Judicial
FOTOS Y VIDEOS: Así terminó en Zacatras el exdiputado Silva
Inmediatamente después que el exdiputado Carlos Roberto Silva Pereira llegara a tierras salvadoreñas en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, mejor conocido como «Zacatraz».
Dicha medida fue dispuesta por las autoridades penitenciarias y por orden del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, principalmente para resguardar su seguridad.
Esta detención se logró por la constante y efectiva coordinación entre Interpol El Salvador y la Oficina de Detención y Deportación (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Luego que Silva Pereira fue deportado en horas de la tarde de los Estados Unidos y desde que se anunció su llegada, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) duplicaron las medidas de seguridad a fin de evitar que desconocidos atententaran contra su persona.
Al operativo policial se unió el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas y el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quienes supervisaron el
procedimiento de reclusión del exdiputado.
Roberto Carlos Silva Pereira era el propietario de una empresa constructora y en el 2005 ofertó servicios de construcción de caminos a alcaldías del país, proponiendo contratos fraudulentos para ser favorecido en las adjudicaciones, entregando posteriormente dinero como soborno.
El 5 de octubre de 2007, Silva Pereira fue detenido en el estado de Arizona, en Estados Unidos por oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego que ingresara de forma irregular a ese país. Estuvo bajo custodia de las autoridades de la Oficina de ICE.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
