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Nacionales

Instalan cabinas móviles en La Palma para realizar pruebas COVID-19

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El Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSAL), se instaló frente a la iglesia del municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango, para realizar 300 pruebas de tamizaje gratuitas y detectar posibles casos de COVID-19.

Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, las cabinas del EICE iniciaron desde las 8:00 a.m. la toma de pruebas PCR, que luego serán trasladadas al laboratorio para brindar en un plazo de 72 una respuesta a los pacientes.

Julio César Orellana, médico coordinador del SIBASI Chalatenango, manifestó que este tipo de pruebas son importantes porque permiten buscar, detectar y cortar la cadena de transmisión del virus.

“Si alguien aparece con la prueba positiva, se le da seguimiento a través de cada unida y por el call center se les llama todos los días y coordina el envío del kit de medicamentos para evitar complicaciones”, afirmó el coordinador de la SIBASI Chalatenango.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Salud en el departamento de Chalatenango se contabilizan 620 casos confirmados de COVID-19.

En el municipio de La Palma, uno de los sitios del país que tiene gran afluencia de visitantes debido a su riqueza histórica, las autoridades de salud contabilizan 11 casos confirmados de COVID-19, entre sus más de 14 mil habitantes.

De acuerdo con las estadísticas actualizadas hasta el 6 de septiembre, El Salvador contabiliza 15,815 personas recuperadas de COVID-19, 759 fallecidos, 9,734 casos activos y 26.038 casos confirmados.

El Presidente Nayib Bukele enfatiza a la población que “nuestra mejor arma en estos momentos, son las medidas de protección personal (mascarilla, distanciamiento, alcohol gel, lavarse las manos) y en caso del aparecimiento de algún síntoma, aislarse, llamar al 132 y tomar medicamentos inmediatamente, antes de agravarse”.

Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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