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El nombramiento del magistrado Nahun Martínez es ilegal, ya que a la fecha tiene denuncias penales en FGR interpuestas por Enrique Rais
En este momento en el que se cuestiona por distintos sectores la situación actual de la Sala de lo Constitucional, se han conocido aspectos esenciales por los cuales el abogado Héctor Nahun Martínez carece de la competencia y moralidad notorias como requisitos para ejercer el cargo de Magistrado de la Sala de lo Constitucional, como requisitos contemplados por la Constitución de la República.
Precisamente una fuente de la Corte Suprema de Justicia, vinculada a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional que solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias confirma que el licenciado Nahun Martínez no cumplía con los requisitos de competencia y moralidad notorias al menos por dos hechos principales: el primero, basado en que al momento de ser considerado para el cargo, tenía denuncias penales activas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido promovidas por el empresario Suizo-Salvadoreño Enrique Rais, en virtud de su participación en el ejercicio de acusaciones penales en contra del Sr. Rais, basadas en prueba prohibida, como ocurrió al momento de coaccionar a otras agentes fiscales para que modificaran sus declaraciones y acusaran al empresario de haber sido favorecido por el Exfiscal General Luis Martínez, lo que era totalmente falso.
De acuerdo a la fuente consultada, el exfiscal auxiliar Nahun Martínez no calificaba para ser ni siquiera considerado como Magistrado de la Sala de lo Constitucional, por no cumplir con los requisitos establecidos en el art. 176 de la Constitución, que principalmente requiere que se cumpla con las condiciones de competencia y moralidad notoria. ¿Qué competencia puede tener una persona que durante la administración en la Fiscalía General de la República se ocupó de coadyuvar al Exfiscal Douglas Meléndez a promover una persecución penal selectiva por mandato de Fito Salume, por medio de actuaciones arbitrarias como la coacción y tortura de testigos y la utilización de pruebas ilícitas? Y respecto a la moralidad notoria, cómo es posible que haya sido seleccionado si se encontraba sometido a investigaciones penales en virtud de sendas denuncias interpuestas por los abogados del empresario Enrique Rais, por el abuso de poder.
Juez de Paz certifica las conductas cuestionables del exfiscal auxiliar Nahun Martínez.
A fecha 07 de enero de 2020, el Juzgado 12º de Paz de San Salvador, decretó sobreseimiento definitivo a favor de varios de los fiscales que habían incorporado ilegalmente y por orden del Exjefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Orlando Cortez, prueba ilegal consistente en confesiones extrajudiciales de fiscales auxiliares que presentaban la calidad de testigos criteriados, las que habían sido emitidas contraviniendo el art. 12 de la Constitución de la República, es decir sin la plena voluntad de los otorgantes lo cual las invalidadaba de forma absoluta, no obstante fueron adoptadas como prueba para imponer imputaciones y la orden de detención en contra del Sr. Enrique Rais. A pesar que la FGR bajo la titularidad de Raúl Ernesto Melara protegió a los fiscales que habían fabricado prueba ilegal por medio de la coacción y tortura de testigos, solicitando el Sobreseimiento Definitivo a su favor, el Juez 12º de Paz de San Salvador, en su resolución ordenó la investigación de ciertos fiscales que no habían sido involucrados en la investigación, al manifestar:
“Certifíquese el presente proceso a la Fiscalía para que inicie investigación contra los señores NEFTALÍ ROBERTO ABREGO ROSALES y HÉCTOR NAHUN MARTÍNEZ GARCÍA por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo(…)”
A pesar de esta circunstancia y del hecho que Enrique Rais denunció al exfiscal auxiliar y ahora Magistrado de la Sala de lo Constitucional por su participación en la fabricación ilegal del caso corrputela en el expediente fiscal 743-DEUP-2019 SS, éste fue protegido por el Exfiscal General Raúl Melara y por tal motivo se ha mantenido en la impunidad.
Naciones Unidas certifica los abusos cometidos contra Enrique Rais.
A finales de febrero de 2021, se conoció públicamente la decisión pronunciada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, por medio de la Opinión No. 76-2020 relativa al Sr. Enrique Rais Vs. El Salvador, en la que se precisaba además de la exitencia de una detención arbitraria del empresario Suizo-Salvadoreño, la obligación del Gobierno de El Salvador, de realizar una investigación exhaustiva e indepediente sobre las causas que provocaron que el Sr. Rais fuere víctima de abuso de poder. Esto implicaba especialmente que se investigara las denuncias promovidas en contra de los exfiscales auxiliar Nahun Martínez, principal ejecutor de las acciones solicitadas por el Exfiscal General, Douglas Meléndez, para perseguir ilegalmente y por acciones de terceros interesados en obtener injustamente el negocio de la gestión de desechos sólidos que realiza MIDES, la empresa de Enrique Rais; y del exfiscal auxiliar David Ramírez, quien solicitó ilegalmente la orden de difusión roja en contra del Sr. Rais, por cierto con quien el nuevo Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Nahun Martínez constituyó el despacho legal “RATIO LEGIS”.
Por tal motivo la fuente consultada manifiesta que el Magistrado Nahun Martínez se ha opuesto a cumplir con la orden impuesta de Naciones Unidas por dos razones, la primera, porque ello implicaría aceptar que durante su tiempo como fiscal, tanto él, como su compañera sentimental dentro de la FGR, Carmen Marroquín Vega y su socio David Ramírez, adulteraron prueba para acusar al empreario Suizo Salvadoreño por órdenes del Exfiscal general, Douglas Meléndez y el Exjefe de la Unidad Antilavado Jorge Cortez; y la segunda, es porque aceptar el valor jurídico que tienen las resoluciones de Naciones Unidas, implica que los actuales Jueces y Magistrados que se están viendo afectados por una reforma que es inconstitucional e inconvencional sean protegidos por decisiones como las que puede adoptar Naciones Unidas a través del Relator Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
