Nacionales
Defensoría ha detectado 165 casos de incumplimientos en precios de venta y cantidades de combustible
Este viernes 16 de septiembre, la Defensoría del Consumidor realizó inspección de precios de combustibles en la estación de servicio DLC Altos de la Escalón, en San Salvador, como parte de las 11 medidas anti inflación del Gobierno del presidente Nayib Bukele para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
Hasta el momento se han detectado 165 casos de incumplimientos que ya están siendo tramitados por el Ministerio de Economía por incumplimientos del precio de venta de combustibles y cantidades inexactas. Estos proveedores y comercializadoras cuentan con procesos sancionatorios vigentes, según indicó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
«Esta es una medida en la cual estamos como institución junto con otras entidades del estado, como es el Ministerio de Economía, a través de su dirección de hidrocarburos y minas, y el Ministerio de Hacienda, realizando esfuerzos de cara a beneficiar el bolsillo de los salvadoreños mediante un importante subsidio por galón (de combustible)», destacó el funcionario.
El presidente de la Defensoría indicó que, en su momento, serán emitidas las multas impuestas en los casos de incumplimientos, ya que los procesos sancionatorios tienden a llevar mucho tiempo de investigación.
«Tenemos los precios del combustible y del GLP más bajos de la región, y esto no es el producto de la casualidad sino de medidas tomadas de manera anticipada y responsable por parte de nuestro Gobierno, y que han tenido un beneficio en general», concluyó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
El Gabinete Económico ha realizado más de 35,500 verificaciones en todo el territorio salvadoreño, entre las cuales se incluyen las inspecciones a productos derivados del petróleo a estaciones de servicio y plantas envasadoras de gas licuado.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
