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FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»
El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.
La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.
La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.
Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.
El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».
Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.
También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.
Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.
Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.
La sesión se reanudará el próximo lunes.
Un trabajador de la construcción quedó soterrado la mañana de este día tras un alud de tierra ocurrido en una obra privada que se ejecuta en el sector del by pass de Osicala, departamento de Morazán.
El incidente movilizó a personal de la Oficina Distrital, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a otros trabajadores del proyecto, quienes realizaron labores inmediatas de rescate para liberar al afectado.
Luego de ser auxiliado, el trabajador fue identificado como Fidel y trasladado al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde recibe atención médica. De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el lesionado se encontraba estable al momento de su traslado.
Las autoridades mantienen las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad laboral en obras de construcción.
Principal
Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
