ENTREGA ESPECIAL
Develan presunta corrupción en Honduras que tiene como principal actor al presidente Juan Orlando Hernández
Honduras vive momentos de zozobra luego que saliera a la luz una trama de corrupción que tiene su raíz en el gobierno y en ciertos poderes del Estado.
La noticia se ha dado ha conocer por medio de un artículo de Univision Noticias, en el que señala al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, políticos y un sinfín de organizaciones sin fines de “lucro” que habrían recibieron más de $70 millones en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.
La investigación señala que al menos 360 diputados y exdiputados habrían lavado en muy corto tiempo cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.
Las organizaciones, diputados y exdiputados están ligados directamente con el presidente Juan Orlando Hernández, según las investigaciones.
El destape de corrupción ha generado una ola de protestas por parte de los ciudadanos, quienes se ha mostrado indignados por el hecho la malversación de fondos públicos y lavado de dinero que implican a la familia del mandatario.
El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.
Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.
Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español,luego de que expire su mandato en enero.
Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.
El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. «El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.
Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos «históricos» para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos «que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo».
La corrupción política en Honduras no es nueva, pero la más reciente trama de corrupción se institucionalizó luego de que el Congreso Nacional aprobara una ley en 2006 que creó un Fondo de Desarrollo Departamental a disposición de los diputados. Conforme disponía de más fuentes de financiamiento, la trama amplió su alcance, hasta llegar incluso a un fondo reservado controlado por Hernández, con un presupuesto cuyos detalles de gastos de partidas están guardados en secreto.
«Nadie tiene licencia para recibir sobornos, no hay razones para que nadie saque un centavo de todo esto», dijo el exdiputado José Azcona, mientras tenía abierto un libro y señalaba fragmentos de la ley de 2006 que él mismo ayudó a redactar, y que fue diseñada para llevar asistencia necesaria a comunidades pobres y rurales.
El Fondo de Desarrollo Departamental se creó con un presupuesto anual de 20 millones de dólares para proyectos de infraestructura en los distritos legislativos. Se suponía que funcionaría como los proyectos tradicionales de clientelismo político en Estados Unidos, diseñados para mantener contentos a los electores de legisladores influyentes mediante el financiamiento de proyectos en sus comunidades, dijo Azcona, quien ahora es profundamente crítico con la forma en que se corrompió el programa.
Pero en uno de los países más corruptos de la región, la debilidad de las instituciones y la falta de supervisión produjeron resultados diferentes. En el mejor de los casos, fue un mecanismo para comprar votos de electores. En el peor de los casos, fue una trama para enriquecerse rápidamente, un fondo reservado para campañas políticas o una herramienta para comprar votos para el congreso de 128 escaños.
Carreteras, escuelas y otros proyectos para los que los diputados asignaron fondos nunca se completaron.
Poco después, el congreso –en aquel momento encabezado por Hernández–, modificó las reglas del fondo, dándoles a los diputados más discreción con respecto a los proyectos que eligieran financiar.
Como resultado, el dinero pasó de apoyar proyectos de infraestructura a iniciativas locales más pequeñas, como fumigaciones, talleres, útiles escolares y paquetes de alimentos, proyectos que no dejan huellas una vez que se ejecutan o se consumen y, por lo tanto, son más difíciles de verificar. Comenzaron a aparecer de la nada las organizaciones sin fines de lucro que recibían inmediatamente fondos del gobierno, según los documentos obtenidos por Univision. Las organizaciones sin fines de lucro fueron establecidas por quienes los investigadores han denominado «acopiadores», que acumularon vastas redes de ellas, según documentos y personas familiarizadas con sus operaciones.
Como pago por sus servicios, los acopiadores recibían un porcentaje de los fondos, según las tres acusaciones de la MACCIH contra los políticos.
Una de las redes que Univision descubrió consta de 24 organizaciones sin fines de lucro que recibieron al menos 23 millones de dólares en fondos públicos y están vinculadas a un trío de acopiadores.
En medio se encuentra un hombre llamado Geovanny Castellanos, quien ha sido acusado por su papel en la malversación de fondos mediante dos de esas organizaciones. Pero el alcance de su red era mucho mayor, según documentos judiciales y declaraciones de testigos. Castellanos y sus coconspiradores adquirían organizaciones sin fines de lucro ociosas, fundaban otras nuevas o colaboraban con activistas políticos para gestionar otras, según muestran los documentos.
