Nacionales
Gobierno anuncia el plan para que los estudiantes puedan acceder al internet gratuito que usarán en las clases
El Gobierno del Presidente Bukele detalló que la estrategia para mantener conectados a estudiantes y docentes del sistema público está en marcha. Tendrán acceso gratuito para poder recibir las clases. La inversión para llevar a cabo todos estos cambios es de $450 millones, todos con fondos propios, confirmó el Presidente.
“Tenemos un nuevo sistema educativo a escala nacional”, dijo el Presidente Bukele. “Hemos revolucionado la manera de aprender y de enseñar”, agregó el jefe de Estado.
Esta iniciativa es parte del Plan Nacional de Conectividad, que así como cubrirá a todos los centros escolares, también alcanzará a otras instituciones de vocación social.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Innovación, Vladimir Handal, todos los estudiantes van a tener acceso a internet desde los dispositivos que les entregará el Gobierno. Para hacerlo, las autoridades y los operadores de telecomunicaciones activarán las conexiones por zona, iniciando la última semana de febrero.
Así, el jueves 25 de febrero, iniciarán con los estudiantes y docentes en la zona occidental. El proceso consiste en marcar el 2240-2000 y seleccionar la opción que corresponda. Ahí mismo se van a explicar los pasos para poder activar el plan de datos. Luego seguirán con oriente, zona paracentral y finalizarán con San Salvador. “El beneficio está garantizado para todo el año lectivo”, dijo el secretario Hándal.
“Si un padre de familia tiene tres hijos en el sistema público, tendrá tres planes en el mismo celular”, detalló el funcionario.
Cada plan tiene la capacidad de trasmitir la información con una velocidad de hasta 1.5 gigabytes por segundo.
Las computadoras que recibirán todos los alumnos de cuarto grado a segundo año de bachillerato son marca Dell, Hewlett-Packard y Lenovo. Tienen instalado el sistema Windows 10 –el más reciente–, paquete Microsoft Office y, para el caso específico de los futuros bachilleres, la plataforma Platzi. Con este programa, llegarán a un nivel avanzado de inglés, conocido como el B2: comprensión, conversación y dominio de temas abstractos.
Los niños de primera infancia y hasta tercer grado recibirán tablets. Los equipos pasan a ser de cada estudiante que los recibe y cada año se renueva el parque de computadoras con los alumnos de nuevo ingreso.
El Gobierno ha invertido $450 millones en comprar las computadoras, las tabletas y las 1.3 millones de licencias de los programas informáticos que están incorporados. Para que puedan ser de utilidad, Hándal explicó que han estado trabajando en la infraestructura “desde que inició la gestión”.
Para lograr estos objetivos, avanzan en la instalación de 1,061 kilómetros de fibra óptica, de los cuales, alrededor de 600 ya están montados. Luego, dentro de ese subtotal, 220 kilómetros están bajo tierra, en la zona costera.
Otra de las metas es conectar 5,000 centros educativos. FOMILENIO II ha dado un importante respaldo con 218 en la zona costera. Según el secretario de Innovación, otros 400 lo conseguirán en los próximos meses.
Hay 62,000 maestros que cuentan con el apoyo del Ejecutivo para capacitarse en las plataformas y tecnologías necesarias. Incluso se tiene previsto dar conectividad a 500 centros de salud, como los hospitales.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
