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Nacionales

Expresidente de CSJ, Óscar Pineda Navas, denunciado en FGR por Prevaricato y Actos Arbitrarios por engavetar las solicitudes de Habeas Corpus por más de 4 años, será interrogado en Asamblea

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Alexia Rivas, la diputada presidenta de la Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales (ONG), adelantó que el próximo viernes 16 de julio someterán al escrutinio público al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exgerente de Operaciones Legislativas.

“Continuando con las investigaciones de la Comisión ONG’s, este próximo viernes hemos citado como personas de interés a: Ex Dip Lorena Peña, Ex Dip Carmen Elena de Escalón, Armando Pineda Navas Ex Gerente de Operaciones. Jorge Estrada Ex Jefe de Técnicos”, anunció la diputada Alexia Rivas en su perfil oficial de Twitter.

Tras las confesiones del hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, para los diputados miembros de la citada Comisión Especial es evidente que Óscar Armando Pineda Navas pudo frenar lo que él dejó entrever que son irregularidades, pero no lo hizo y se plegó a las órdenes de los presidentes y presidentas de la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, Óscar Armado Pineda Navas ha sido denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones viciadas y no apegadas a derecho, haciendo lo que los denunciantes describieron como “justicia selectiva”.

Entre los delitos que se atribuyen al expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, están: la omisión de la aplicación de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), que concluyó que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y a quien además se le vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.

El GDTA de ONU resolvió durante su 89° período de sesiones, comprendido entre el 23 y 27 de noviembre de 2020, que “la privación de libertad del Sr. José Aquiles Enrique Rais López es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos inscribiéndose en las categorías I y III”, reza la resolución.

Pineda Navas como presidente de la Corte Suprema de Justicia no solo omitió dar cumplimiento a lo resuelto por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otras reparaciones, conforme al derecho internacional, sino que tampoco emprendió ninguna investigación contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raul Melara, también destituido por la Asamblea Legislativa, quienes fabricaron pruebas y mantuvieron una persecución ilegal contra el empresario.

“El Grupo de Trabajo instó a que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de señor José Aquiles Enrique Rais López y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, explicó uno de los abogados de Enrique Rais.

Adicionalmente, los abogados del señor Enrique Rais denunciaron que el hoy extitular del Órgano Judicial falló a su juramento al mantener “engavetados” por cuatro años los recursos de habeas corpus que ellos interpusieron haciendo uso del derecho que les confiere la Constitución, lo que calificaron de una clara “retardación de la justicia”.

El delito de actos arbitrarios en el que habría incurrido el exmagistrado Pineda Navas está tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reza: “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.

Mientras que el delito de incumplimiento de deberes se ampara en el artículo 321 del mismo código, en el que se detalla que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.

Siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Navas, era el principal encargado de velar y garantizar una “pronta y cumplida justicia”; sin embargo, el exmagistrado asumió de manera individual funciones y potestades colegiadas que corresponden a Corte Plena y no al presidente del Órgano Judicial reclamaron los abogados del empresario.

La denuncia contra Armando Pineda Navas reitera que el exmagistrado habría vulnerado el “Principio de Vinculación Positiva”, en la que se reafirma que los “funcionarios de Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”, subrayó en su momento uno de los abogados del señor Enrique Rais.

De manera que el próximo viernes, Óscar Armando Pineda Navas tendrá que responder a los miembros de la Comisión Especial por qué no hizo nada, cuando los dictámenes emitidos en la Comisión de Hacienda eran modificados por el titular de turno del Órgano Legislativo y se alteraban los montos de las asignaciones a las ONG y después dichos dictámenes eran aprobados en el pleno por los demás diputados que desconocían el contenidos lo que estaban aprobando.

