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FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»

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El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.

La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.

La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.

Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.

El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».

Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.

También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.

Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.

Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.

La sesión se reanudará el próximo lunes.

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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”

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A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.

Tres citas clave de Reynaldo Alvergue

  1. Sobre la posibilidad de renovación
“La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
  2. Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial
“Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
  3. Sobre el fallo judicial de inicios de agosto
“Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.

Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.

Contexto y situación actual del TPS

El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.

Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.

En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:

  • El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
  • El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.

¿Qué sigue?

La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.

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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador

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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.

Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.

Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.

De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.

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PNC captura a sujeto que tenía dos órdenes de captura en Santa Rosa de Lima

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.

De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.

La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.

El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.

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