Judicial
Abogado Mario Calderón se convierte en criteriado de la FGR para evitar condena por lavado de dinero
El abogado Mario Calderón Castillo llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar una condena por el delito de lavado de dinero y que no se le juzgue por el hallazgo de rastros de heroína tras un allanamiento que le practicaron.
Una fuente cercana a Calderón confirmó las negociaciones entre el abogado y el ministerio público, este último terminó favoreciéndolo.
El tema de los criterios de oportunidad ha sido el mecanismo que la Fiscalía ha utilizado en la mayoría de casos mediáticos, lo cual ha sido denunciado especialmente por el expresidente Mauricio Funes, en sus redes sociales.
El compromiso del abogado Calderón consistiría en darle un soporte testimonial creíble al nuevo caso por delitos de Lavado y corrupción que el Fiscal General le está fabricando al exfiscal general Luis Martínez, a Enrique Rais y otras personas como José Luis Merino todo por supuesta petición del Señor Salume, como también al líder sindical de ASTRAM, Rolando Castro y al actual diputado por el PCN, Raúl Beltrán Bonilla.
Según la fuente consultada, en un café muy popular de la Colonia Escalón ha habido diversas reuniones entre el Jefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y la auxiliar de este Mayra Guerra, para “fabricar” su confesión y que precisamente el día jueves 23 de agosto, en horas de la mañana continuaría trabajando, para completar todo el montaje.
Según dijo, con esa declaración “se matarán tres pájaros de un solo tiro, se salva él de una condena segura y termina el trabajo que inició para los canadienses y Salume para conseguir el Relleno de Nejapa, que siempre fue el objetivo”.
Cabe recordar que Mario Calderón y su esposa, tienen pendiente afrontar una audiencia preliminar en el Juzgado 9 de Instrucción por el delito de Lavado de Dinero, en virtud que no pudieron justificar alrededor de $10 millones en sus cuentas y bienes
Se ha revelado que Calderón está satisfecho con el acuerdo logrado con la FGR porque así evita ser investigado por delitos relacionados al narcotráfico, ya que en el expediente en el caso de lavado consta la prueba de un experto policial que encontró restos de heroína en el lugar de residencia de los esposos Calderón.
También asegura la fuente que el fiscal Douglas Meléndez ya ordenó a la Jueza 9º. de Instrucción que cierre definitivamente el caso contra el abogado. Esta sería la razón por la cual la diligencia se ha suspendido por más de siete ocasiones, a petición de la Fiscalía.
Sobre el caso contra el exfiscal Martínez se ha dicho que Calderón se ha jactado que fue él quien hizo caer a Luis Martínez del poder, a través del Tribunal de Ética y sus periodistas allegados; y que lo mismo puede hacer con el fiscal Meléndez, si no le quita el delito de lavado de dinero.
Todo esto lo habría trabajado en las oficinas de Diario1.com, para que éste pueda tener la primicia de la información y se reproduzca en los otros medios que están a la orden de Salume, detalló.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