La investigación de Univision reveló que las actividades de la red de 24 organizaciones sin fines de lucro dieron lugar al menos a 16 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de la Comisión Bancaria, incluyendo seis durante la campaña de 2013. Además de los 15 diputados que resultaron acusados (todos los cuales se han declarado inocentes), las actas del Congreso y los registros judiciales muestran que al menos 34 diputados más solicitaron fondos del gobierno para estas sospechosas organizaciones sin fines de lucro.
Según documentos judiciales, Augusto Cruz, exdiputado de un partido minoritario, asignó fondos para al menos siete de las organizaciones sin fines de lucro. Y la legisladora del Partido Nacional, Gladis López, tiene vínculos con al menos cuatro. Tanto López como Cruz fueron acusados el año pasado por corrupción relacionada con esta red en la que presuntamente también se embolsaron dinero sin realizar los proyectos declarados.
Tanto López como Cruz se han declarado inocentes.
López apareció recientemente en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 20 funcionarios hondureños «contra quienes hay denuncias creíbles de que han cometido o facilitado actos de corrupción».
López no respondió a una solicitud de entrevista. Cruz no quiso hacer comentarios.
Univision también identificó numerosas redes similares. En algunos casos, el diputado también fungía como acopiador, eliminando así al intermediario. Renán Inestroza, quien hace parte del liderazgo del Congreso, también administra una red de al menos tres organizaciones sin fines de lucro que ha recibido casi seis millones de dólares de fondos públicos desde que ingresó al congreso en 2010, incluyendo solicitudes de financiamiento de al menos 15 legisladores, según las actas del Congreso.
Los informes de proyectos presentados a la Secretaría de Hacienda llevan las firmas de supuestos beneficiarios que difieren tanto que parecen haber sido falsificados o reciclados, según los documentos obtenidos por Univision. Ésta era una táctica común, como lo demuestran los numerosos nombres, huellas digitales y firmas que no concuerdan y aparecen en varios documentos.
Los recibos presentados incluían artículos como balones de fútbol y uniformes que la empresa de construcción privada de Inestroza supuestamente compró para las organizaciones sin fines de lucro. Inestroza no acepto una solicitud de entrevista.
En 2013, cuando Hernández se postuló por primera vez para Presidente de la República, el gasto del Fondo de Desarrollo Departamental alcanzó su punto máximo, y mostró tendencias políticas claras. Mientras que en años anteriores la mayoría de los fondos se desembolsaron en diciembre, ese año casi todos los fondos se gastaron en los meses previos a las elecciones de noviembre, entre ellos más de dos millones de dólares que se transfirieron a municipios en el departamento de origen de Hernández que se encontraban bajo el mandato de alcaldes pertenecientes a su partido.
«El presidente del Congreso es el que decide, el que maneja el fondo», dijo Marvin Ponce, exdiputado del partido minoritario Unificación Democrática quien ejerció como tal desde 2006 hasta 2014.
En ese momento, incluso los miembros del propio partido de Hernández cuestionaron públicamente su gestión del fondo. En una entrevista con el periódico local La Prensa, el político del Partido Nacional, Fernando Andurray, dijo que Hernández tenía «una pulpería particular con un enorme presupuesto» en el Congreso Nacional con el Fondo de Desarrollo Departamental.
«Las cuentas en cuestión fueron administradas por organismos burocráticos y estructuras institucionales, no estaban bajo el ‘control’ personal del presidente», fue la respuesta del mandatario Hernández a las preguntas que Univision envió relacionadas con las acusaciones de corrupción de su gobierno.
Según los registros de la Secretaría de Finanzas, ocho de los diez principales receptores de ese año eran organizaciones sin fines de lucro que fueron objeto de informes de actividad sospechosa o fueron vinculadas por Univision a redes sospechosas de corrupción. Las dos organizaciones restantes están vinculadas al gobernante Partido Nacional, incluida la FUNDEIH (Fundación para el Desarrolo Integral de Honduras) que está estrechamente vinculada a la familia y la administración del presidente Hernández.
