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Gobierno anuncia el plan para que los estudiantes puedan acceder al internet gratuito que usarán en las clases
El Gobierno del Presidente Bukele detalló que la estrategia para mantener conectados a estudiantes y docentes del sistema público está en marcha. Tendrán acceso gratuito para poder recibir las clases. La inversión para llevar a cabo todos estos cambios es de $450 millones, todos con fondos propios, confirmó el Presidente.
“Tenemos un nuevo sistema educativo a escala nacional”, dijo el Presidente Bukele. “Hemos revolucionado la manera de aprender y de enseñar”, agregó el jefe de Estado.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Conectividad, que así como cubrirá a todos los centros escolares, también alcanzará a otras instituciones de vocación social.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación, Vladimir Handal, todos los estudiantes van a tener acceso a internet desde los dispositivos que les entregará el Gobierno. Para hacerlo, las autoridades y los operadores de telecomunicaciones activarán las conexiones por zona, iniciando la última semana de febrero.
Así, el jueves 25 de febrero, iniciarán con los estudiantes y docentes en la zona occidental. El proceso consiste en marcar el 2240-2000 y seleccionar la opción que corresponda. Ahí mismo se van a explicar los pasos para poder activar el plan de datos. Luego seguirán con oriente, zona paracentral y finalizarán con San Salvador. “El beneficio está garantizado para todo el año lectivo”, dijo el secretario Hándal.
“Si un padre de familia tiene tres hijos en el sistema público, tendrá tres planes en el mismo celular”, detalló el funcionario.
Cada plan tiene la capacidad de trasmitir la información con una velocidad de hasta 1.5 gigabytes por segundo.
Las computadoras que recibirán todos los alumnos de cuarto grado a segundo año de bachillerato son marca Dell, Hewlett-Packard y Lenovo. Tienen instalado el sistema Windows 10 –el más reciente–, paquete Microsoft Office y, para el caso específico de los futuros bachilleres, la plataforma Platzi. Con este programa, llegarán a un nivel avanzado de inglés, conocido como el B2: comprensión, conversación y dominio de temas abstractos.
Los niños de primera infancia y hasta tercer grado recibirán tablets. Los equipos pasan a ser de cada estudiante que los recibe y cada año se renueva el parque de computadoras con los alumnos de nuevo ingreso.
El Gobierno ha invertido $450 millones en comprar las computadoras, las tabletas y las 1.3 millones de licencias de los programas informáticos que están incorporados. Para que puedan ser de utilidad, Hándal explicó que han estado trabajando en la infraestructura “desde que inició la gestión”.
Para lograr estos objetivos, avanzan en la instalación de 1,061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, alrededor de 600 ya están montados. Luego, dentro de ese subtotal, 220 kilómetros están bajo tierra, en la zona costera.
Otra de las metas es conectar 5,000 centros educativos. FOMILENIO II ha dado un importante respaldo con 218 en la zona costera. Según el secretario de Innovación, otros 400 lo conseguirán en los próximos meses.
Hay 62,000 maestros que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para capacitarse en las plataformas y tecnologías necesarias. Incluso se tiene previsto dar conectividad a 500 centros de salud, como los hospitales.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
