Nacionales
Denuncian abusos en el cobro del pasaje en la ruta 41-A de Soyapango
Los habitantes de la colonia San José, en el distrito de Soyapango, han alzado la voz contra los conductores de la ruta 41-A, quienes, según denuncias ciudadanas, están realizando cobros excesivos por el pasaje en su recorrido hacia el Centro de San Salvador. . Este incremento, calificado de ilegal por los afectados, ha generado un clima de descontento entre los usuarios del transporte público.
De acuerdo con las quejas, los conductores han justificado el aumento en el costo del pasaje argumentando que, al trabajar después de las 8:00 de la noche, deben cobrar una tarifa adicional. Este incremento oscila entre $0.25 y $0.50, y según la hora, podría llegar hasta los $0.75 o incluso $1.00, lo que resulta inaceptable para muchos pasajeros.
Los usuarios que se atreven a cuestionar este cobro desmedido enfrentan consecuencias inmediatas, ya que son forzados a descender de las unidades, quedando a merced de la noche en medio de la vía. Esta situación ha generado un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes dependen del transporte público para regresar a sus hogares.
Además de los abusos en la tarifa, los pasajeros también deben soportar el estruendo de las bocinas de los vehículos, así como la música agropecuaria que los conductores suelen reproducir, lo que dificulta aún más la experiencia de viaje.
Ante esta problemática, los ciudadanos han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, incluyendo el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil y la Defensoría del Consumidor, para que tomen cartas en el asunto y sancionen los abusos perpetrados por los conductores de la ruta 41. -A y otras líneas de transporte en Soyapango. La población espera una pronta respuesta que garantice sus derechos y la regulación de tarifas justas en el servicio de transporte público.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
El Instituto Diplomático Doctor José Gustavo Guerrero (IDG) de la Cancillería de la República estableció dos acuerdos que abrirán las puertas a la colaboración y el trabajo conjunto entre este centro y dos casas de estudio de Paraguay.
Precisamente, con la Universidad Americana del Paraguay se firmó un acuerdo para impulsar iniciativas de beneficio recíprocos para la comunidad académica de ambas instituciones.
Este centro de enseñanza superior está enfocado en el desarrollo de las artes, las letras, las ciencias tecnológicas, la investigación científica y la capacitación integral del ser humano.
Sumado a esto, el IDG suscribió un memorándum de entendimiento con la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación suramericana, un instrumento que dará un nuevo impulso que robustece sus capacidades y contribuye a la formación continua y profesionalización del talento humano de ambas cancillerías.
«Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones», señaló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira.