La FUNDEIH fue incorporada en 2005 por la esposa de Hernández, Ana García Carias. Un documento obtenido por Univision que data de 2016 muestra que Ebal Díaz, ministro de la presidencia y mano derecha del presidente Hernández, formó parte de la junta directiva de la organización junto con un sobrino del presidente, Marco Hernández, y otras personas que trabajan en la Oficina de la Presidencia.
ENTREGA ESPECIAL
Ella es Cinthya, una joven que venció el cáncer gracias al apoyo de la fundación donde era voluntaria
Hasta hace unos meses, Cinthya García dedicaba parte de su tiempo a acompañar y orientar a personas con cáncer como voluntaria de la Fundación Edificando Vidas. A sus 24 años, la residente de Soyapango y estudiante de Relaciones Públicas y Marketing conocía de cerca las historias de quienes enfrentaban la enfermedad, pero nunca imaginó que ella también recibiría ese diagnóstico.
«Me diagnosticaron cáncer de ovarios germinal. Este es un cáncer más que todo hormonal. Cuando recibí el diagnóstico fue tan de la nada, nunca me imaginé que me iban a decir eso», relató Cinthya.
La joven recordó que el primer síntoma que notó fue un inesperado brote de acné. Posteriormente, el tratamiento que recibió para esa condición le provocó gastritis, por lo que acudió a otros especialistas. Tras varias consultas y exámenes, fue diagnosticada con cáncer de ovarios germinal.
«Cuando recibí la noticia de que yo tenía cáncer fue un golpe realmente muy fuerte», expresó.
Cinthya señaló que inicialmente dudó en someterse a la cirugía y al tratamiento. Sin embargo, aseguró que encontró el apoyo necesario en la misma fundación donde colaboraba como voluntaria.
«Al principio pensé en no hacerlo, pero gracias a Marcella Carrillo, fundadora de Edificando Vidas, pude tener valor de someterme al tratamiento. Cuando me operaron, el cáncer ya estaba en etapa dos», contó.
La joven afirmó que el proceso no fue fácil, ya que recibió quimioterapia y experimentó el agotamiento físico y emocional que anteriormente había escuchado describir a otros pacientes. Además, indicó que uno de los momentos más difíciles fue aceptar la caída del cabello.
«Aprendí a tener más seguridad conmigo misma porque como mujer es un choque muy impactante que te digan que se te va a caer el pelo. Marcella siempre estuvo guiándome y diciéndome que el cabello no me define», manifestó.
La Fundación Edificando Vidas brinda atención integral a pacientes con todo tipo de cáncer y desarrolla iniciativas orientadas a promover la detección temprana, así como el acompañamiento durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
Entre los servicios que ofrece se encuentra una clínica especializada en diagnóstico temprano de cáncer. Además, proporciona apoyo emocional a pacientes y sus familias, ofrece apoyo espiritual e impulsa una clínica móvil de tamizaje y educación sobre el cáncer, la cual se desplaza a comunidades rurales y de difícil acceso para realizar pruebas de detección temprana y jornadas de sensibilización.
Con información de Diario El Salvador.
ENTREGA ESPECIAL
Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre: ¿rivales reales o candidaturas testimoniales para las elecciones de 2027?
La confirmación de Mayteé Iraheta, por ARENA, y del médico Rafael Aguirre, por el FMLN, devuelve al escenario presidencial a los dos partidos que gobernaron El Salvador durante tres décadas. Sin embargo, ambos ingresan a una competencia profundamente desigual: Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, respaldado por Nuevas Ideas, después de que la Asamblea reformara la Constitución para permitir la reelección indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años, adelantar los comicios a febrero de 2027 y eliminar la segunda vuelta.
La oposición no solo enfrenta al presidente más popular del país, sino también un sistema electoral en el que la dispersión del voto puede favorecer todavía más al oficialismo
Mayteé Iraheta llega como la apuesta de renovación de una derecha tradicional que todavía intenta recuperarse de su desplome. Es abogada y comunicadora, fue diputada por Sonsonate entre 2015 y 2021 y se convierte en la primera mujer que encabeza una fórmula presidencial de ARENA, acompañada por Verónica Henríquez.
Su primer movimiento político fue reconocer que la seguridad ha mejorado y prometer que conservaría esos avances, una decisión estratégica: intentar competir sin cuestionar el logro que más valora la población de su principal contendiente.
