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Gobierno propone nuevo modelo para impulsar el desarrollo municipal en todo el país
El Gobierno del presidente Nayib Bukele le dará un nuevo rostro a la inversión pública en los 262 municipios del país. El Ejecutivo busca que una parte de las transferencias económicas sea usada libremente por las comunas, y que el resto se ejecute directa y eficientemente en proyectos que impulsen el desarrollo de los pueblos y la calidad de vida de sus habitantes.
A través del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo presentó ayer a la Asamblea Legislativa varias iniciativas orientadas al desarrollo municipal, que incluyen una nueva legislación para las transferencias económicas a los gobiernos locales y la creación de una institucionalidad gubernamental para la inversión local.
La propuesta de la futura normativa para asignar recursos del Estado a las municipalidades, una vez aprobada y en vigor, establecerá que las asignaciones presupuestarias para cada municipio se otorguen basadas en criterios de población (50 %), de equidad (25 %), de pobreza (20 %) y de extensión territorial (5 %).
El Ejecutivo planteó que con la nueva normativa se trasladarán recursos del presupuesto general del Estado a cada alcaldía, «ajustados a los desafíos y las necesidades reales de cada municipalidad, así como a la situación de las finanzas públicas».
La nueva estructura del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) ahora estará constituida con el 1.5 % de los ingresos netos corrientes del presupuesto general.
La nueva designación económica para los municipios, según lo establece el proyecto de ley del Fodes, «deberá consignarse en el mismo [presupuesto] en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual».
Las transferencias a los 262 gobiernos locales se financiarán con subsidios y aportes estatales, aportes y donaciones, préstamos externos e internos, bonos u otros ingresos que por cualquier concepto reciban.
El presupuesto general del Estado para el año próximo es de $7,967 millones, de acuerdo con el anteproyecto de gastos, por lo que en 2022 las comunas en su totalidad recibiría $119.5 millones, que se repartirán según los criterios señalados.
Los jefes municipales podrán utilizar libremente el dinero que de forma directa les transferirá el Gobierno. «El citado porcentaje, a transferir a las municipalidades, será de libre disponibilidad», reza el inciso último del artículo 1 de la nueva ley del Fodes. Luego añade: «Por tanto, podrá ser destinados a los propósitos o finalidades que cada municipio estime conveniente y necesario para su circunscripción municipal».
La entrega material y efectiva del Fodes a las municipalidades será directamente efectuada por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda.
La nueva legislación que regulará el Fodes es de carácter especial y, por tanto, prevalecerá sobre cualquier otra que la contraríe, incluso el Código Municipal.
Asimismo, establece que la Corte de Cuentas de la República y las direcciones generales de Tesorería y de Contabilidad Gubernamental serán las garantes del cumplimiento fiel de la normativa una vez entre en vigor.
El congreso recientemente aprobó la disposición especial transitoria que permite a la cartera de Hacienda auditar $191.7 millones que las alcaldías recibieron en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal.
La normativa surgió por la solicitud del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ante la pasividad de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para auditar y fiscalizar el uso de los fondos que recibieron las alcaldías.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda se encargará de asumir las deudas contraídas por las 262 municipalidades, mismas que tuvieron como respaldo las transferencias monetarias que recibían del Gobierno Central.
El proyecto de ley de creación del nuevo Fodes establece que será la Dirección General de Tesorería de Hacienda la que «asumirá la responsabilidad de realizar las transferencias de recursos para el pago de cuotas que los municipios adeudan a entidades financieras en todo el país».
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este viernes, la captura de José David Machado Alvarado, de 27 años de edad, quien es el responsable de cometer un homicidio el jueves por la noche en Usulután, Usulután Este.
La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego.
La PNC detalló que dicha arma fue localizada envuelta en una bolsa plástica y cubierta con piedras.
Machado Alvarado fue arrestado en el distrito de Ozatlán, Usulután Este. Además, será remitido por el delito de homicidio.
«En El Salvador ningún crimen queda impune», enfatizó la PNC.
