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Javier Simán no quiere que Ministerio de Hacienda realice auditoría a grandes empresas
Recientemente, el empresario Javier Simán, afirmó que está en contra de que el Ministerio de Hacienda audite a las grandes empresas, ya que supuestamente no estarían pagando sus impuestos.
Simán explicó que el Ministerio de Hacienda tiene como parte de sus funciones auditar a todos los salvadoreños para que paguen sus impuestos; no obstante, no apoya que se realice lo mismo con las empresas de mayor capital.
El pasado mes de junio el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR), contra la empresa INTRATEXT de El Salvador, S.A. DE C.V. (empresas Simán) por supueta evasión de impuestos de al menos 5.3 millones de dólares.
En respuesta a la acusación, Javier Simán dijo que desde hace 5 años decidió independizarse de su familia y construir sus propios proyectos.
Sin embargo, el pasado mes de octubre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha ordenado suspender el proceso por evasión fiscal de las empresas Simán.
En esa ocasión el presidente de la república, Nayib Bukele, afirmó que: “Sala de lo Constitucional nos acaba de informar, que suspendamos el proceso por evasión fiscal de los Simán, que ellos son intocables y que los impuestos solo son para los pobres, los que no pueden sobornar Magistrados corruptos (sí, esos mismos que dicen velar por la constitución)”.
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Panamá, dio a conocer los números de emergencia a los que los salvadoreños residentes en ese país pueden comunicarse tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes a las 11:56 de la mañana.
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse a las líneas telefónicas +507 6378-0116 y +507 6147-2307. Además, está disponible el número de WhatsApp +503 7070-1071.
Según la institución, estos números están a disposición de la comunidad salvadoreña en Panamá para atender sus necesidades de comunicación en el contexto de la emergencia.
Por otra parte, imágenes difundidas por medios de comunicación panameños muestran el derrumbe de una parte de un hotel en la localidad de Penonomé, ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Los reportes también señalan daños considerables en una iglesia y la aparición de grietas en otros edificios.
Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil evalúan las afectaciones registradas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otros sectores.
Asimismo, imágenes divulgadas por la prensa local muestran grietas en una carretera de la provincia de Veraguas.