Su fórmula ofrece una renovación generacional y de género, pero continúa dependiendo de una bandera partidaria que muchos votantes relacionan con la antigua clase política.
Iraheta tampoco llega sin antecedentes polémicos. En 2018, el Tribunal Supremo Electoral la sancionó por realizar campaña adelantada debido a una valla instalada antes del periodo legal de propaganda.
Aunque se trata de un episodio ocurrido hace varios años y no de un proceso penal, puede ser utilizado por sus adversarios para cuestionar su discurso de respeto institucional.
Su presentación presidencial también dejó una señal incómoda: el partido no permitió que los periodistas la entrevistaran y la jornada estuvo marcada por reclamos internos sobre el manejo anticipado de las candidaturas. No son hechos que destruyan una campaña, pero sí contradicen el mensaje de apertura que ARENA necesita proyectar para recuperar credibilidad.
El mayor problema de Iraheta no es su perfil personal, sino ARENA. El partido que gobernó entre 1989 y 2009 conserva únicamente dos diputados y obtuvo apenas el 5.57 % de los votos presidenciales en 2024.
Dentro de la organización tampoco ha existido una estrategia completamente compartida: el diputado Francisco Lira llegó a pedir que ARENA no presentara candidato presidencial para no legitimar la reelección de Bukele, mientras el COENA respondió que el partido sí competiría.
En junio de 2026, antes de conocerse la fórmula, una encuesta de la UCA otorgó a ARENA solo el 1.4 % de los votos en intención presidencial. Ese dato puede cambiar con una candidata definida, pero revela el reducido punto de partida de la campaña.
La carta efemelenista
Rafael Aguirre llega desde una trayectoria distinta. Es médico internista con formación en nefrología, tiene más de dos décadas de trabajo en el Seguro Social y desde 2020 encabeza el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS.
Su figura ganó exposición al denunciar falta de medicamentos, despidos de personal y deficiencias en el sistema de salud.
En 2026 enfrentó un proceso administrativo de destitución después de divulgar información sobre el desabastecimiento; Aguirre lo calificó como persecución política, mientras organizaciones médicas defendieron su actuación. Esa confrontación le permite presentarse como un profesional ajeno a la política tradicional y como una voz crítica que habría sufrido consecuencias por denunciar problemas públicos.
Pero esa misma trayectoria abre preguntas. SIMETRISSS tuvo que aclarar públicamente que la candidatura de Aguirre era una decisión personal y que no representaba al sindicato, una separación necesaria para evitar que una organización gremial fuera interpretada como plataforma partidaria. También hubo desacuerdos iniciales sobre la vicepresidencia: movimientos que apoyaban al médico propusieron al ingeniero Efraín Benítez, pero sectores cercanos al FMLN cuestionaron la falta de consenso; finalmente, la fórmula fue completada por la enfermera Madaí Santos. Más que una gran polémica personal, el episodio mostró la dificultad de coordinar a movimientos sociales, sindicatos y estructuras partidarias bajo una sola conducción.
El obstáculo de Aguirre también se llama FMLN. El partido que gobernó de 2009 a 2019 quedó sin diputados y sin alcaldías tras las elecciones de 2024, cuando obtuvo apenas 6.4 % en la contienda presidencial. Su deterioro no se explica únicamente por el ascenso de Bukele: también carga con el desgaste de sus gobiernos, acusaciones de corrupción contra antiguos funcionarios, distanciamiento de sectores populares y una estructura que durante años fue percibida como cerrada. La candidatura externa de Aguirre busca “ciudadanizar” al partido, pero plantea una contradicción: para atraer nuevos votantes necesita diferenciarse del FMLN, aunque depende completamente de sus símbolos, organización territorial y antecedentes.
La realidad electoral coloca a ambos muy lejos de Bukele. La encuesta del IUDOP-UCA publicada en junio le otorgó al presidente una aprobación del 87.8 % y una calificación de 8.24. El 77.4 % señaló la seguridad como lo mejor que ocurre en el país y el 96.6 % consideró que la delincuencia ha disminuido durante la actual administración. En intención de voto presidencial por partido, Nuevas Ideas registró 63.3 %, frente a 1.4 % de ARENA y 0.9 % del FMLN. La medición se realizó antes de que Iraheta y Aguirre fueran ratificados, por lo que no constituye una encuesta directa entre candidatos; aun así, muestra la distancia estructural que deberán reducir en aproximadamente siete meses.
