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Fiscalía recuperó más de $22 millones para el Estado salvadoreño en 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) recuperó por las vías judicial y administrativa más de $22 millones para las arcas del Estado entre enero y noviembre de 2022. Desde la llegada del fiscal general, Rodolfo Delgado, en mayo de 2019, los ingresos redimidos aumentaron y se totalizan en más de $34 millones debido al trabajo con el Ministerio de Hacienda (MH) y otras entidades gubernamentales.
En su informe de 2022, el ministerio público detalla que entre 2019 y noviembre de 2022 recuperaron $51,475,617, siendo este año cuando el monto ascendió a $22,162,808; para 2021 fue de $ 12, 223,843, mientras que en 2019 totalizó $11,019,849, y en 2020 esa cifra cayó a los $6,069,843.
La Fiscalía da cuenta de que en 2022 los montos ingresaron a través de la Dirección General de Tesorería (DGT) del MH y ascendieron a $21,731.759; por entidades Afectadas, $51,413, y por apropiación de cuotas laborales fueron $379,636.}
La puesta en marcha del Plan Antievasión de Hacienda desde 2019 ha permitido acelerar las investigaciones por parte de la FGR por el delito de evasión de impuestos a escala nacional. Prueba de ello es que los casos pasaron de 17 en 2019 a 33 en 2020, y hasta el 31 de agosto de 2021 se reportaron 48.
Cada jueves, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez, interponen avisos ante el ministerio público contra los supuestos evasores, con lo que buscan recuperar y devolver a las arcas del Estado los impuestos evadidos por empresas y comerciantes.
En el marco de la estrategia denominada Jueves de Evasores, la Dirección General de Impuestos Internos ha presentado un total de 136 casos por supuestos delitos al fisco por un monto de $123.4 millones, y la Dirección General de Aduanas, ocho avisos por $28 millones.
Desde la implementación del Plan, Hacienda ha avisado al ministerio público sobre los casos donde hay sospechas de este delito, y hasta la fecha, de acuerdo con datos oficiales, la estrategia ha identificado y recuperado más de $800 millones.
El ministro de Hacienda afirmó que el combate de la evasión fiscal que lidera el Gobierno del presidente Nayib Bukele generaría un ingreso adicional al país de más de $2,000 millones al finalizar 2022.
Apropiación de cuotas laborales Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta de que, entre enero de 2018 y enero de 2022, recibió 1,839 denuncias contra personas acusadas por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales (ISSS y AFP) y por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias (impuesto sobre la renta).
Del total, 1,785 denuncias han sido presentadas contra empresarios que han descontado las cuotas de ISSS y de AFP, pero no han realizado los respectivos depósitos; las restantes 54 han sido contra empresarios que no han declarado el impuesto sobre la renta descontado a sus empleados.
En julio de 2022 detuvieron a Alejandro Arturo Guerra Valle, representante legal de las empresas Siedes, S. A. de C. V., y Siedes de El Salvador, S. A. de C. V., por retener $243,834.69 de las cuotas laborales correspondientes a AFP, IPSFA e ISSS de los trabajadores de esas empresas.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
