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Gobierno anuncia el plan para que los estudiantes puedan acceder al internet gratuito que usarán en las clases
El Gobierno del Presidente Bukele detalló que la estrategia para mantener conectados a estudiantes y docentes del sistema público está en marcha. Tendrán acceso gratuito para poder recibir las clases. La inversión para llevar a cabo todos estos cambios es de $450 millones, todos con fondos propios, confirmó el Presidente.
“Tenemos un nuevo sistema educativo a escala nacional”, dijo el Presidente Bukele. “Hemos revolucionado la manera de aprender y de enseñar”, agregó el jefe de Estado.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Conectividad, que así como cubrirá a todos los centros escolares, también alcanzará a otras instituciones de vocación social.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación, Vladimir Handal, todos los estudiantes van a tener acceso a internet desde los dispositivos que les entregará el Gobierno. Para hacerlo, las autoridades y los operadores de telecomunicaciones activarán las conexiones por zona, iniciando la última semana de febrero.
Así, el jueves 25 de febrero, iniciarán con los estudiantes y docentes en la zona occidental. El proceso consiste en marcar el 2240-2000 y seleccionar la opción que corresponda. Ahí mismo se van a explicar los pasos para poder activar el plan de datos. Luego seguirán con oriente, zona paracentral y finalizarán con San Salvador. “El beneficio está garantizado para todo el año lectivo”, dijo el secretario Hándal.
“Si un padre de familia tiene tres hijos en el sistema público, tendrá tres planes en el mismo celular”, detalló el funcionario.
Cada plan tiene la capacidad de trasmitir la información con una velocidad de hasta 1.5 gigabytes por segundo.
Las computadoras que recibirán todos los alumnos de cuarto grado a segundo año de bachillerato son marca Dell, Hewlett-Packard y Lenovo. Tienen instalado el sistema Windows 10 –el más reciente–, paquete Microsoft Office y, para el caso específico de los futuros bachilleres, la plataforma Platzi. Con este programa, llegarán a un nivel avanzado de inglés, conocido como el B2: comprensión, conversación y dominio de temas abstractos.
Los niños de primera infancia y hasta tercer grado recibirán tablets. Los equipos pasan a ser de cada estudiante que los recibe y cada año se renueva el parque de computadoras con los alumnos de nuevo ingreso.
El Gobierno ha invertido $450 millones en comprar las computadoras, las tabletas y las 1.3 millones de licencias de los programas informáticos que están incorporados. Para que puedan ser de utilidad, Hándal explicó que han estado trabajando en la infraestructura “desde que inició la gestión”.
Para lograr estos objetivos, avanzan en la instalación de 1,061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, alrededor de 600 ya están montados. Luego, dentro de ese subtotal, 220 kilómetros están bajo tierra, en la zona costera.
Otra de las metas es conectar 5,000 centros educativos. FOMILENIO II ha dado un importante respaldo con 218 en la zona costera. Según el secretario de Innovación, otros 400 lo conseguirán en los próximos meses.
Hay 62,000 maestros que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para capacitarse en las plataformas y tecnologías necesarias. Incluso se tiene previsto dar conectividad a 500 centros de salud, como los hospitales.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
