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Javier Simán no quiere que Ministerio de Hacienda realice auditoría a grandes empresas
Recientemente, el empresario Javier Simán, afirmó que está en contra de que el Ministerio de Hacienda audite a las grandes empresas, ya que supuestamente no estarían pagando sus impuestos.
Simán explicó que el Ministerio de Hacienda tiene como parte de sus funciones auditar a todos los salvadoreños para que paguen sus impuestos; no obstante, no apoya que se realice lo mismo con las empresas de mayor capital.
El pasado mes de junio el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), contra la empresa INTRATEXT de El Salvador, S.A. DE C.V. (empresas Simán) por supueta evasión de impuestos de al menos 5.3 millones de dólares.
En respuesta a la acusación, Javier Simán dijo que desde hace 5 años decidió independizarse de su familia y construir sus propios proyectos.
Sin embargo, el pasado mes de octubre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha ordenado suspender el proceso por evasión fiscal de las empresas Simán.
En esa ocasión el presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que: “Sala de lo Constitucional nos acaba de informar, que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los Simán, que ellos son intocables y que los impuestos solo son para los pobres, los que no pueden sobornar Magistrados corruptos (sí, esos mismos que dicen velar por la constitución)”.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
