El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido a los expresidentes Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes en un listado de funcionarios corruptos en Centroamérica, según confirmó el gobierno norteamericano este miércoles.

En el caso del expresidente Funes, el Departamento de Estado asegura que «participó en una importante corrupción al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado».

Por su parte, sobre el exmandatario Sánchez Cerén, el gobierno norteamericano señala que «participó en una importante corrupción al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un esquema para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente».

El listado también incluye a José Miguel Menéndez, conocido como «Mecafé», expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, a quien se le señala de «una importante corrupción al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco».

Estados Unidos también incluye en el listado a Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, a quien señala de lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos; y Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario, acusado de corrupción y lavado de $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos.

El listado, según el Departamento de Estado de EE. UU., incluye a funcionarios señalados de actos de corrupción gubernamental como «soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales».

Esta inclusión en el listado acarrea sanciones por parte del gobierno norteamericano como la no elegibilidad para visas y admisión al territorio estadounidense. «Cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De conformidad con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal», señala el comunicado oficial del Departamento de Estado.