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Nacionales

FGR: «Romero usó a familiares para ocultar dinero»

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El requerimiento fiscal presentado a la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa contra el diputado de ARENA Alberto Armando Romero ha expuesto a la luz pública las estrategias que el legislador implementó para no dejar rastros financieros de recursos no justificados.

La comisión especial completó ayer su proceso de instalación y sus miembros conocieron el requerimiento remitido con las pruebas correspondientes.

Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Romero, quien permanece retenido en las oficinas legislativas de la fracción tricolor, habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito al no poder justificar el ingreso de más de $1 millón y el de lavado de dinero y activos, ya que implementó mecanismos de evasión para que el dinero no pudiera ser rastreado.

La FGR asegura que la esposa de Alberto Romero recibió grandes cantidades de fondos, mismos que no tienen un origen lícito ni rastreable, al no tener un empleo ni un negocio formal.

Estas transacciones, a fin de evitar la relación directa con el legislador tricolor, las efectuaban empleados de la Asamblea Legislativa adscritos a la fracción del partido ARENA.

El requerimiento detalla que las operaciones fueron hechas con conocimiento de causa y de forma directa con tal de evadir el rastreo, ya que incluso el diputado conoce sobre la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos al haber aprobado reformas; «por tanto, concluye la Fiscalía, obró de forma consciente y voluntaria».

Los diputados de la comisión especial acordaron que todo el proceso de antejuicio que ventilan se divida en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas.

También juramentaron a José López como notificador, tal cual establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para procesos de desafuero.

Además, se recibió un escrito del abogado Ernesto Alfredo Parada, quien expuso que es el apoderado legal del diputado Romero y que asumía desde ese momento la defensa en el proceso de antejuicio.

Los diputados de la comisión acordaron declararse en sesión abierta permanente hasta que se emita un dictamen sobre la solicitud de antejuicio y petición de desafuero.

La sesión se reanudará el próximo lunes.

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El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA

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En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.

El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».

Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.

«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.

La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.

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Interpol quita notificación roja contra expresidente Alfredo Cristiani

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La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».

Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».

Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.

Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.

En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.

El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.

Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.

Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.

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BCR abre más de 1,400 plazas de trabajo con salarios de hasta $1,000

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El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.

Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.

Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.

Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.

Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.

Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.

Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.

Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.

Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.

Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.

Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.

En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.

El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.

Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.

Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.

El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes

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