Las últimas resoluciones que han salido de la Corte Suprema de Justica (CSJ) y sus distintas instancias que la componen ha genera controversia y discusión en la palestra pública, sobre todo en la resolución que atañe al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, señalado de actos indebidos contra una menor de edad, a quien la Cámara 1a de lo Penal decidió excluirlo de toda responsabilidad judicial la semana pasa.

La decisión ha levantado toda una ola de criticas al sistema judicial del país que ahora se enfrenta a una presión social por tal fallo, pues este, solo se ha dado a conocer sin especificar las razones y criterios de los cuales se sustentó la decisión, misma qua ha sido criticada por el presidente de la República, Nayib Bukele y los estratos de la sociedad, quienes piden que el caso sea reaperturado y se haga justica hacia la menor y su familia.

Pero quién o quiénes rubrican las sentencias de las tres salas y cuáles son los argumentos de las mismas en tales fallos.

Durante el mes de marzo del presente año, distintos medio digital publicaron una serie de investigaciones que dejaba al descubierto el poder conferido por la Corte Suprema de Justicia al Magistrado Martín Rogel Zepeda, quien tiene nombramiento como magistrado propietario desde el mes de noviembre de 2018, como titular de la Cámara Tercera de lo Penal, pero continúa cubriendo en la Cámara Primera de lo Penal, conforme su anterior nombramiento en calidad de Propietario y también es Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional.

Una fuente cercana al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, quien pidió reserva de su nombre, afirmó que «este súper magistrado controla los criterios judiciales de las tres cámara con competencia penal de la capital y que tiene incidencia en la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal del país». Rogel se ha visto envuelto en la polémica a partir de una resolución que fue pronunciada juntamente con el Dr (Guillermo Arévalo Domínguez, en la Cámara 1a de lo Penal, donde excluyen de responsabilidad penal, al también Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, al determinar que los hechos que le atribuye la fiscalía, cometidos en perjuicio de una menor de edad, no constituyen actos delictivos, sino que podrían ser constitutivos a lo sumo de una falta, que no implica cárcel, sino una sanción de multa de 10 a 30 días.

En aquella investigación, se advertía que Martín Rogel, abogado graduado de la Universidad de El Salvador, hermano de Iliana Rogel, vinculada al partido FMLN; Ex Juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, donde compartió estrado con el ahora Magistrado de la Sala de lo Constitucional Carlos Ernesto Sánchez, había sido designado como Magistrado Suplente en el máximo tribunal de justicia constitucional del país, para conocer sobre un caso relacionado con la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.

Además, en el acta de Corte de Plena del 14 de marzo de 2019, que aparece en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia, se puede observar que de la terna propuesta para elegir magistrado propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, Rogel Zepeda fue electo con los votos de los magistrados de corte: López Jérez, Sergio Luis Rivera, Sánchez de Muñoz, Carlos Sánchez, Sergio Avilés, Ramírez Murcia, Paula Velásquez, Ovidio Bonilla y Doris Luz Rivas.  Estando juramentado como Magistrado Propietario de la Cámara Tercera de lo Penal, el juez Martín Rogel ha seguido conociendo como Magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, la causa penal seguida contra Eduardo Jaime Escalante.

Ya había existido controversia, cuando el 26 de marzo de este mismo año, tanto Rogel como Arévalo Domínguez, se pronunciaron dejando en libertad al supuesto agresor, imponiéndole únicamente una fianza de $10,000.00 muy distinta a las decisiones adoptadas en otros casos, donde sin dudar ratifican órdenes de detención o revocan otras medidas para librar capturas.

Precisamente, Angélica Rivas, de la Coordinadora de la Colectiva Feminista, había enviado en aquel momento las señales de alerta al expresar en una entrevista que “preocupa el trato que está recibiendo el magistrado Eduardo Escalante, él no debe tener privilegios, pero así como está funcionando la justicia en El Salvador.

«No podemos decir que vivimos en un Estado de Derecho si la legislación no se aplica en igualdad de condiciones”.

Finalmente, aquellas palabras resultaron premonitorias, pues inmediatamente se conoció la resolución de los magistrados Rogel y Arévalo Domínguez, se desató una ola de señalamientos y reclamaciones públicas ante lo que se advierte como un episodio más de impunidad y de protección entre una cúpula de Jueces y Magistrados que defenderían privilegios. Incluso el Presidente de la República, ha hecho un llamado para que la Corte Suprema de Justicia inicie oficiosamente una investigación de lo actuado por los funcionarios de la Cámara Primera de lo Penal.

A su vez, es importante señalar que la cámara en mención, no puede hacer ni extender plazos para modificar la constitución de la República, tal como se ha intentado en repetidas ocasiones, interpretando antojadizamente la misma dejando ver que la justicia en El Salvador es selectiva en sentencia para algunos caos.