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EE.UU., incluye a Mauricio Funes y Sánchez Cerén en la lista Engel
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido a los expresidentes Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes en un listado de funcionarios corruptos en Centroamérica, según confirmó el gobierno norteamericano este miércoles.
En el caso del expresidente Funes, el Departamento de Estado asegura que «participó en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado».
Por su parte, sobre el exmandatario Sánchez Cerén, el gobierno norteamericano señala que «participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente».
El listado también incluye a José Miguel Menéndez, conocido como «Mecafé», expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, a quien se le señala de «una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco».
Estados Unidos también incluye en el listado a Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, a quien señala de lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos; y Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, acusado de corrupción y lavado de $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos.
El listado, según el Departamento de Estado de EE. UU., incluye a funcionarios señalados de actos de corrupción gubernamental como «soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales».
Esta inclusión en el listado acarrea sanciones por parte del gobierno norteamericano como la no elegibilidad para visas y admisión al territorio estadounidense. «Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal», señala el comunicado oficial del Departamento de Estado.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
