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FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»
El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.
La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.
La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.
Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.
El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».
Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.
También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.
Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.
Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.
La sesión se reanudará el próximo lunes.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a los colombianos Luis Alberto Cuero, Yulian Duván Ortiz y Herminsuk Victoria Gamboa, por el delito de tráfico ilícito. Historia
Los ahora condenados fueron capturados el 23 de noviembre de 2024, durante una intervención realizada por la Marina Nacional a una lancha localizada a 406 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz, en la cual transportaban 2,000 kilos de cocaína.
La droga está valorada en más de $50 millones. En la vista pública se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, con base en las cuales el tribunal declaró responsables a los imputados.
