Judicial
Abogado Mario Calderón se convierte en criteriado de la FGR para evitar condena por lavado de dinero
El abogado Mario Calderón Castillo llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar una condena por el delito de lavado de dinero y que no se le juzgue por el hallazgo de rastros de heroína tras un allanamiento que le practicaron.
Una fuente cercana a Calderón confirmó las negociaciones entre el abogado y el ministerio público, este último terminó favoreciéndolo.
El tema de los criterios de oportunidad ha sido el mecanismo que la Fiscalía ha utilizado en la mayoría de casos mediáticos, lo cual ha sido denunciado especialmente por el expresidente Mauricio Funes, en sus redes sociales.
El compromiso del abogado Calderón consistiría en darle un soporte testimonial creíble al nuevo caso por delitos de Lavado y corrupción que el Fiscal General le está fabricando al exfiscal general Luis Martínez, a Enrique Rais y otras personas como José Luis Merino todo por supuesta petición del Señor Salume, como también al líder sindical de ASTRAM, Rolando Castro y al actual diputado por el PCN, Raúl Beltrán Bonilla.
Según la fuente consultada, en un café muy popular de la Colonia Escalón ha habido diversas reuniones entre el Jefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y la auxiliar de este Mayra Guerra, para “fabricar” su confesión y que precisamente el día jueves 23 de agosto, en horas de la mañana continuaría trabajando, para completar todo el montaje.
Según dijo, con esa declaración “se matarán tres pájaros de un solo tiro, se salva él de una condena segura y termina el trabajo que inició para los canadienses y Salume para conseguir el Relleno de Nejapa, que siempre fue el objetivo”.
Cabe recordar que Mario Calderón y su esposa, tienen pendiente afrontar una audiencia preliminar en el Juzgado 9 de Instrucción por el delito de Lavado de Dinero, en virtud que no pudieron justificar alrededor de $10 millones en sus cuentas y bienes
Se ha revelado que Calderón está satisfecho con el acuerdo logrado con la FGR porque así evita ser investigado por delitos relacionados al narcotráfico, ya que en el expediente en el caso de lavado consta la prueba de un experto policial que encontró restos de heroína en el lugar de residencia de los esposos Calderón.
También asegura la fuente que el fiscal Douglas Meléndez ya ordenó a la Jueza 9º. de Instrucción que cierre definitivamente el caso contra el abogado. Esta sería la razón por la cual la diligencia se ha suspendido por más de siete ocasiones, a petición de la Fiscalía.
Sobre el caso contra el exfiscal Martínez se ha dicho que Calderón se ha jactado que fue él quien hizo caer a Luis Martínez del poder, a través del Tribunal de Ética y sus periodistas allegados; y que lo mismo puede hacer con el fiscal Meléndez, si no le quita el delito de lavado de dinero.
Todo esto lo habría trabajado en las oficinas de Diario1.com, para que éste pueda tener la primicia de la información y se reproduzca en los otros medios que están a la orden de Salume, detalló.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
