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El Salvador reporta 15 días consecutivos a la baja en número de contagios por COVID-19
A pesar del impacto de la pandemia de coronavirus, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, ha consolidado un sistema de Salud de calidad mientras redobla esfuerzos por controlar los casos del virus y evitar el colapso de los hospitales nacionales y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que atienden COVID-19.
“Reparamos hospitales en medio de la emergencia. Antes (con gobiernos anteriores), de atendía a los enfermos crónicos en el suelo; ahora, en pandemia, no vemos eso porque se han mejorado las instalaciones de salud”, expresó la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.
Reiteró que la prioridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele es la mejora del sistema de la red pública de salud; por lo cual una de las principales apuestas ha sido el Hospital El Salvador, con el cual suman 31 los hospitales nacionales.
Los hospitales de la red pública ahora están abastecidos de medicamentos, y cuentan con alta tecnología para la atención de pacientes, todo ello en medio de una emergencia en la que el Gobierno no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa y de la Sala de lo Constitucional, y ha sido despojado de las herramientas jurídicas para enfrentar la pandemia, declaró la funcionaria.
“Son 76 iniciativas, entre acuerdos y documentos presentados a la Asamblea Legislativa, que este Gobierno estructuró para dar cobertura y protección económica, en salud, educación, e incluso en respuesta a la tormenta Amanda”, explicó Recinos.
La comisionada aseguró que el Gobierno continuará brindando al personal de Salud el equipo de protección y la tecnología necesaria para hacer frente a la pandemia, aún sin contar con el respaldo de los legisladores para su financiamiento.
Recinos recordó que desde el 16 de enero de este año el Gobierno implementó acciones tempranas para contener el avance de la pandemia en el territorio, y que los esfuerzos han permitido una baja en los casos. Hoy se cumplen 15 días consecutivos con disminución de casos de coronavirus.
Estos esfuerzos continúan de cara a la reapertura económica, ordenada por la Sala de lo Constitucional, a través de la orientación que las instituciones del Gobierno están brindando a la población que desde ayer ha tenido que salir a laborar.
En el marco de esta reactivación de la economía, lamentó que la Asamblea Legislativa no haya aprobado aún la Ley de Compensación Económica para los transportistas, quienes han sufrido el impacto de la pandemia. El Gobierno ha presentado la documentación necesaria para la aprobación de esta ley desde hace tres meses.
Destacó que, pese a ello, la mayoría de empresarios del transporte público han sacado sus unidades para brindar servicio a la población, y están cumpliendo, en un 99.5%, con los protocolos de bioseguridad: utilizan mascarilla, careta, guantes y hay dispensadores de alcohol gel disponibles para los pasajeros.
Resaltó además que los ciudadanos también están acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud, cuidando su vida y la de sus familiares.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
