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Gobierno de El Salvador frena a proveedores que pretendían vender gas sin subsidio
Ante las denuncias ciudadanas registradas este martes sobre proveedores de gas licuado de petróleo (GLP) que anunciaron que dejarían de comercializar los cilindros con los subsidios vigentes, las autoridades de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), la Defensoría del Consumidor (DC) y el Ministerio de Hacienda (MH) desplegaron inspecciones en todo el país.
Una de estas verificaciones tuvo lugar en las ventas de gas propano de la colonia Málaga, en San Salvador, desde ahí el presidente de la DC, Ricardo Salazar, reiteró que los subsidios se encuentran vigentes y deben ser respetados por los vendedores.
En este sentido, Salazar llamó a los comercializadores que han difundido publicaciones sobre la no aplicación de los precios establecidos en el mecanismo de subsidios a no permitir ser sorprendidos por las autoridades y hacerse acreedores a sanciones.
«El sistema de administración de pago de subsidios se encuentra funcionando, se encuentra realizando el financiamiento del subsidio y por lo tanto no hay razón para negar este beneficio que tiene la población salvadoreña», destacó.
Por su parte el director de Hidrocarburos y Minas de la DGEHM, Henry Müller, afirmó que los equipos interinstitucionales se encuentran desplegados en todo el país para corroborar el cumplimento de los subsidios, y que también están verificando el peso de cada cilindro.
Agregó que, desde la implementación de las 11 medidas en marzo de 2022 han realizado más de 14,300 inspecciones. Además, han aplicado más de 75 multas, cuyos valores oscilan entre los $500 y $10,000.
Además informó que, a lo largo de la semana se mantendrá la realización de inspecciones en centros de venta de gas propano a lo largo del país.
En la actualidad, en el país el cilindro de 35 libras se comercializa a $15.50 con subsidio general y $7.46 con subsidio focalizado; mientras el de 25 libras cuesta $11.13 con subsidio general y $3.09 con subsidio focalizado; el tambo de 20 libras tiene un precio de $8.98 con subsidio general y $0.94 con subsidio focalizado, y el 10 libras se comercializa por $4.61 y cero dólares con subsidio focalizado.
La DGEHM ha informado que durante 2022, el Gobierno invirtió $125.1 millones para hacer efectivo los subsidios a este producto.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
