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Gobierno recupera zonas entregadas por ARENA y el FMLN a las pandillas
El Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, está recuperando los territorios que los gobiernos anteriores, de ARENA y del FMLN, dejaron bajo el control de las pandillas, que por años se dedicaron a matar, amenazar, desaparecer y extorsionar a la población honrada.
Los grupos delincuenciales controlaron los territorios a causa de los acuerdos políticos con las estructuras delincuenciales, como fue la creación de los municipios santuarios durante la tregua entre pandillas que impulsó el primer Gobierno del FMLN, dirigido por el ahora prófugo de la justicia Mauricio Funes.
En esos municipios santuarios, el Gobierno de Funes no ejecutó operativos ni procedimientos policiales en contra de las pandillas, porque ese era uno de los acuerdos de la tregua.
El analista Mauricio Rodríguez señaló ayer que ese diálogo que impulsó el Gobierno del FMLN con las pandillas «únicamente tenía un objetivo electoral, no tenía el interés de resolver el problema de la inseguridad», que por años había afectado a la población honrada.
En el pasado, Soyapango fue uno de esos municipios santuarios; sin embargo, el Gobierno del presidente Bukele inició desde el sábado pasado la recuperación de esos espacios con la implementación de la fase V del Plan Control Territorial (PCT).
Ese PCT careció de financiamiento en la legislatura 2018-2021 porque el FMLN y ARENA (en cuyos períodos presidenciales nacieron y crecieron las pandillas) se negaron a dar sus votos para aprobar y ratificar dos préstamos por $200 millones que el Gobierno de Bukele solicitó para implementar las fases II y III.
Ambos institutos políticos también han negado sus votos para la aprobación y la prórroga del régimen de excepción, medida constitucional que también ha servido al Ejecutivo para el combate de las maras.
A pesar de los buenos resultados en seguridad con el PCT y el régimen de excepción, la diputada del FMLN Anabel Belloso insistió ayer en las críticas al trabajo del Ejecutivo.
«Considero que este Gobierno sigue manejando el tema de seguridad desde una perspectiva de estrategia publicitaria y de propaganda», dijo la diputada.
En el pasado, cuando el partido rojo estaba al frente del Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Cerén [también prófugo] impuso cercos de seguridad para frenar la violencia de las pandillas, sin resultados.
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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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