Nacionales
FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»
El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.
La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.
La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.
Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.
El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».
Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.
También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.
Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.
Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.
La sesión se reanudará el próximo lunes.
La Dirección de Albergues, en coordinación con la organización Médicos del Mundo, entregó insumos de primera necesidad en la Casa de Retiros Padre Antonio Conte, ubicada en el barrio El Calvario, distrito de Alegría, Usulután Norte.
La entrega tiene como objetivo fortalecer la atención y el cuidado de las personas albergadas, como parte de las acciones preventivas ante la alerta por lluvias.
Además, con el apoyo del Ministerio de Salud y el Instituto Crecer Juntos, se brinda atención médica y acompañamiento psicosocial para garantizar un servicio integral a las familias.
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de El Salvador de proteger y garantizar el bienestar de la población ante emergencias climáticas.
Un autobús de la ruta 216 estuvo a punto de caer a un barranco en la zona del desvío El Conejo, en Juayúa, departamento de Sonsonate.
De acuerdo con reportes preliminares, la rápida reacción del conductor evitó una tragedia mayor, al lograr maniobrar la unidad y evitar que se precipitara al vacío.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para asistir a los pasajeros y asegurar el área. Algunos de los ocupantes sufrieron crisis nerviosas y golpes leves.
Las autoridades informaron que en las próximas horas se brindará un reporte oficial sobre el incidente.
Economia
Defensoría del Consumidor refuerza vigilancia y buenas prácticas comerciales en El Salvador
La Defensoría del Consumidor (DC) continúa fortaleciendo su labor de supervisión y promoción de buenas prácticas comerciales en todo el país. Según Ricardo Salazar, presidente de la institución, cerca de 700 establecimientos a nivel nacional aplican al menos uno de los tres programas de cumplimiento diseñados para proteger los derechos de los consumidores.
Uno de los programas más destacados es “Aquí se respeta el derecho de los consumidores”, que busca prevenir prácticas como la venta de productos vencidos, la publicidad engañosa y la falta de información en promociones y ofertas. Además, fomenta que los precios sean claramente visibles para los clientes, conforme a la normativa vigente.
Otro grupo de empresas participa en el programa del sello de garantías de plataformas electrónicas, que certifica que los comercios en línea cumplen con estándares de transparencia, seguridad y atención al cliente, fortaleciendo la confianza en las transacciones digitales.
En lo que va del año, la Defensoría ha ejecutado más de 3,000 procedimientos de inspección en todo el territorio nacional, detectando que entre un 25 % y un 30 % de los hallazgos corresponden a prácticas abusivas, detalló Salazar.
El funcionario destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos impulsados por el presidente Nayib Bukele desde 2019 para garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales en condiciones justas. Además, resaltó los avances normativos logrados bajo la actual administración, con cinco de las seis reformas a la Ley de Protección al Consumidor ya aprobadas.
Con estas medidas, la Defensoría del Consumidor refuerza su compromiso de proteger los derechos de la población y promover una cultura empresarial basada en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa que asegura un mercado más justo y equilibrado.
