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Gobierno de El Salvador frena a proveedores que pretendían vender gas sin subsidio
Ante las denuncias ciudadanas registradas este martes sobre proveedores de gas licuado de petróleo (GLP) que anunciaron que dejarían de comercializar los cilindros con los subsidios vigentes, las autoridades de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), la Defensoría del Consumidor (DC) y el Ministerio de Hacienda (MH) desplegaron inspecciones en todo el país.
Una de estas verificaciones tuvo lugar en las ventas de gas propano de la colonia Málaga, en San Salvador, desde ahí el presidente de la DC, Ricardo Salazar, reiteró que los subsidios se encuentran vigentes y deben ser respetados por los vendedores.
En este sentido, Salazar llamó a los comercializadores que han difundido publicaciones sobre la no aplicación de los precios establecidos en el mecanismo de subsidios a no permitir ser sorprendidos por las autoridades y hacerse acreedores a sanciones.
«El sistema de administración de pago de subsidios se encuentra funcionando, se encuentra realizando el financiamiento del subsidio y por lo tanto no hay razón para negar este beneficio que tiene la población salvadoreña», destacó.
Por su parte el director de Hidrocarburos y Minas de la DGEHM, Henry Müller, afirmó que los equipos interinstitucionales se encuentran desplegados en todo el país para corroborar el cumplimento de los subsidios, y que también están verificando el peso de cada cilindro.
Agregó que, desde la implementación de las 11 medidas en marzo de 2022 han realizado más de 14,300 inspecciones. Además, han aplicado más de 75 multas, cuyos valores oscilan entre los $500 y $10,000.
Además informó que, a lo largo de la semana se mantendrá la realización de inspecciones en centros de venta de gas propano a lo largo del país.
En la actualidad, en el país el cilindro de 35 libras se comercializa a $15.50 con subsidio general y $7.46 con subsidio focalizado; mientras el de 25 libras cuesta $11.13 con subsidio general y $3.09 con subsidio focalizado; el tambo de 20 libras tiene un precio de $8.98 con subsidio general y $0.94 con subsidio focalizado, y el 10 libras se comercializa por $4.61 y cero dólares con subsidio focalizado.
La DGEHM ha informado que durante 2022, el Gobierno invirtió $125.1 millones para hacer efectivo los subsidios a este producto.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
