Judicial
«Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas» confirmó el Fiscal General Raúl Melara
La noche del jueves 14 de noviembre, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, confirmó en un programa de televisión nacional que Norman Quijano se reunió con pandilleros. Melara fue contundente al recordar que esto ya lo había echo público la fiscal del caso durante una audiencia en la que se presentó dicha prueba.
El jefe de la FGR dijo que no podía revelar, por el momento, la intención de la reunión entre el expresidente de la Asamblea Legislativa y los pandilleros, sin embargo sí se podía confirmar la veracidad de dicha reunión.
Además, el Fiscal General dijo que la percepción de la opinión pública era que la FGR estaba ocultando los contenidos, sin embargo fue la misma fiscal del caso la que describió el contenido de dichos videos frente al tribunal para hacer más contundente la prueba. En otro material audiovisual también se pueden ver a otros actores políticos, como Arístides Valencia, exdiputado del FMLN y ministro de Gobernación de la administración de Salvador Sánchez Cerén, quien no llegó al citatorio de la Fiscalía a declarar en torno a este sonado caso que deja muy mal parados a los políticos de varios partidos por sus supuestas negociaciones con estos grupos terroristas.
Melara no quiso revelar más detalles hasta el momento ya que afirma que la investigación está en proceso y no puede entorpecerla. Además aclaró que en si las investigaciones revelan que hay sometimiento de algún delito, van a procesar a la gente involucrada.
Melara fue contundente al afirmar que «Yo trabajo para la gente. Sabemos que las personas no son un número ni una estadística. La gente sufre su realidad y espera efectividad de la Institución.»
Quijano en el ojo del huracán
En el marco de un juicio contra 426 pandilleros ligados al caso «Operación Cuscatlán», un pandillero que figura como testigo protegido por la Fiscalía bajo el nombre de «Noé» declaró que en una reunión le solicitaron a Quijano un millón de dólares a cambió brindarle su voto en el balotaje.
El expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Norman Quijano, negó en días atrás haber ofrecido dinero a las pandillas en una supuesta reunión cuando fue candidato presidencial en 2014 como lo declaró un testigo «Noé.
«Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial», declaró Quijano a la prensa.
«Reafirmo con toda convicción que estoy siendo víctima de una infamia, que tiene a su base el interés del gobierno de callar las voces que, con argumentos, cuestionan o critican una gestión plagada de errores», señaló Quijano.
Insistió que «jamás» se ha «reunido con criminales, mucho menos para pactar y menos para ofrecer dinero».
Videos serían la prueba que políticos pactaron con pandilleros
La investigación surgió luego de las declaraciones y una serie de evidencias que presentó el testigo criteriado “Noe”, sobre las reuniones que sostuvieron algunos miembros de partidos políticos con pandilleros a cambio de favores electorales.
Este 14 de noviembre, el Fiscal General Raúl Melara confirmó de una vez por todas, con nombre y apellido que sí hubo tal reunión en el caso de Norman Quijano. Esto, sin duda alguna, deja muy mal parado al parlamentario arenero ya que durante estas últimas semanas ha negado tal reunión y mucho menos cualquier negociación con estos delincuentes, sin embargo, el Melara fue claro: «Hay un video de Norman Quijano reunido con pandillas».
Según lo relatado por la Fiscalía en el juicio Operación Cuscatlán, en el que solicitó que no se reprodujeran los videos, en las pruebas aparecen Norman Quijano, actual diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, y el exdiputado Ernesto Angulo. La reunión tenía como objetivo solicitar apoyo a la MS-13 para ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 en las que Quijano era candidato. Además, la Fiscalía sostiene que hay un video del actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reunido con pandilleros y se ven “fajos de billetes con cinchas”.
También hay videos del exministro de Gobernación Arístides Valencia, del FMLN, negociando el ingreso de su partido en territorios como San Luis La Herradura (La Paz).
Los implicados podrían cumplir condenas de hasta 30 años según la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT).
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
