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DENUNCIA CIUDADANA: Habitantes de San Juan Opico descontentos con municipalidad tras poner en riesgo la seguridad, limpieza y ornamentación
Los habitantes de dos importantes colonias privadas del municipio de San Juan Opico, están descontentos con la municipalidad debido a una ordenanza, que según ellos, pone en riesgo la seguridad, limpieza y ornamentación de dichos complejos habitacionales.
Este es el comunicado divulgado en redes sociales:
PRONUNCIAMIENTO DE LOS RESIDENTES DE CIUDAD VERSAILLES Y CIUDAD MARSELLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, A LA OPINIÓN PÚBLICA Y AUTORIDADES EXPONEMOS:
- Que hemos sido informados por parte de la empresa prestadora de servicios, que en los próximos días dejarán de prestar el servicio de jardinería, ornato y mantenimiento de áreas verdes y recreativas dentro del complejo habitacional.
- Que dicha disposición obedece al cumplimiento de una Ordenanza Municipal, aprobada en el mes de noviembre de 2021, por el Concejo municipal de San Juan Opico.
- Que rechazamos rotundamente dicha Ordenanza, porque estamos seguros que esta afectará considerablemente nuestro ambiente residencial, en su ornamentación y mantenimientos de parques y áreas verdes recreativas.
- Que cuando decidimos adquirir y vivir en estos complejo residenciales, lo hicimos atraídos por la belleza ornamental, bello paisajismo, espacios recreativos y altos estándares de limpieza de estos, que la compañía ofrece y garantiza y de lo cual hasta ahora nos sentimos altamente complacidos.
- Que el valor que nos cobran mensualmente por este servicio, lo pagamos con gusto y está contemplado y aceptado por nosotros, desde que firmamos contrato.
- Que como residentes de estas residenciales, nos preocupa grandemente que la municipalidad tome estos servicios, ya que por experiencia se sabe que las alcaldías, por falta de fondos y personal, inexperiencia y muchas veces por desconocimiento, no pueden absorber este tipo de actividades que hoy en día realiza de forma impecable, la compañía contratada para dichos servicios.
- Tememos que el ambiente agradable, los espacios recreativos, la impecable limpieza y la bella ornamentación de estos, que caracteriza a nuestras residenciales se pueda perder y convertirse en colonias sucias y abandonadas, lo cual sería un pésimo retroceso a nuestra calidad de vida e iría en detrimento de nuestra salud mental e impactaría incluso en el status y plusvalía de nuestras viviendas.
Por lo anterior pedimos con todo respeto:
Al señor alcalde municipal, Roberto Alas y su concejo, considerar nuestro planteamiento y derogar esa ordenanza inconsulta, que aparte de afectar a los residentes, se vuelve impopular.
Al honorable Presidente de la República, Nayib Bukele, a estar vigilante de las decisiones de las alcaldías, que no coinciden con la política del actual gobierno de elevar el nivel de vida de los salvadoreños.
Confiamos en Dios y en nuestras autoridades que este llamado será atendido con seriedad y responsabilidad.
San Juan Opico, La Libertad, Enero 2022
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
