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Gobierno solicita corredor humanitario para salida de transportistas varados en Panamá
Debido al cierre de carreteras por protestas ante el rechazo de la aprobación de la ley de contrato minero entre el estado y empresa minera, por los impactos medio ambientales que significaría esta práctica en Panamá, algunos transportistas salvadoreños han quedado varados en dicho país centroamericano.
Ante esta situación, el Gobierno de El Salvador, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó establecer un corredor humanitario para darle salida a los transportistas salvadoreños en Panamá.
#CRONIO @cancilleriasv hace un llamado a las autoridades de Panamá y líderes de la sociedad civil de dicho país, para que puedan habilitar un corredor humanitario, que permita la salida de transportistas salvadoreños, quienes se han visto afectados por los cierres de carreteras. https://t.co/Hh6txzuEJc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 26, 2023
«El Salvador hace un llamado a las autoridades de Panamá y a los líderes de la sociedad civil de ese país para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños, afectados por los cierres de carreteras, salir de territorio panameño», solicitó Cancillería de El Salvador.
El comunicado emitido este 26 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su embajada en Panamá, relata: «A través de nuestra Embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales, en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño».
La institución apeló a las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá para solicitar a las autoridades y a los líderes de la sociedad civil que mantiene las calles cerradas, que habiliten un corredor humanitario para que los salvadoreños puedan salir del país a la mayor brevedad posible.
Panamá afronta varias semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía minera canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.
Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local. Como parte de las manifestaciones, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre. Desde el 22 de noviembre, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos.
Dos rastras colisionaron en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el occidente del territorio nacional.
Tras el fuerte impacto, una de las rastras se estrelló contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera.
La segunda rastra quedó a un costado de la carretera que conduce hacia Metapán y la frontera Anguiatú.
Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban orientando la circulación en la zona, debido a que uno de los carriles permanecía bloqueado.
La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.
De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
La Policía Nacional Civil reportó en San Martín, San Salvador Este, la captura de Raúl Antonio López Saravia, de 23 años, quien, según la corporación policial, transportaba droga a bordo de una motocicleta.
De acuerdo con la Policía, López Saravia fue intervenido luego de que agentes lo observaran cargando un baúl de motocicleta en el que presuntamente portaba marihuana, cocaína, una balanza digital y una trituradora.
El detenido será remitido por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, el Ministerio de Seguridad reportó la captura de 35 distribuidores y traficantes de droga. Según los datos de la institución, algunos de los detenidos se hacían pasar por turistas y otros por repartidores de comida a domicilio o deliverys.
Las detenciones han sido ejecutadas por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y la Unidad K9.