Existe, sin embargo, un terreno donde la oposición podría crecer: la economía. El 37.3 % identifica la situación económica como el principal problema nacional, seguido por el alto costo de la vida y el desempleo. Además, solo el 4 % considera que debería gobernar alguno de los partidos opositores existentes, mientras un 22.7 % preferiría una nueva organización política. Este último dato es decisivo: existe un sector dispuesto a considerar una alternativa, pero no necesariamente bajo las siglas de ARENA o del FMLN. Iraheta deberá demostrar que no representa una restauración del antiguo poder económico; Aguirre tendrá que transformar su credibilidad médica y sindical en una propuesta nacional que vaya más allá de la salud.
A día de hoy, ninguna de las dos candidaturas posee posibilidades altas de derrotar a Bukele. Esa conclusión no responde únicamente a la popularidad presidencial, sino a la debilidad organizativa de sus partidos, la ausencia de una candidatura unificada, el descrédito acumulado y la eliminación de la segunda vuelta. Su objetivo más realista podría ser reconstruir bases territoriales, recuperar diputados y demostrar que ARENA y FMLN todavía pueden representar a sectores inconformes. Para convertir la elección en una competencia verdadera necesitarían un deterioro económico acelerado, una campaña extraordinaria, errores graves del oficialismo y capacidad para tv conquistar al electorado sin partido. Por ahora, Iraheta y Aguirre son rivales inscritos; todavía no son amenazas electorales reales para Bukele.
ENTREGA ESPECIAL
El dolor que no se borra: Payaso Chocoyito revive el secuestro y asesinato de su hijo a manos de pandilleros
En un testimonio que estremece hasta las lágrimas, José Domínguez, conocido como el payaso Chocoyito, relató con crudeza el momento en que pandilleros secuestraron y asesinaron a su hijo Nathanael en El Salvador en 2015. Vestido con su característico traje azul, peluca amarilla y nariz roja, el artista transforma su sufrimiento en mensaje de fe y prevención, compartido en plataformas como TikTok y X.
“Me secuestran a mi hijo las pandillas”, comienza Chocoyito con voz quebrada, mientras narra cómo, durante dos meses y medio de cautiverio, él continuaba haciendo reír a niños en fiestas y eventos, ocultando su angustia. El padre explica que, incluso en un congreso de payasos en Nicaragua, mantuvo su compromiso escénico pese al infierno personal que vivía.
El drama alcanzó su clímax cuando le informaron del hallazgo del cuerpo. “Agarré mi moto… y me enseñan esto”, relata, describiendo la foto de su hijo atado de pies y manos con un escopetazo en la cabeza. Cada gesto con el lazo en su muñeca revive el dolor: “Por eso cuando yo hago este lazo y me aprietan duro y me duele la muñeca, recuerdo el dolor de mi hijo”.
@enriqueortegacontrastes Me secuestran a mi hijo las pandillas ##mexico🇲🇽##padresausenteshijoscomplicados##elsalvador🇸🇻##enriqueortegacontrastes ♬ sonido original – Enrique Ortega Contrastes
Chocoyito describe la exhumación en la fosa clandestina: “Cada vez que yo veía un cuerpo… pensé que iba a caer desmayado, pero me mantenía fiel porque quería ver a mi hijo, costara lo que costara”. Al abrir el tercer cuerpo, la confirmación devastadora: “Veo que era mi hijo con la ropa que yo le había dado el día de su cumpleaños”.
“Jamás supe quién le enseñó a mi hijo a decirme todos los días ‘te amo’”, confiesa con emoción contenida, recordando las últimas palabras de Nathanael. “Tenía una foto de mi hijo, la abracé y quería que me dijera te amo, pero él ya no estaba”.
El payaso, quien también es pastor, convirtió su tragedia en el proyecto “Buscando Sonrisas”, visitando escuelas para prevenir la violencia y fortalecer lazos familiares. “Padres de familia, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo te amo?”, pregunta directamente al público.Su historia no solo honra la memoria de Nathanael, sino que alerta sobre el flagelo de las pandillas que destrozan familias en Centroamérica. Chocoyito cierra con perdón y esperanza, recordando que “a nadie le deseo lo que yo viví”.
