Judicial
Presidenta del CNJ afirma que hubo error de subsunción en caso de magistrado Escalante
María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), se pronunció al caso del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien fue liberado de toda responsabilidad de agresión sexual contra una menor de edad, luego de un fallo a su favor por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
De acuerdo con la presidenta del CNJ, para llegar al fallo que liberó a Escalante Díaz del delito de agresión sexual en menor e incapaz hubo un error de subsunción, es decir, los hechos no se adaptan a la teoría jurídica.
«En el Derecho Penal usted debe de tener claro unos hechos, es la parte fáctica, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes intervinieron, todo eso y esto debe de adecuarlo a una teoría jurídica y esa teoría jurídica está regida por el principio de legalidad en el Derecho Penal. De acuerdo a lo que se ha dicho y a lo que hay en la sentencia, pudo haber un error de subsunción, técnicamente los hechos no se adecúan al Derecho y es ahí donde se da el conflicto de si es un delito o es una falta», detalló María Antonieta Josa de Parada.
Los magistrados Martín Rogel Zepeda y Guillermo Arévalo Domínguez consideraron que el tocamiento de Escalante a una niña de 10 años en sus partes íntimas no es delito, si no falta.
En ese sentido, la presidenta del CNJ dijo que en los registros que la institución tiene de Escalante no hay nada que dé cuentas de que tenía ese tipo de comportamientos. «No se puede negar la capacidad de preparación técnica que, de acuerdo a nuestros registros, el magistrado Escalante ha tenido; ahora, el tema del comportamiento ese… nosotros no tenemos ni teníamos ningún tipo de reporte», dijo Josa de Parada.
El caso ha generado indignación social y hasta se han implementado protestas de diferentes sectores afines a la protección de la niñez y la adolescencia en El Salvador en la fechada de las instalaciones del Centro Judiciales Isidro Menéndez en San Salvador
La misma Fiscalía General de la República se ha pronunciado al fallo y hasta ya presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión que tomó la Cámara Primera de lo Penal a favor del magistrado Jaime Escalante Díaz, quien por el momento guarda arresto domiciliar.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
