo haber un error de subsunción, técnicamente los hechos no se adecúan al Derecho y es ahí donde se da el conflicto de si es un delito o es una falta», detalló María Antonieta Josa de Parada.
Los magistrados Martín Rogel Zepeda y Guillermo Arévalo Domínguez consideraron que el tocamiento de Escalante a una niña de 10 años en sus partes íntimas no es delito, si no falta.
En ese sentido, la presidenta del CNJ dijo que en los registros que la institución tiene de Escalante no hay nada que dé cuentas de que tenía ese tipo de comportamientos. «No se puede negar la capacidad de preparación técnica que, de acuerdo a nuestros registros, el magistrado Escalante ha tenido; ahora, el tema del comportamiento ese… nosotros no tenemos ni teníamos ningún tipo de reporte», dijo Josa de Parada.
El caso ha generado indignación social y hasta se han implementado protestas de diferentes sectores afines a la protección de la niñez y la adolescencia en El Salvador en la fechada de las instalaciones del Centro Judiciales Isidro Menéndez en San Salvador
La misma Fiscalía General de la República se ha pronunciado al fallo y hasta ya presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión que tomó la Cámara Primera de lo Penal a favor del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien por el momento guarda arresto domiciliar.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
