En este momento en el que se cuestiona por distintos sectores la situación actual de la Sala de lo Constitucional, se han conocido aspectos esenciales por los cuales el abogado Héctor Nahun Martínez carece de la competencia y moralidad notorias como requisitos para ejercer el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional, como requisitos contemplados por la Constitución de la República.

Precisamente una fuente de la Corte Suprema de Justicia, vinculada a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional  que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias confirma que el licenciado Nahun Martínez no cumplía con los requisitos de competencia y moralidad notorias al menos por dos hechos principales: el primero, basado en que al momento de ser considerado para el cargo, tenía denuncias penales activas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido promovidas por el empresario Suizo-Salvadoreño Enrique Rais, en virtud de su participación en el ejercicio de acusaciones penales en contra del Sr. Rais, basadas en prueba prohibida, como ocurrió al momento de coaccionar a otras agentes fiscales para que modificaran sus declaraciones y acusaran al empresario de haber sido favorecido por el Exfiscal General Luis Martínez, lo que era totalmente falso.

De acuerdo a la fuente consultada, el exfiscal auxiliar Nahun Martínez no calificaba para ser ni siquiera considerado como Magistrado de la Sala de lo Constitucional, por no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 176 de la Constitución, que principalmente requiere que se cumpla con las condiciones de competencia y moralidad notoria. ¿Qué competencia puede tener una persona que durante la administración en la Fiscalía General de la República se ocupó de coadyuvar al Exfiscal Douglas Meléndez a promover una persecución penal selectiva por mandato de Fito Salume, por medio de actuaciones arbitrarias como la coacción y tortura de testigos y la utilización de pruebas ilícitas? Y respecto a la moralidad notoria, cómo es posible que haya sido seleccionado si se encontraba sometido a investigaciones penales en virtud de sendas denuncias interpuestas por los abogados del empresario Enrique Rais, por el abuso de poder.

Juez de Paz certifica las conductas cuestionables del exfiscal auxiliar Nahun Martínez.

A fecha 07 de enero de 2020, el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de varios de los fiscales que habían incorporado ilegalmente y por orden del Exjefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Orlando Cortez, prueba ilegal consistente en confesiones extrajudiciales de fiscales auxiliares que presentaban la calidad de testigos criteriados, las que habían sido emitidas contraviniendo el art. 12 de la Constitución de la República, es decir sin la plena voluntad de los otorgantes lo cual las invalidadaba de forma absoluta, no obstante fueron adoptadas como prueba para imponer imputaciones y la orden de detención en contra del Sr. Enrique Rais. A pesar que la FGR bajo la titularidad de Raúl Ernesto Melara protegió a los fiscales que habían fabricado prueba ilegal por medio de la coacción y tortura de testigos, solicitando el Sobreseimiento Definitivo a su favor, el Juez 12º de Paz de San Salvador, en su resolución ordenó la investigación de ciertos fiscales que no habían sido involucrados en la investigación, al manifestar:

“Certifíquese el presente proceso a la Fiscalía para que inicie investigación contra los  señores NEFTALÍ ROBERTO ABREGO ROSALES y HÉCTOR NAHUN MARTÍNEZ GARCÍA por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo(…)”

A pesar de esta circunstancia y del hecho que Enrique Rais denunció al exfiscal auxiliar y ahora Magistrado de la Sala de lo Constitucional por su participación en la fabricación ilegal del caso corrputela en el expediente fiscal 743-DEUP-2019 SS, éste fue protegido por el Exfiscal General Raúl Melara y por tal motivo se ha mantenido en la impunidad.

Naciones Unidas certifica los abusos cometidos contra Enrique Rais.

A finales de febrero de 2021, se conoció públicamente la decisión pronunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, por medio de la Opinión No. 76-2020 relativa al Sr. Enrique Rais Vs. El Salvador, en la que se precisaba además de la exitencia de una detención arbitraria del empresario Suizo-Salvadoreño, la obligación del Gobierno de El Salvador, de realizar una investigación exhaustiva e indepediente sobre las causas que provocaron que el Sr. Rais fuere víctima de abuso de poder. Esto implicaba especialmente que se investigara las denuncias promovidas en contra de los exfiscales auxiliar Nahun Martínez, principal ejecutor de las acciones solicitadas por el Exfiscal General, Douglas Meléndez, para perseguir ilegalmente y por acciones de terceros interesados en obtener injustamente el negocio de la gestión de desechos sólidos que realiza MIDES, la empresa de Enrique Rais; y del exfiscal auxiliar David Ramírez, quien solicitó ilegalmente la orden de difusión roja en contra del Sr. Rais, por cierto con quien el nuevo Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Nahun Martínez constituyó el despacho legal “RATIO LEGIS”.

Por tal motivo la fuente consultada manifiesta que el Magistrado Nahun Martínez se ha opuesto a cumplir con la orden impuesta de Naciones Unidas por dos razones, la primera, porque ello implicaría aceptar que durante su tiempo como fiscal, tanto él, como su compañera sentimental dentro de la FGR, Carmen Marroquín Vega y su socio David Ramírez, adulteraron prueba para acusar al empreario Suizo Salvadoreño por órdenes del Exfiscal general, Douglas Meléndez y el Exjefe de la Unidad Antilavado Jorge Cortez; y la segunda, es porque aceptar el valor jurídico que tienen las resoluciones de Naciones Unidas, implica que los actuales Jueces y Magistrados que se están viendo afectados por una reforma que es inconstitucional e inconvencional sean protegidos por decisiones como las que puede adoptar Naciones Unidas a través del Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados.