Una crisis nerviosa sufrió esta mañana el grupo de seis testigos criteriados que el ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y su equipo en el caso Corruptela, cuando se presentó de forma voluntaria a la sede fiscal de San Benito para conocer su estado en el proceso. 

El grupo de cuatro ex fiscales y dos empleados administrativos llegó con el objetivo de someterse al debido proceso, luego de que el Juzgado 7º de Paz que les revocó el criterio de oportunidad, al que ellos mismos renunciaron.

Según el abogado del grupo, Alirio Ayala, sus representados llegaron con la finalidad de que “se nos diga de qué es lo que realmente se les acusa y que se nos someta a las investigaciones a las que nunca hemos tenido acceso, se manejo con un hermetismo, con un secretismo que no sabemos qué es lo que realmente se esconde”, señaló.

Ayala señala que sus representados “están consientes” de las consecuencias de renunciar al criterio de oportunidad y es por eso que han solicitado una investigación. “no es que se nos va investigar sorpresivamente, lo que buscamos es un juicio justo y no uno torcido como el que se manejó todo este tiempo atrás”.

Los ex empleados no fueron recibido en la sede fiscal debido a que no estaba el personal encargado del caso; sin embargo querían que quedara demostrada su intención de colaborar en el proceso.

La FGR pretende revictimizar a los exempleados al intentar procesarlos sin criterio de oportunidad de forma automática

Después del largo camino de vejaciones a las que fueron sometidos, el grupo sigue presentando señales de afectación psicológica como se notó esta mañana cuando manifestaron tener temor de entrar a la sede fiscal donde anteriormente los habían tratado como delincuentes.

Tenemos a tres compañeros que están en una crisis bastante complicada”, señaló la abogada de Derechos Humanos que los acompaña, Bessy Ríos, quien los acompaña en el proceso. 

 “Fue en este mismo lugar que los obligaron a usar gorros navarone para luego moverlos de sala en sala frente a sus compañeros y luego interrogarlos”, señaló la abogada.

Según la jurista sus representados fueron sometidos a una tortura psicológica, que aunque aclara no tiene nada que ver con la violencia física pero que puede ser incluso peor porque “genera un estado de ansiedad de persecución, estado de delirio, provoca perdida de sueño”.

“La peor tortura es hacer creer a una persona inocente que ha cometido un delito por creer que tengo el aparato de justicia a mi favor”, señaló Ríos. 

Según el relato de los afectados eran sometidos a interrogatorios en salas separadas, donde los dejaban solos por largos periodos de tiempo, les apagaban las luces y al finalizar llegaba otra persona de la institución a decirles “qué estas haciendo acá, quítate ese gorro, si aquí no pasa nada”, con la finalidad de intimidarlos y luego confundirlos.

El hostigamiento al que habrían sido sometidos ha afectado incluso a sus familiares a quienes les llamaban por teléfono a las 5:00 de la mañana o en altas horas de la noche.

Si los que contestaban esas llamadas eran niños pequeños les decían “ya vamos a ir a traer a tu papá, decile a tu papá que vamos por el”, remarcó.

Todos esos eventos han hecho que los ex empleados de la FGR presenten señales de afectación psicológica por lo que sus representantes señalan que “vamos a iniciar los trámites para el acompañamiento psicológico”, recalcó.

A pesar de todos los vejámenes señalados los ex empleados quieren solucionar su situación legal y que el fiscal general, Raúl Melara les aclare el procedimiento a seguir.

De acuerdo a la abogada Ríos el fiscal debe llegar a la raíz de todo porque de comprobarse que el ex fiscal general Douglas Meléndez lo que buscaba era un caso sonado, rimbombante, «se deben arrestar a los resposables de fabricar en caso en bases mal hechas», enfatizó.