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FGR afirma que Graciela Ramírez recibió más de 50 puñaladas por su prometido
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, brindó detalles esta mañana de miércoles sobre los hechos que suscitaron en la muerte de Graciela Ramírez, atacada por motivos de celos por su propio prometido, José Héctor Turcios Otero.
Datos de medicina legal arrojaron que fueron 56 puñaladas las que recibió Graciela Ramírez de mano de Turcios, con quien estaba a punto de contraer matrimonio.
Según la investigación Otero y Ramírez se encontraron en horas de la noche del 12 de febrero y se dirigieron a un bar de la zona para departir bebidas alcoholicas, algo que provocó una discusión entre ambos.
Meléndez señaló que la discusión se prolongó hasta la zona cercana de la casa del imputado, lugar en el que la comenzó a golpear, esto al parecer por la forma en la que la mujer decidió cortar la relación.
Luego de propinarle una serie de golpes, el hombre tiró a Ramírez sobre una plancha de cemento en la acera de la casa, en la que comenzó a causarle heridas con un cuchillo que tenía en su poder y con el que la siguió hasta la zona en la que fue encontrado su cuerpo.
El jefe del ministerio público señaló que «Hemos encontrado en varios casos de Feminicidio un patrón donde el victimario es un mantenido. No trabajaba. Igual situación se ha dado en otros casos como el de Karla Turcios, Rosa Bonilla y otros».
Testigos del hecho señalaron que llamaron en repetidas ocasiones para denunciar la agresión de la que era víctima la mujer «la policía no llegó nunca. A pesar que, desde el momento de la primera llamada al instante de la muerte, paso más de media hora».
Meléndez dijo que la coartada inventada por el imputado -quien asegura que no veía a su pareja desde hacia dos días- ha quedado descartada e incluso aseguró que «hemos verificado, que el imputado tenía el chip del teléfono de la víctima, al momento de la captura».
Por: El Salvador Times
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que al asumir el cargo implementará el denominado «modelo Bukele» para reestablecer la seguridad de su país, con medidas que garanticen la integridad de los ciudadanos.
Durante una entrevista con la cadena DW Español, Fernández manifestó ser admiradora del presidente Nayib Bukele y de sus políticas públicas en materia seguridad.
«Sí, señor, lo voy a replicar», respondió al ser cuestionada sobre si implementará durante su mandato las estrategias que han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.
Fernández añadió: «¿Qué admiro yo del modelo de Nayib Bukele?, admiro que logró con su cárcel de máxima seguridad desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado».
Ejemplificó que en Costa Rica si una persona condenada por narcotráfico va a la cárcel, a pesar de estar detenida sigue conectada con las bandas criminales. Asimismo, dijo que, por falta de una cárcel con verdaderos controles, los detenidos siguen operando en redes de crimen organizado.
«Eso es lo que quiero copiar del modelo de Nayib Bukele, esa parte de cómo ellos lograron con ese modelo de administración carcelaria cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias costarricenses», enfatizó la presidenta electa.
Fernández, quien asumirá el Ejecutivo costarricense en mayo próximo, cuestionó el rol de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de los detenidos y no de las víctimas.
«A mí me llama la atención que muchas organizaciones internacionales se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no se preocupen de la misma manera y proporcionalmente por los derechos humanos de las víctimas que asesinaron esos criminales. Yo admiro los resultados obtenidos en El Salvador y hay cosas que quiero replicar en Costa Rica, y hay cosas que ya se están replicando», aseveró.
En enero pasado el presidente tico Rodrigo Chaves y Nayib Bukele colocaron la primera piedra para la construcción del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), proyecto basado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, como iniciativa para el combate al crimen en el país centroamericano.
Por la mañana el cielo estará poco nublado. Durante la tarde, se prevén lluvias, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de la zona centro y oriente, con énfasis en los departamentos de San Miguel y Usulután. En la noche, es posible alguna lluvia puntual en la zona oriental.
Ingresarán Vientos Nortes variando de 10 a 20 km/h, con ráfagas ocasionales entre 40 y 65 km/h, más notables en la noche y en zonas altas y descampadas del occidente del país.
Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde, y fresco en la noche y en la madrugada.
La principal influencia será el ingreso de Vientos Nortes y flujo acelerado del noreste, acumulando humedad, que apoya la formación de nubosidad que genera lluvias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
