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FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»
El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.
La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.
La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.
Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.
El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».
Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.
También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.
Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.
Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.
La sesión se reanudará el próximo lunes.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en la colonia San José, Soyapango.
En el lugar, un motociclista resultó lesionado tras accidentarse. Los paramédicos brindaron asistencia al hombre, quien presentaba varias lesiones en su cuerpo.
Luego de ser estabilizado, los equipos de primera respuesta trasladaron al motociclista a un centro médico cercano.y
Dos rastras colisionaron en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el occidente del territorio nacional.
Tras el fuerte impacto, una de las rastras se estrelló contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera.
La segunda rastra quedó a un costado de la carretera que conduce hacia Metapán y la frontera Anguiatú.
Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban orientando la circulación en la zona, debido a que uno de los carriles permanecía bloqueado.
La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.
De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
