Judicial
Abogado querellante del caso caso Carla Ayala está en cuarentena, por lo que suspenden vista pública
El Juzgado Especializado por una vida libre de violencia contra la Mujer de San Salvador, suspendió la vista pública, programada para el lunes anterior, contra 13 involucrados con diferentes participaciones en el crimen en perjuicio de la agente de la PNC, Carla Mayarí Ayala.
La suspensión, hasta nuevo aviso se debió a que el abogado de la querella Arnau Baulenas, viajó a España y cuando regresó al país fue puesto en cuarentena a raíz de la emergencia que se vive por el Coronavirus.
En ese sentido la vista pública se programará hasta pasada la Semana Santa, toda vez que puedan presentarse las partes involucradas en el caso.
El principal sospechoso del asesinato, es el expolicía Juan Josué Castillo Arévalo, alias “Samurái”, quien permanece prófugo de la justicia. Además de Castillo Arévalo, son procesados:
El exjefe del desaparecido GRP, César Flores Castro; el inspector Pablo Estrada Villalobos; y los agentes, Salvador Enrique Chávez; Juan Antonio Linares; Josué Antonio Pérez; Alex Obdulio López; Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras Hernández.
De igual manera, están involucrados los civiles, Víctor David Castillo, Edgardo Alfonso Chavarría, José Atilio Jiménez, Joel Isaac Castillo y Edwin Isaac Esquivel. Los imputados son acusados de incumplimiento de deberes, feminicidio agravado en comisión por omisión, feminicidio agravado en complicidad no necesaria, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
La agente Ayala fue ejecutada la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el bulevar Constitución, luego de una fiesta en la sede del ex Grupo de Reacción Policial (GRP), en la colonia San Fernando de San Salvador.
El cuerpo de Ayala fue encontrado en una tumba clandestina, en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, departamento de Usulután, nueve meses después de su asesinato.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
