Nacionales
Empleados de alcaldía de San Salvador no recogen basura por falta de combustible en camiones
Por segundo día consecutivo sigue suspendida la recolección de basura en varios puntos de la capital, luego que no salieran a trabajar los empleados del área de desechos sólidos por falta de combustible en los camiones que utilizan para ese trabajo.
Empleados de esa unidad manifestaron que las gasolineras que les proveen de combustible diésel se negaron a seguir proporcionando ese producto por falta de pago de facturas vencidas y que estarían acumuladas desde hace seis meses.
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La situación se ha complicado, dijeron, porque la empresa que también proporciona en transporte de la basura en góndolas desde la planta Aragón a MIDES, desde este lunes pararon operaciones por falta de pago de facturas vencidas.
“No hemos salido a trabajar por falta de pago a proveedores de diésel. La alcaldía no les ha pagado las facturas vencidas y el lunes ya no nos dieron combustible”, detallaron los empleados.
Los camiones están estacionados en la planta de transferencia Aragón cargados con basura, “no podemos depositar los desechos a las góndolas porque no están proporcionando ese servicio”, indicaron.
Se dijo que en San Salvador a diario se recogen unas 720 toneladas de basura y que en esa tarea se involucran unas 47 unidades, muchas de ellas estacionadas en la planta Aragón.
Esta problemática ocurre a pocos días que la alcaldía de San Salvador recibió una parte de los 75 millones de dólares que el Gobierno central destinos para que con criterio FODES se repartiera a los 262 municipios, cuyo dinero serviría para la recolección de la basura, pago de proveedores y para realizar acciones para enfrentar la pandemia de Covid-19, como también para el pago de empleados.
Desde el día que se entregaron los fondos, el Presidente de la República Nayib Bukele, manifestó a los alcaldes que hicieran buen uso de ese dinero y que no tenían la necesidad de rendir cuentas al Gobierno.
La situación del alcalde Ernesto Muyshondt se le complica con el tema de la recolección y disposición final de la basura, ya que por un lado los empleados mantienen un descontento por el despido de algunos de sus compañeros para ceder la recolección de los desechos a una empresa privada, reclaman el pago de descuentos que les han realizado de Seguro Social, AFP, renta, Fondo Social para la Vivienda y de algunas obligaciones con bancos y casas comerciales.
Por otra parte, la empresa MIDES reclama aproximadamente cuatro millones de dólares como pago por la recolección de la basura y tras recibir tres cheques sin provisión de fondos, los apoderados legales de Manejo Integral de Desechos Solidos llegaron a la Fiscalía General de la República a interponer una demanda contra el tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Portillo Linares, por los delitos de estafa y actos arbitrarios.
En el documento que MIDES presentó este martes a la FGR se detalla que Portillo Linares quien es nombrado por acuerdo del Concejo Municipal, actuó con dolo al entregar en tres ocasiones cheques sin fondos para supuestamente cancelar lo adeudado, que asciende a casi $4 millones, según la empresa.
Se aseguró que el tesorero hizo la “argucia” de sustituir los cheques en nuevas fechas, pero los mismos no podían cobrarse porque continuaban sin fondos suficientes.
La denuncia advierte que el tesorero municipal, al momento de entregar los cheques, sabía que la alcaldía carecía de los fondos, ya que desde octubre de 2018 había cedido para el pago de una titularización, por un plazo de 15 años, los ingresos percibidos en concepto de tasas por recolección de basura.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
