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FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»
El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.
La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.
La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.
Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.
El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».
Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.
También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.
Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.
Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.
La sesión se reanudará el próximo lunes.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
