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Gobierno recupera zonas entregadas por ARENA y el FMLN a las pandillas
El Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, está recuperando los territorios que los gobiernos anteriores, de ARENA y del FMLN, dejaron bajo el control de las pandillas, que por años se dedicaron a matar, amenazar, desaparecer y extorsionar a la población honrada.
Los grupos delincuenciales controlaron los territorios a causa de los acuerdos políticos con las estructuras delincuenciales, como fue la creación de los municipios santuarios durante la tregua entre pandillas que impulsó el primer Gobierno del FMLN, dirigido por el ahora prófugo de la justicia Mauricio Funes.
En esos municipios santuarios, el Gobierno de Funes no ejecutó operativos ni procedimientos policiales en contra de las pandillas, porque ese era uno de los acuerdos de la tregua.
El analista Mauricio Rodríguez señaló ayer que ese diálogo que impulsó el Gobierno del FMLN con las pandillas «únicamente tenía un objetivo electoral, no tenía el interés de resolver el problema de la inseguridad», que por años había afectado a la población honrada.
En el pasado, Soyapango fue uno de esos municipios santuarios; sin embargo, el Gobierno del presidente Bukele inició desde el sábado pasado la recuperación de esos espacios con la implementación de la fase V del Plan Control Territorial (PCT).
Ese PCT careció de financiamiento en la legislatura 2018-2021 porque el FMLN y ARENA (en cuyos períodos presidenciales nacieron y crecieron las pandillas) se negaron a dar sus votos para aprobar y ratificar dos préstamos por $200 millones que el Gobierno de Bukele solicitó para implementar las fases II y III.
Ambos institutos políticos también han negado sus votos para la aprobación y la prórroga del régimen de excepción, medida constitucional que también ha servido al Ejecutivo para el combate de las maras.
A pesar de los buenos resultados en seguridad con el PCT y el régimen de excepción, la diputada del FMLN Anabel Belloso insistió ayer en las críticas al trabajo del Ejecutivo.
«Considero que este Gobierno sigue manejando el tema de seguridad desde una perspectiva de estrategia publicitaria y de propaganda», dijo la diputada.
En el pasado, cuando el partido rojo estaba al frente del Ejecutivo, el presidente Salvador Sánchez Cerén [también prófugo] impuso cercos de seguridad para frenar la violencia de las pandillas, sin resultados.
Con el objetivo de ampliar el acceso de la diáspora salvadoreña a programas y servicios de beneficio, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, presidió la inauguración de la gira «El Salvador +» en el consulado en Woodbridge, Virginia; una jornada que se desarrolló de forma simultánea en el consulado de San Francisco.
«Esta gira del programa de servicios El Salvador + no es únicamente una jornada de atención; es una expresión concreta de un modelo de gestión pública articulado que reconoce a la diáspora salvadoreña como un actor clave en el desarrollo nacional», dijo Godínez.
De igual forma, señaló que este esfuerzo responde precisamente a ese mandato del presidente Bukele de coordinación interinstitucional que permite unir capacidades para garantizar derechos, ampliar oportunidades y fortalecer vínculos con el país.
«Contamos con la participación de instituciones y empresas que brindan servicios en áreas estratégicas como servicios financieros de diferentes instituciones bancarias; menaje de casa para una migración inversa digna; y mecanismos que fortalecen la participación ciudadana, entre otros», resaltó la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Godínez también destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo articulado de diversas instituciones que, bajo una visión compartida, reafirman su compromiso de brindar atención con calidad, calidez y sentido humano.
Posterior a esta actividad, la viceministra sostuvo un encuentro con la diáspora y señaló que estos espacios están dedicados a fortalecer los lazos con la comunidad salvadoreña en Woodbridge, Virginia.
«Reafirmamos nuestro compromiso como Gobierno de El Salvador de acompañarlos, escucharlos y generar oportunidades para su bienestar», indicó.
Además, destacó que avanzan en la construcción de una nueva diplomacia consular, con un enfoque integral que trasciende la prestación tradicional de servicios. Contará con estándares de calidad, excelencia y eficiencia.
Bartolo Valle Lemus, pasará 30 años en prisión tras ser condenado por el homicidio agravado de una víctima y por portar ilegalmente el arma que utilizó para consumar el crimen.
Este hecho ocurrió en enero del 2017, en el cantón El Cacao, distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Según las investigaciones, luego de una discusión con la víctima por rencillas personales, el imputado sacó su arma de fuego y le disparó cuando se dirigía a su casa.
En la vivienda del ahora condenado, las autoridades hallaron el arma que utilizó para cometer el homicidio, además no tenía ninguna documentación legal de tenencia y portación.
Como parte del diplomado de Anticorrupción Aduanera, la Escuela de Capacitación Judicial del Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), desarrolló una jornada práctica en las instalaciones de la Aduana de San Bartolo, Ilopango en San Salvador Este.
En esta actividad participaron magistrados y jueces con competencia en materia Penal, personal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y capacitadores del CNJ.
De acuerdo a la institución formadora, «esta experiencia permitió fortalecer la comprensión de los procedimientos aduaneros y su marco normativo, potenciando la toma de decisiones en el ejercicio profesional».
