Judicial
«Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas» confirmó el Fiscal General Raúl Melara
La noche del jueves 14 de noviembre, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó en un programa de televisión nacional que Norman Quijano se reunió con pandilleros. Melara fue contundente al recordar que esto ya lo había echo público la fiscal del caso durante una audiencia en la que se presentó dicha prueba.
El jefe de la FGR dijo que no podía revelar, por el momento, la intención de la reunión entre el expresidente de la Asamblea Legislativa y los pandilleros, sin embargo sí se podía confirmar la veracidad de dicha reunión.
Además, el Fiscal General dijo que la percepción de la opinión pública era que la FGR estaba ocultando los contenidos, sin embargo fue la misma fiscal del caso la que describió el contenido de dichos videos frente al tribunal para hacer más contundente la prueba. En otro material audiovisual también se pueden ver a otros actores políticos, como Arístides Valencia, exdiputado del FMLN y ministro de Gobernación de la administración de Salvador Sánchez Cerén, quien no llegó al citatorio de la Fiscalía a declarar en torno a este sonado caso que deja muy mal parados a los políticos de varios partidos por sus supuestas negociaciones con estos grupos terroristas.
Melara no quiso revelar más detalles hasta el momento ya que afirma que la investigación está en proceso y no puede entorpecerla. Además aclaró que en si las investigaciones revelan que hay sometimiento de algún delito, van a procesar a la gente involucrada.
Melara fue contundente al afirmar que «Yo trabajo para la gente. Sabemos que las personas no son un número ni una estadística. La gente sufre su realidad y espera efectividad de la Institución.»
Quijano en el ojo del huracán
En el marco de un juicio contra 426 pandilleros ligados al caso «Operación Cuscatlán», un pandillero que figura como testigo protegido por la Fiscalía bajo el nombre de «Noé» declaró que en una reunión le solicitaron a Quijano un millón de dólares a cambió brindarle su voto en el balotaje.
El expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, negó en días atrás haber ofrecido dinero a las pandillas en una supuesta reunión cuando fue candidato presidencial en 2014 como lo declaró un testigo «Noé.
«Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial», declaró Quijano a la prensa.
«Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia, que tiene a su base el interés del gobierno de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores», señaló Quijano.
Insistió que «jamás» se ha «reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero».
Videos serían la prueba que políticos pactaron con pandilleros
La investigación surgió luego de las declaraciones y una serie de evidencias que presentó el testigo criteriado “Noe”, sobre las reuniones que sostuvieron algunos miembros de partidos políticos con pandilleros a cambio de favores electorales.
Este 14 de noviembre, el Fiscal General Raúl Melara confirmó de una vez por todas, con nombre y apellido que sí hubo tal reunión en el caso de Norman Quijano. Esto, sin duda alguna, deja muy mal parado al parlamentario arenero ya que durante estas últimas semanas ha negado tal reunión y mucho menos cualquier negociación con estos delincuentes, sin embargo, el Melara fue claro: «Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas».
Según lo relatado por la Fiscalía en el juicio Operación Cuscatlán, en el que solicitó que no se reprodujeran los videos, en las pruebas aparecen Norman Quijano, actual diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, y el exdiputado Ernesto Angulo. La reunión tenía como objetivo solicitar apoyo a la MS-13 para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 en las que Quijano era candidato. Además, la Fiscalía sostiene que hay un video del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reunido con pandilleros y se ven “fajos de billetes con cinchas”.
También hay videos del exministro de Gobernación Arístides Valencia, del FMLN, negociando el ingreso de su partido en territorios como San Luis La Herradura (La Paz).
Los implicados podrían cumplir condenas de hasta 30 años según la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT).
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
