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Flujo elevado de turistas entrando y saliendo del país en este periodo de Semana Santa
A solo dos días de las vacaciones de Semana Santa 2018, la División de Seguridad Fronteriza, de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta un alto flujo de personas saliendo e ingresando al país en las fronteras de Las Chinamas y La Hachadura, en Ahuachapán, El Amatillo, en La Unión, Angiuatu, en Santa Ana y El Poy, en Chalatenango.
Por dicha razón, más de 800 policías han sido desplegados en las diferentes fronteras con el objetivo de generar un clima de seguridad y tranquilidad a todos los usuarios de esas fronteras, además, se desarrollan controles vehiculares orientados a la seguridad en las carreteras de acceso.
La División juega un rol importante y es uno de los ejes principales del Plan de Seguridad de la institución policial, como lo expuso el Director General, Comisionado Howard Cotto, en la conferencia de prensa ofrecida por la Comisión Nacional de Protección Civil en el lanzamiento oficial del Plan Verano 2018.
Según datos proporcionado por la Dirección General de Migración y Extranjería, solo el primer día de vacaciones, sábado 24 de marzo, se registró un ingresó de 13,252 personas y salida de 19,376, esperando un incremento en los próximos días.
La institución policial en coordinación con las direcciones generales de Migración, Adunas y Asuntos Fronterizos, están comprometidas en garantizar el paso ágil y seguro de personas nacionales y extranjeras, mercancías y medios de transporte, a través de todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
Asimismo, la División Antinarcóticos (DAN) y Seguridad Fronteriza se enfocan en el combate de los delitos transnacionales como el tráfico de droga, armas, el tráfico ilegal de personas, el contrabando de mercadería entre otros.
Las dos divisiones cuentan con personal altamente especializado para detectar ilícitos y documentos que no cumplen con lo establecido por las leyes fiscales y migratorias.
La Policía de manera incansable trabaja las 24 horas del día con el objetivo que locales y extranjeros puedan disfrutar de este periodo vacacional en el país, la operatividad se mantendrá de forma constante en las diferentes fronteras.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
