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FGR afirma que Graciela Ramírez recibió más de 50 puñaladas por su prometido
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, brindó detalles esta mañana de miércoles sobre los hechos que suscitaron en la muerte de Graciela Ramírez, atacada por motivos de celos por su propio prometido, José Héctor Turcios Otero.
Datos de medicina legal arrojaron que fueron 56 puñaladas las que recibió Graciela Ramírez de mano de Turcios, con quien estaba a punto de contraer matrimonio.
Según la investigación Otero y Ramírez se encontraron en horas de la noche del 12 de febrero y se dirigieron a un bar de la zona para departir bebidas alcoholicas, algo que provocó una discusión entre ambos.
Meléndez señaló que la discusión se prolongó hasta la zona cercana de la casa del imputado, lugar en el que la comenzó a golpear, esto al parecer por la forma en la que la mujer decidió cortar la relación.
Luego de propinarle una serie de golpes, el hombre tiró a Ramírez sobre una plancha de cemento en la acera de la casa, en la que comenzó a causarle heridas con un cuchillo que tenía en su poder y con el que la siguió hasta la zona en la que fue encontrado su cuerpo.
El jefe del ministerio público señaló que «Hemos encontrado en varios casos de Feminicidio un patrón donde el victimario es un mantenido. No trabajaba. Igual situación se ha dado en otros casos como el de Karla Turcios, Rosa Bonilla y otros».
Testigos del hecho señalaron que llamaron en repetidas ocasiones para denunciar la agresión de la que era víctima la mujer «la policía no llegó nunca. A pesar que, desde el momento de la primera llamada al instante de la muerte, paso más de media hora».
Meléndez dijo que la coartada inventada por el imputado -quien asegura que no veía a su pareja desde hacia dos días- ha quedado descartada e incluso aseguró que «hemos verificado, que el imputado tenía el chip del teléfono de la víctima, al momento de la captura».
Por: El Salvador Times
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
