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Gobierno anuncia el plan para que los estudiantes puedan acceder al internet gratuito que usarán en las clases
El Gobierno del Presidente Bukele detalló que la estrategia para mantener conectados a estudiantes y docentes del sistema público está en marcha. Tendrán acceso gratuito para poder recibir las clases. La inversión para llevar a cabo todos estos cambios es de $450 millones, todos con fondos propios, confirmó el Presidente.
“Tenemos un nuevo sistema educativo a escala nacional”, dijo el Presidente Bukele. “Hemos revolucionado la manera de aprender y de enseñar”, agregó el jefe de Estado.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Conectividad, que así como cubrirá a todos los centros escolares, también alcanzará a otras instituciones de vocación social.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación, Vladimir Handal, todos los estudiantes van a tener acceso a internet desde los dispositivos que les entregará el Gobierno. Para hacerlo, las autoridades y los operadores de telecomunicaciones activarán las conexiones por zona, iniciando la última semana de febrero.
Así, el jueves 25 de febrero, iniciarán con los estudiantes y docentes en la zona occidental. El proceso consiste en marcar el 2240-2000 y seleccionar la opción que corresponda. Ahí mismo se van a explicar los pasos para poder activar el plan de datos. Luego seguirán con oriente, zona paracentral y finalizarán con San Salvador. “El beneficio está garantizado para todo el año lectivo”, dijo el secretario Hándal.
“Si un padre de familia tiene tres hijos en el sistema público, tendrá tres planes en el mismo celular”, detalló el funcionario.
Cada plan tiene la capacidad de trasmitir la información con una velocidad de hasta 1.5 gigabytes por segundo.
Las computadoras que recibirán todos los alumnos de cuarto grado a segundo año de bachillerato son marca Dell, Hewlett-Packard y Lenovo. Tienen instalado el sistema Windows 10 –el más reciente–, paquete Microsoft Office y, para el caso específico de los futuros bachilleres, la plataforma Platzi. Con este programa, llegarán a un nivel avanzado de inglés, conocido como el B2: comprensión, conversación y dominio de temas abstractos.
Los niños de primera infancia y hasta tercer grado recibirán tablets. Los equipos pasan a ser de cada estudiante que los recibe y cada año se renueva el parque de computadoras con los alumnos de nuevo ingreso.
El Gobierno ha invertido $450 millones en comprar las computadoras, las tabletas y las 1.3 millones de licencias de los programas informáticos que están incorporados. Para que puedan ser de utilidad, Hándal explicó que han estado trabajando en la infraestructura “desde que inició la gestión”.
Para lograr estos objetivos, avanzan en la instalación de 1,061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, alrededor de 600 ya están montados. Luego, dentro de ese subtotal, 220 kilómetros están bajo tierra, en la zona costera.
Otra de las metas es conectar 5,000 centros educativos. FOMILENIO II ha dado un importante respaldo con 218 en la zona costera. Según el secretario de Innovación, otros 400 lo conseguirán en los próximos meses.
Hay 62,000 maestros que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para capacitarse en las plataformas y tecnologías necesarias. Incluso se tiene previsto dar conectividad a 500 centros de salud, como los hospitales.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