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Economia

Coexport y la Cámara Peruana abren un puente para llevar franquicias a Centroamérica y Sudamérica

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La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Peruana de Franquicias firmaron un acuerdo marco de cooperación para mover marcas en las dos direcciones. La iniciativa, llamada Puente Empresarial Perú–El Salvador, busca que las franquicias salvadoreñas entren a Perú y Sudamérica, y que las peruanas amplíen su presencia en El Salvador y Centroamérica. El convenio lo suscribieron Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, y Fran Sattler, presidente de la cámara peruana.

El puente no se limita a abrir locales. Contempla franquicias, licenciamiento, representación comercial, distribución, asociaciones e inversión conjunta. También incluye una ventanilla binacional, capacitación en franquicias, propiedad intelectual y comercio exterior, misiones recíprocas, ruedas de negocios y participación conjunta en ferias. “Vamos a trabajar ambos para que nuestras franquicias puedan desarrollarse y llevarlas a mercados exteriores”, dijo Cuéllar.

El punto de partida es estrecho. Coexport tiene identificadas entre 27 y 30 empresas salvadoreñas en condiciones de franquiciar, pero solo cinco o seis se han instalado fuera del país. El acuerdo apunta a cerrar esa brecha con preparación previa: condiciones comerciales, competencia, hábitos de consumo y adaptación del modelo sin perder la identidad de la marca. Perú entra como socio por su experiencia en el sector y porque ya hay marcas peruanas operando en El Salvador.

El abanico local incluye restaurantes, hoteles, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, bebidas, pizzerías y establecimientos de belleza, además de carritos, puntos de venta móviles y negocios de boletería y eventos. La primera etapa propone un piloto de hasta 10 empresas por país y el encuentro Perú–El Salvador Franchise & Investment Summit, con franquicias, exportadores, inversionistas, operadores, bancos, desarrolladores y autoridades.

La meta, en los 12 meses posteriores a la firma, es concreta: acuerdos de representación, inversión o establecimiento, al menos 20 empresas con potencial de internacionalización, una rueda binacional y misiones en ambos países. El convenio no garantiza locales abiertos. Lo que abre es la ruta para que una marca salvadoreña use Perú como puerta a Sudamérica, y una peruana use El Salvador como entrada a Centroamérica.

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Principal

Joven queda grave tras ser arrollado por un Toyota Cross en la carretera al Puerto de La Libertad

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Un joven resultó gravemente lesionado la tarde de este jueves tras ser arrollado por un Toyota Cross, placas P47 1B4, sobre la carretera al Puerto de La Libertad. El Blog ubicó el hecho alrededor de la 1:15 de la tarde. Cámaras de seguridad de un negocio captaron el momento en que el vehículo se sale del carril y se lleva de encuentro al muchacho, que estaba con otras personas.

Cruz Verde Salvadoreña llegó al lugar y lo trasladó a un hospital cercano. Tiene múltiples fracturas y, de forma extraoficial, se conoció que fue intervenido quirúrgicamente. Ni el centro asistencial ni el nombre de la víctima han sido confirmados.

Videos que circulan desde la tarde sitúan el atropello en el kilómetro 15, a la altura del cantón Ayagualo, en el tramo del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, y señalan que el conductor no se detuvo. Las placas que se leen en esas imágenes coinciden con las del clip difundido por El Blog. Hasta el cierre de esta nota no hay un comunicado de la Policía Nacional Civil ni del Viceministerio de Transporte que identifique al responsable.

La familia pide apoyo para dar con el conductor y que asuma las consecuencias. Quien tenga datos puede comunicarlos a los familiares o a las autoridades. El llamado es a localizar el vehículo, no a difundir nombres sin verificación.

La carretera al Puerto ya registró otro atropello grave esta semana: el lunes, una mujer murió en el kilómetro 28, zona de El Cimarrón, según Cruz Roja. Son hechos distintos, pero dejan el mismo corredor bajo atención. En el caso del joven, lo confirmado es el impacto, el traslado y las fracturas. La identidad del conductor sigue abierta.

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Judicial

FGR y PNC desarticulan red que movía cocaína de Nicaragua a Guatemala por El Salvador

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La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.

La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.

En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.

El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.

La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.

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