Nacionales
Gobierno anuncia el plan para que los estudiantes puedan acceder al internet gratuito que usarán en las clases
El Gobierno del Presidente Bukele detalló que la estrategia para mantener conectados a estudiantes y docentes del sistema público está en marcha. Tendrán acceso gratuito para poder recibir las clases. La inversión para llevar a cabo todos estos cambios es de $450 millones, todos con fondos propios, confirmó el Presidente.
“Tenemos un nuevo sistema educativo a escala nacional”, dijo el Presidente Bukele. “Hemos revolucionado la manera de aprender y de enseñar”, agregó el jefe de Estado.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Conectividad, que así como cubrirá a todos los centros escolares, también alcanzará a otras instituciones de vocación social.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación, Vladimir Handal, todos los estudiantes van a tener acceso a internet desde los dispositivos que les entregará el Gobierno. Para hacerlo, las autoridades y los operadores de telecomunicaciones activarán las conexiones por zona, iniciando la última semana de febrero.
Así, el jueves 25 de febrero, iniciarán con los estudiantes y docentes en la zona occidental. El proceso consiste en marcar el 2240-2000 y seleccionar la opción que corresponda. Ahí mismo se van a explicar los pasos para poder activar el plan de datos. Luego seguirán con oriente, zona paracentral y finalizarán con San Salvador. “El beneficio está garantizado para todo el año lectivo”, dijo el secretario Hándal.
“Si un padre de familia tiene tres hijos en el sistema público, tendrá tres planes en el mismo celular”, detalló el funcionario.
Cada plan tiene la capacidad de trasmitir la información con una velocidad de hasta 1.5 gigabytes por segundo.
Las computadoras que recibirán todos los alumnos de cuarto grado a segundo año de bachillerato son marca Dell, Hewlett-Packard y Lenovo. Tienen instalado el sistema Windows 10 –el más reciente–, paquete Microsoft Office y, para el caso específico de los futuros bachilleres, la plataforma Platzi. Con este programa, llegarán a un nivel avanzado de inglés, conocido como el B2: comprensión, conversación y dominio de temas abstractos.
Los niños de primera infancia y hasta tercer grado recibirán tablets. Los equipos pasan a ser de cada estudiante que los recibe y cada año se renueva el parque de computadoras con los alumnos de nuevo ingreso.
El Gobierno ha invertido $450 millones en comprar las computadoras, las tabletas y las 1.3 millones de licencias de los programas informáticos que están incorporados. Para que puedan ser de utilidad, Hándal explicó que han estado trabajando en la infraestructura “desde que inició la gestión”.
Para lograr estos objetivos, avanzan en la instalación de 1,061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, alrededor de 600 ya están montados. Luego, dentro de ese subtotal, 220 kilómetros están bajo tierra, en la zona costera.
Otra de las metas es conectar 5,000 centros educativos. FOMILENIO II ha dado un importante respaldo con 218 en la zona costera. Según el secretario de Innovación, otros 400 lo conseguirán en los próximos meses.
Hay 62,000 maestros que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para capacitarse en las plataformas y tecnologías necesarias. Incluso se tiene previsto dar conectividad a 500 centros de salud, como los hospitales.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
