Nacionales
El polémico magistrado, Martín Rogel, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz
Las últimas resoluciones que han salido de la Corte Suprema de Justica (CSJ) y sus distintas instancias que la componen ha genera controversia y discusión en la palestra pública, sobre todo en la resolución que atañe al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, señalado de actos indebidos contra una menor de edad, a quien la Cámara 1a de lo Penal decidió excluirlo de toda responsabilidad judicial la semana pasa.
La decisión ha levantado toda una ola de criticas al sistema judicial del país que ahora se enfrenta a una presión social por tal fallo, pues este, solo se ha dado a conocer sin especificar las razones y criterios de los cuales se sustentó la decisión, misma qua ha sido criticada por el presidente de la República, Nayib Bukele y los estratos de la sociedad, quienes piden que el caso sea reaperturado y se haga justica hacia la menor y su familia.
Pero quién o quiénes rubrican las sentencias de las tres salas y cuáles son los argumentos de las mismas en tales fallos.
Durante el mes de marzo del presente año, distintos medio digital publicaron una serie de investigaciones que dejaba al descubierto el poder conferido por la Corte Suprema de Justicia al Magistrado Martín Rogel Zepeda, quien tiene nombramiento como magistrado propietario desde el mes de noviembre de 2018, como titular de la Cámara Tercera de lo Penal, pero continúa cubriendo en la Cámara Primera de lo Penal, conforme su anterior nombramiento en calidad de Propietario y también es Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional.
Una fuente cercana al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, quien pidió reserva de su nombre, afirmó que «este súper magistrado controla los criterios judiciales de las tres cámara con competencia penal de la capital y que tiene incidencia en la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal del país». Rogel se ha visto envuelto en la polémica a partir de una resolución que fue pronunciada juntamente con el Dr (Guillermo Arévalo Domínguez, en la Cámara 1a de lo Penal, donde excluyen de responsabilidad penal, al también Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, al determinar que los hechos que le atribuye la fiscalía, cometidos en perjuicio de una menor de edad, no constituyen actos delictivos, sino que podrían ser constitutivos a lo sumo de una falta, que no implica cárcel, sino una sanción de multa de 10 a 30 días.
En aquella investigación, se advertía que Martín Rogel, abogado graduado de la Universidad de El Salvador, hermano de Iliana Rogel, vinculada al partido FMLN; Ex Juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, donde compartió estrado con el ahora Magistrado de la Sala de lo Constitucional Carlos Ernesto Sánchez, había sido designado como Magistrado Suplente en el máximo tribunal de justicia constitucional del país, para conocer sobre un caso relacionado con la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
Además, en el acta de Corte de Plena del 14 de marzo de 2019, que aparece en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia, se puede observar que de la terna propuesta para elegir magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, Rogel Zepeda fue electo con los votos de los magistrados de corte: López Jérez, Sergio Luis Rivera, Sánchez de Muñoz, Carlos Sánchez, Sergio Avilés, Ramírez Murcia, Paula Velásquez, Ovidio Bonilla y Doris Luz Rivas. Estando juramentado como Magistrado Propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, el juez Martín Rogel ha seguido conociendo como Magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, la causa penal seguida contra Eduardo Jaime Escalante.
Ya había existido controversia, cuando el 26 de marzo de este mismo año, tanto Rogel como Arévalo Domínguez, se pronunciaron dejando en libertad al supuesto agresor, imponiéndole únicamente una fianza de $10,000.00 muy distinta a las decisiones adoptadas en otros casos, donde sin dudar ratifican órdenes de detención o revocan otras medidas para librar capturas.
Precisamente, Angélica Rivas, de la Coordinadora de la Colectiva Feminista, había enviado en aquel momento las señales de alerta al expresar en una entrevista que “preocupa el trato que está recibiendo el magistrado Eduardo Escalante, él no debe tener privilegios, pero así como está funcionando la justicia en El Salvador.
«No podemos decir que vivimos en un Estado de Derecho si la legislación no se aplica en igualdad de condiciones”.
Finalmente, aquellas palabras resultaron premonitorias, pues inmediatamente se conoció la resolución de los magistrados Rogel y Arévalo Domínguez, se desató una ola de señalamientos y reclamaciones públicas ante lo que se advierte como un episodio más de impunidad y de protección entre una cúpula de Jueces y Magistrados que defenderían privilegios. Incluso el Presidente de la República, ha hecho un llamado para que la Corte Suprema de Justicia inicie oficiosamente una investigación de lo actuado por los funcionarios de la Cámara Primera de lo Penal.
A su vez, es importante señalar que la cámara en mención, no puede hacer ni extender plazos para modificar la constitución de la República, tal como se ha intentado en repetidas ocasiones, interpretando antojadizamente la misma dejando ver que la justicia en El Salvador es selectiva en sentencia para algunos caos.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
