Judicial
Bessy Ríos presenta aviso de investigación ante la FGR en contra de exfiscal Douglas Meléndez por incumplimiento de deberes en destrucción de documentación histórica del MINEC
La defensora de Derechos Humanos en El Salvador, Bessy Ríos, presentó este martes15 de marzo en la Fiscalía General de la República (FGR), un aviso de investigación contra el exministro de Economía (MINEC) Tharsis Salomón López, exfuncionario del expresidente, Salvador Sánchez Cerén y su asesor legal Salvador Ernesto Menéndez tras ser acusados y responsables intelectuales de la destrucción de documentos de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del MINEC.
Según Ríos, los hechos ocurrieron en mayo de 2015, cuando la Gerencia de Asuntos Jurídicos de dicha cartera de Estado remitió a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana una serie de libros en los cuales se consignaba a mano el control de entrega de números de acuerdos, resoluciones y otros controles internos, durante los años 1981 a 2014.
«Esta destrucción de documento se había hecho de forma ilegal, sin respetar el debido proceso. La administración pública puede destruir documentos siempre y cuándo siga su debido procedimiento llamado ‘Spur’, en al cual lo acompaña la Biblioteca Nacional y otras entidades para certificar la documentación a destruir», declaró la defensora de derechos humanos en el país.
Los documentos a los que hace referencia Bessy Ríos incluían acuerdos y decretos del MINEC, misiones oficiales al exterior de funcionarios y titulares, nombramientos de representantes de autónomas, licitaciones y compras, otorgamiento de beneficios de exención de impuestos de renta a cooperativas, pagos de indemnizaciones a empleados y recursos de revisión, entre otros.
El caso fue alertado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en un proceso que abrió al responsable de archivo ad honorem del MINEC, Manuel Alfredo Ramírez, por el cual se le encontró culpable de haber cometido una infracción muy grave al destruir dichos documentos de archivos.
Posteriormente, el fallo del IAIP en el año 2016, determinó que el exministro de Economía debía ser investigado por la FGR por encubrir la destrucción de esos archivos del ministerio. En el escrito señala que: “se ha acreditado que el ministro de Economía tuvo conocimiento de lo ocurrido, que adoptó medidas para encubrir lo sucedido, incluidas advertencias al denunciante, para evitar que éste hiciera del conocimiento de las autoridades competentes la destrucción documental”.
Un año después, en junio de 2017, el IAIP confirmó su Resolución Definitiva y declaró sin lugar, en todas sus partes, el recurso de revocatoria.
Pese a que el IAIP trasladó el caso a la FGR, este no fue retomado por el fiscal general de ese entonces, Douglas Meléndez, señalado por múltiples irregularidades en su gestión así como otros funcionarios de la fiscalía por lo que la investigación tampoco avanzó.
Ahora, la denunciante Bessy Ríos solicita que se investigue a Douglas Meléndez por el delito de omisión en la investigación y por incumplimiento de deberes en este caso de destrucción de archivos históricos en el Ministerio de Economía.
“Se dice que dentro de la documentación iban órdenes de pago de la Presa El Chaparral. Acordémonos que es el ministerio de economía quién gestiona y autoriza los pagos que se tramitan posteriormente con hacienda”.
Es la fiscalía quién bebe de investigar qué se destruyó y por qué. Hoy por hoy no tenemos certeza y debería responde el exministro y estoy pidiendo además que se investigue por incumplimiento de deberes al exfiscal Douglas Meléndez, quién fue notificado por el IAIP que se había certificado la destrucción de documentos», aseguró Ríos.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
Judicial
Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado
Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.
En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.
Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.
La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.
Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.
Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.
A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.
La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
#CRONIO El exdiputado Norman Quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, fue inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente. https://t.co/uARgoOy6gA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 16, 2024
