Nacionales
Denuncian abusos en el cobro del pasaje en la ruta 41-A de Soyapango
Los habitantes de la colonia San José, en el distrito de Soyapango, han alzado la voz contra los conductores de la ruta 41-A, quienes, según denuncias ciudadanas, están realizando cobros excesivos por el pasaje en su recorrido hacia el Centro de San Salvador. . Este incremento, calificado de ilegal por los afectados, ha generado un clima de descontento entre los usuarios del transporte público.
De acuerdo con las quejas, los conductores han justificado el aumento en el costo del pasaje argumentando que, al trabajar después de las 8:00 de la noche, deben cobrar una tarifa adicional. Este incremento oscila entre $0.25 y $0.50, y según la hora, podría llegar hasta los $0.75 o incluso $1.00, lo que resulta inaceptable para muchos pasajeros.
Los usuarios que se atreven a cuestionar este cobro desmedido enfrentan consecuencias inmediatas, ya que son forzados a descender de las unidades, quedando a merced de la noche en medio de la vía. Esta situación ha generado un clima de temor y vulnerabilidad entre quienes dependen del transporte público para regresar a sus hogares.
Además de los abusos en la tarifa, los pasajeros también deben soportar el estruendo de las bocinas de los vehículos, así como la música agropecuaria que los conductores suelen reproducir, lo que dificulta aún más la experiencia de viaje.
Ante esta problemática, los ciudadanos han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, incluyendo el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil y la Defensoría del Consumidor, para que tomen cartas en el asunto y sancionen los abusos perpetrados por los conductores de la ruta 41. -A y otras líneas de transporte en Soyapango. La población espera una pronta respuesta que garantice sus derechos y la regulación de tarifas justas en el servicio de transporte público.
El Gobierno de El Salvador implementará un amplio dispositivo de seguridad y logística para el desarrollo del IRONMAN 70.3 San Salvador, que incluirá el despliegue de casi 4,000 elementos de distintas instituciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, el orden vial y el normal desarrollo de la competencia.
El titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, destacó que el evento representa un hito para el país, tanto a nivel deportivo como turístico.
«Esta es una competencia sumamente grande, es la primera vez que se desarrolla en el país. Son las condiciones de seguridad las que han permitido que se realice acá», expresó el funcionario en la entrevista que brindó a Radio YSKL.
Según Reyes, el dispositivo estará integrado por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, gestores de tránsito y otras instituciones de apoyo.
«Son casi 4 mil elementos los que se van a desplegar para el evento. Colaborarán 2,000 efectivos de la Fuerza Armada, 1,000 de la PNC, y todo el equipo de gestores del Viceministerio de Transporte, y otras instituciones», detalló.
El funcionario detalló que la competencia iniciará en el lago de Ilopango con la etapa de natación. Posteriormente, los participantes realizarán la transición hacia el ciclismo, recorriendo el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta Cojutepeque.
El evento finalizará en el Centro Histórico de San Salvador.
Las autoridades señalaron que la competencia también tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía nacional, debido a la llegada de atletas y visitantes extranjeros.
«Los participantes vienen de otros países no solo a la competencia, sino también a generar turismo que le hace bien a nuestro país, porque genera dinamización», afirmó Reyes.
El IRONMAN 70.3 San Salvador posiciona a El Salvador como sede de eventos deportivos internacionales. El evento deportivo será el próximo domingo 22 de febrero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reestructurado su operatividad institucional de cara a las elecciones de presidente de la república, diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2027.
Para tal efecto, el organismo colegiado ha creado 10 comisiones multidisciplinarias de trabajo que desarrollan funciones administrativas, operativas, logísticas, jurídicas y de planeación, según se detalla en la memoria de labores 2024-2025.
Como parte de los grupos de trabajo está la Comisión de Seguimiento I del Plan General de Elecciones [PLAGEL] 2027, cuya función es la de «dar seguimiento a la elaboración de los programas en el ámbito de sufragio en el territorio nacional y sufragio en el extranjero».
Estos programas incluyen la elaboración del Plan General de Seguridad Electoral, la inclusión e igualdad electoral, el cierre del registro electoral y generación de padrones, información y atención de consulta ciudadana, capacitación electoral, organización y logística electoral, soporte de escrutinio de la Junta Receptora de Voto (JRV).
También incluye la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares [Sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares] y escrutinio final.
Esta comisión es integrada por Roxana Soriano, presidenta del TSE, una magistrada propietaria y dos suplentes.
La obligatoriedad de crear e integrar estas comisiones está normado en el artículo 50 del Código Electoral, para los fines que la institución designe, es decir, administrativo, operativo, logístico, jurídico y de planeación, «conforme sea requerido para la óptima gestión de la administración pública».
En lo relativo siempre a las elecciones, fue creada la Comisión de Seguimiento II y III del PLAGEL y la Comisión Organizadora de este plan, entre otras.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
