Nacionales
Este año han sido arrestadas 908 personas por cargos relacionados con narcotráfico en el país
Con las acciones especializadas de antinarcóticos que forman parte de la estrategia del Plan Control Territorial, se han asestado duros golpes a las bandas criminales dejando el arresto de personas nacionales y extranjeras por cargos judiciales ligados al tráfico y comercio de drogas ilegales.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) detallan que entre el 1 de enero y el 22 de noviembre han sido capturadas 908 personas acusadas de diferentes delitos relativos a las drogas.
Entre los arrestos, de este año, hay 32 extranjeros originarios de Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Estados Unidos, Honduras y Nicaragua.
Algunas de las personas que han sido arrestadas fueron localizadas en intentos fallidos por trasladar alijos de droga en lanchas rápidas en alta mar. El más reciente de estos casos fue reportado el 19 de noviembre cuando miembros de la Fuerza Naval Tridente interceptaron los botes donde transportaban 135 bultos con 20 paquetes cada uno conteniendo cocaína.
Después de hacer el procedimiento de verificación de la cocaína, las autoridades de la División Antinarcóticos (DAN) de la PNC; confirmaron la cantidad de droga, 2.7 toneladas de cocaína, valoradas en más de $67.5 millones.
En esas lanchas viajaban nueve hombres de diferentes nacionalidades, entre ellos, tres mexicanos, cuatro ecuatorianos y dos colombianos, quienes serán procesados por tráfico de droga.
Desde que inició la implementación del Plan Control Territorial, el 20 de junio de 2019, a la fecha han sido capturados 86 extranjeros en diferentes situaciones por delitos relativos a las drogas, la mayoría en alta mar, cuando intentaban trasladar la mercancía hacia el norte.
El Salvador ha tomado un rol protagónico en la región en el combate a la narcoactividad. Hace unas semanas, al país se le entregó, por unanimidad de los países del hemisferio, la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo para el periodo 2021 – 2022.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
