Nacionales
Diputados aprueban presupuesto general de la Nación 2023 que asciende a $8,902.7 millones
El presupuesto general de la nación y especiales para 2023 asciende a $8,902.7 millones y fue aprobado anoche por la Asamblea Legislativa con 67 votos. En total, $3,471.9 millones serán destinados para financiar la inversión en las áreas de educación, salud y seguridad pública.
El proyecto de gastos para el próximo año fue llevado el 30 de septiembre pasado al parlamento por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y luego fue sometido a una amplia discusión en el interior de la comisión de hacienda, que el pasado lunes aprobó el dictamen favorable, así como el de ley de salarios, que también fue avalado anoche con 67 votos.
Con su decisión en forma y en tiempo por segundo año consecutivo, el Legislativo dio certidumbre como parte del trabajo coordinado que efectúa con el Gobierno del presidente Nayib Bukele para que las obras y los programas de inversión pública a favor de la población salvadoreña sigan ejecutándose el año entrante.
Por ejemplo, $1,501.9 millones serán para la cartera de Educación, lo que representan un 5 % del producto interno bruto (PIB), lo cual impulsará el programa de salud y nutrición para atender al 100 % de los estudiantes del sector público con programas sociales y un nuevo enfoque en alimentación escolar, con atención especial en la primera infancia.
Además, el programa del Gobierno para los centros escolares públicos comprende la promoción de la lactancia materna y la vacunación de la niñez.
Para el área de salud pública, el presupuesto comprende $1,131.2 millones, que equivalen al 3.7 % del PIB. La primera infancia, niñez y adolescencia, la salud materna, la ampliación de cobertura, más infraestructura, medicamentos, insumos y equipamiento están entre las prioridades.
Para el rubro de justicia, seguridad pública y defensa la asignación es de $838.8 millones, que servirán para continuar financiando el Plan Control Territorial (PCT), que desde junio de 2019 ha llevado a que el país tenga decenas de días sin homicidios, se han recuperado zonas controladas por pandillas y se ha golpeado frontalmente el crimen común y el organizado.
A la cartera de Obras Públicas se le asigna un presupuesto de $679 millones, que serán destinados para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y social.
Asimismo, $183 millones serán para financiar programas de atención a la primera infancia, la niñez y la adolescencia en el marco del trabajo que efectúa el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele.
También se destinan $1,739 millones para proyectos y programas de inversión que generarán un mayor crecimiento económico en el país.
La brecha del presupuesto es de $472.4 millones, es decir, $26 millones menos que la presentada para el actual ejercicio fiscal.
Zelaya ha dicho que las finanzas públicas están equilibradas, que el Gobierno honrará sus compromisos financieros y que para el próximo año no habrá incremento de salarios para funcionarios, pero sí se incluye el pago del escalafón para los empleados de las carteras de Salud, Educación y Cultura.
Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, recordó que el presupuesto 2023 no contempla —como en el pasado reciente— la erogación de dinero público para ONG con vínculos político-partidarios.
«Les reitero que no va ni un solo dólar para esas ONG fachadas ligadas a partidos políticos, como las que tiene Lorena Peña [exdiputada del FMLN», aseguró Guevara.
Detalló que los gobiernos areneros y los efemelenistas tuvieron en tres décadas $89,000 millones en presupuestos, pero en 20 años de gobierno ARENA solo usó el 45 % y el FMLN en 10 años, el 55 %. «¿Dónde está el progreso que nos dejaron?», cuestionó Guevara.
En el nuevo presupuesto, el Ejecutivo cubre también todas las obligaciones generales. «El país va a cumplir cada una de sus obligaciones» nacionales e internacionales, dijo en su momento Zelaya, al referirse al pago de las pensiones, los programas sociales, litigios, el pago de la deuda externa, transferencias a instituciones, la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a exportadores, los reportes del Banco Central de Reserva (BCR) y el servicio de la deuda pública.
Previo a la votación del presupuesto general, la Asamblea autorizó al Gobierno emitir títulos valores hasta por $1,139 millones para cumplir con el financiamiento complementario del presupuesto del Estado.
«El presupuesto 2023 presenta una brecha presupuestaria menor a la de 2022. Lastimosamente heredamos deudas de los gobiernos anteriores que debemos saldar», señaló William Soriano, diputado cian.
Como de costumbre, los diputados de las bancadas del FMLN y de ARENA, cuyos gobiernos dejaron una enorme deuda financiera que se debe pagar, al hacer uso de la palabra mostraron su indiferencia y criticaron la estructuración del plan de gastos anual. A su sintonía de constante crítica se unió la legisladora de VAMOS, Claudia Ortiz.
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias breves cerca del mediodía en sectores ubicados al sur de las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Hacia el final de la tarde, se prevén lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental del país.
Durante la noche, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias y tormentas en la zona oriental y en sectores de la zona central.
En cuanto al viento, estará del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Por la tarde, ingresará la brisa marina en el sector costero.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas de escala local, con apoyo en las capas medias y altas de la troposfera.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
